Ciudad de México | Desinformémonos. El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron que un grupo de periodistas que cubre el recorrido de su vocera Marichuy, fue interceptado y arrinconado por el crimen organizado en Michoacán, quien obligó a los comunicadores a entregarles cámaras y teléfonos celulares. La red de pueblos indígenas responsabilizó del ataque “a los tres niveles de gobierno, al federal representado por Enrique Peña Nieto; al estatal representado por Silvano Aureoles Conejo, y al municipal”.
El Concejo Indígena, órgano colegiado compuesto por representantes de los pueblos originarios del país que desde octubre pasado recorren los territorios de las comunidades indígenas, responsabilizó también al gobierno “de las posibles agresiones que puedan sufrir las comunidades y pueblos del CNI, la Caravana del CIG, y periodistas que dan cobertura a su caminar, debido a que durante el recorrido por las comunidades de los pueblos originarios nos hemos cimbrado al escuchar los dolores causados por el crimen organizado en contubernio con los malos gobiernos”.
El ataque a los periodistas se dio cuando la caravana salía de un acto celebrado en la comunidad nahua de Ostula y “se dirigía a Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio de Tepalcatepec, ya fuera del territorio bajo resguardo de la Guardia Comunal de Ostula y los grupos de Autodefensa que se articulan con ella”. El último vehículo de la caravana, en el que viajaban los periodistas independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez, quienes, informa el CIG, han cubierto desde un inicio el recorrido del CIG y su vocera, “fue interceptado y arrinconado por una camioneta HONDA CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a los compañeros Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente”.
El CIG y el CNI reconocieron el trabajo de los periodistas independientes, en particular los que acompañan a la caravana, “ya que han sido fundamentales para visibilizar nuestro caminar y nuestros dolores”. Advirtieron que “ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo”, ya que 40 periodistas han sido asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Como Congreso Nacional Indígena nos indigna esta guerra contra la palabra, herramienta fundamental para la organización de los pueblos. Nos solidarizamos con los y las compañeras que realizan su oficio y defienden las libertades de expresión y prensa”, señalaron en un comunicado difundido esta mañana.
La comunidad de Ostula, localizada en la costa Pacífico de Michoacán, donde Maríchuy y el CIG celebraron un acto político por la mañana del domingo, se ha organizado precisamente para detener la ola del crimen organizado, que saqueaba las maderas preciosas y minerales dentro del territorio indígena. “Durante el festivo y multitudinario encuentro nos dimos cuenta de que Ostula es una comunidad libre, segura, donde la policía comunitaria cuida al pueblo, creciendo la resistencia en contra del despojo capitalista”, señalaron el CNI y el CIG.
El próximo miércoles 24 de enero la vocera Marichuy estará de vuelta en la Ciudad de México, en una actividad pública en el Hemiciclo a Juárez, a las 18 horas.
El reciente ataque, indicaron, se llevó a cabo “en un territorio controlado por el crimen organizado, en el contexto de una guerra capitalista generalizada en el estado de Michoacán y en varios estados del territorio nacional en complicidad con el mal gobierno. Sabemos que la intención del crimen organizado en contubernio con el gobierno es crear un clima de miedo y terror”.
