La política de reubicación de 3.2 millones de niños de escuelas rurales en localidades dispersas y con los resultados más desfavorables va en sentido contrario de la observación hecha a la distribución del presupuesto. La visión de esta política es crear un ambiente en donde se generen condiciones óptimas para el aprendizaje, con infraestructura y maestros de calidad, a la vez que se ejerza un gasto más eficiente. Sin embargo, se está generando una tendencia a la segregación.
La doctora Mercedes Ruiz y el doctor Leo Oliver, académicos del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, quienes participan en el proyecto La reforma educativa en el marco del derecho a la educación, comparten un análisis sobre algunos de los retos que habrán de enfrentarse en materia educativa a lo largo de 2017:
De acuerdo con los expertos de la IBERO, un aspecto central es el financiamiento a la educación, ya que involucra el cumplimiento del derecho a la educación (gratuidad, obligatoriedad, exigibilidad y justiciabilidad). El presupuesto destinado a educación en 2017 será de 31 mil 600 millones de pesos, menos de lo que se contó en este año, lo que deja una cantidad de 265 mil 704 millones de pesos, es decir, 4 por ciento menos que en 2016. Sin embargo, esta desagregación del presupuesto que se avecina permite dimensionar las prioridades en el gasto. El rubro “erogaciones para el desarrollo de los jóvenes” es el que concentra la mayor cantidad del presupuesto, con 204 mil 405 millones de pesos, y en él se encuentran los programas que integran los niveles del sistema educativo formal, desde el nivel básico hasta el posgrado. En cambio, el rubro para la “atención a grupos vulnerables” concentra la menor cantidad, con mil 392 millones de pesos, aquí se encuentran Programas Nacionales como el de Becas y de Convivencia Escolar y el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Por su parte, el programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior recibirá mil 123 millones de pesos. Esto nos indica que hay una necesidad de diluir paulatinamente el carácter compensatorio de la educación para la población vulnerable y de incrementar los esfuerzos de integración de la población joven y excluida del sistema educativo.
Relacionado con lo anterior, la política de reubicación de 3.2 millones de niños de escuelas rurales en localidades dispersas y con los resultados más desfavorables va en sentido contrario de la observación hecha a la distribución del presupuesto. La visión de esta política es crear un ambiente en donde se generen condiciones óptimas para el aprendizaje, con infraestructura y maestros de calidad, a la vez que se ejerza un gasto más eficiente. Sin embargo, se está generando una tendencia a la segregación. Lejos de crear modalidades diferenciadas es necesario promover una nivelación entre los distintos contextos, de lo contrario se acentuará el carácter compensatorio de la escuela rural, como ocurre con el rubro de las poblaciones vulnerables.
Esto lleva a plantear los aportes que la ciudadanía puede hacer, no sólo en el ámbito urbano sino también en el rural. La educación en la escuela se complementa con el entorno social, en ese sentido, la apropiación del espacio público con fines recreativos e integradores del tejido social resulta crucial para la formación integral de los niños y jóvenes, en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. En lo que respecta al ámbito escolar, se vuelve apremiante construir espacios de participación de los docentes y actores vinculados con la educación en la toma de decisiones. No obstante, la autonomía de gestión se concentra en soluciones procedimentales, que dependen fundamentalmente del gasto que los municipios destinen, por lo que se requiere articular los espacios escolares con los comunitarios.
Se requiere de la participación de los docentes y de la comunidad en la toma de decisiones en el nuevo modelo educativo, vasto en principios, pero desprovisto de la ruta operativa para cumplirlos, con una concepción de un sujeto cosmopolita que habla inglés, que usa las TIC, etc. Sin embargo, el estancamiento de 10 años observado en los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés) en su edición 2015, desdibujan el imaginario que se viene construyendo sobre ese sujeto cosmopolita, que en el caso de México se sitúa 70 puntos por debajo de la media de la OCDE, que es de 493. Una conclusión se deriva de este resultado y es que de nada sirve evaluar si los resultados no se usan para generar un cambio. Por otro lado, si bien la evaluación se ha logrado incorporar en las mentalidades de los docentes y en la dinámica de las escuelas, se requieren prácticas de evaluación más colaborativas y contextuales, entre pares y entre una escuela y otra. Esto también nos obliga a mirar más allá de PISA y crear indicadores más pertinentes a nuestra realidad histórica y heterogénea culturalmente.
Aquí cabe preguntarse por el papel que la investigación ha estado haciendo para aportar soluciones. Díaz Barriga ha señalado que hay una omisión de la investigación educativa en la planificación, lo cual se revela en la elaboración del modelo educativo propuesto por la SEP. Por lo tanto, hacia 2017 se requiere de una participación más activa de la academia. Un ámbito donde se puede contribuir es en la interacción con las escuelas, aportando conocimiento a la sociedad sobre lo que ocurre en ellas, a la vez que les devuelva una mirada sobre sí mismas. En este proceso se crea una interacción que contribuye a la generación de redes en las que se comparten experiencias. Para este propósito la propia academia requiere ampliar sus alcances y su actividad política. Si bien el magisterio organizado ya se ha pronunciado por la necesidad de ser tomados en cuenta en la elaboración de las reformas, la suma de otras voces en dicha demanda contribuye indefectiblemente a la tarea por la democratización de la educación pública.
