Ciudad de México | Desinformémonos. La respuesta de la presidencia de México ante la revelación de los actos de espionaje contra periodistas y activistas “es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos”, acusaron más de 200 organizaciones civiles.
“Existen pruebas de que la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -y otras dependencias- cuentan con estas herramientas de espionaje”, agregaron.
Aseguraron que el espionaje en México se ha convertido en un “mecanismo efectivo de intimidación” contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, y que constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder.
Las organizaciones firmantes de un posicionamiento contra las recientes declaraciones sobre el espionaje en México criticaron “este nuevo ataque” contra los miembros de la sociedad civil, y exigieron rendición de cuentas del gobierno mexicano a través del esclarecimiento de todos los casos relacionados y con declaraciones transparentes sobre los motivos por los que el gobierno acudió al espionaje como método de control, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, “han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales”.
“Ante los hechos revelados en esta nueva investigación (realizada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y organizaciones como Artículo 19), el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos”.
“No podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”, indicaron.
Por otro lado, demandaron reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.
