Foto tomada de Revista Espejo

El norte de Sinaloa, durante milenios, ha sido el hogar de la nación indígena Mayo-yolem’mem. Actualmente los mayos habitan los municipios de Angostura, Sinaloa de Leyva, Guasave, Choix, El Fuerte y Ahome. A esta última municipalidad pertenece el puerto comercial de Topolobampo, fundado como colonia socialista utópica por Albert Kimsey Owen el 17 de noviembre de 1886. Hoy el puerto cumple un importantísimo papel económico para la región: enormes y constantes flujos de mercancías son despachados a través de él vía marítima, terrestre y aérea hacia diversos destinos en América y Asia.

Empero, la relevancia de Topolobampo va mucho más allá de lo meramente económico. Su ubicación geográfica lo sitúa en el corazón del humedal de importancia internacional conformado por el sistema lagunar Topolobampo – Ohuira – Santa María, designado como tal por la Convención Ramsar el 2 de febrero del año 2009.

Dicha Convención, es un tratado intergubernamental formulado en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971, el cual entra en vigor para distintos países en 1975; plantea un marco legal internacional destinado a la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.

La adhesión de México a esta Convención es aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 20 de diciembre de 1984, publicándose en el Diario Oficial de la Federación los días 24 de enero y 18 de julio del año 1985. El instrumento fue firmado por el Presidente Miguel de la Madrid el 23 de julio de 1985 y entra en vigor oficialmente el 4 de noviembre de 1986.

Ahora bien, contiguo al puerto de Topolobampo se encuentran además dos importantes “ramadones” o, como se les conoce institucionalmente, “centros ceremoniales” yoreme-mayo, ubicados en las poblaciones de Lázaro Cárdenas y Ohuira.

La institucionalización de los “centros ceremoniales” se dio durante los años 70’s, en el sexenio de Luis Echeverría, a la par de la formulación de la figura de los “cobanaros” o gobernadores tradicionales, así como la conformación de los Consejos Supremos Indígenas. Inicialmente existieron 19 centros ceremoniales de comunidades yoreme-mayo en el norte de Sinaloa: Bacorehuis, El Colorado, La Florida, Lázaro Cárdenas, Ohuira y San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome; Capomos, Charay, Jahuara II, Mochicahui, El Ranchito de Teputcahui, Sibirijoa y Tehueco, en El Fuerte; Baca, Baimena y Huites, en Choix; Juan José Ríos en el municipio de Guasave; San Luciano en el de Angostura; y finalmente La Playa, en Sinaloa de Leyva. A cada centro ceremonial le correspondió, formalmente, un gobernador tradicional o cobanaro.

A principios de la década de 1990 el gobierno del Estado de Sinaloa comenzó a interferir aun más en la forma de organización de los pueblos y comunidades indígenas, incorporándolas en torno al Consejo de Cobanaros, proporcionando cifras monetarias mensuales a gobernadores tradicionales, así como recursos adicionales destinados a realizar pagos de locales de oficinas de gestoría, de personal administrativo, de abogados, y de alimentación.

Ulteriormente, el gobierno de Sinaloa fragmenta el mencionado Consejo haciendo aparecer Coordinaciones Municipales, alentando el surgimiento de nuevos liderazgos, mismos que no siempre tenían suficiente legitimidad. Durante los siguientes años, y con el objetivo de continuar la división de las comunidades, el Estado incentiva también la creación de nuevos centros ceremoniales. Actualmente se ha llegado a 31.

En este escenario de división interna de las comunidades yoreme-mayo es que llega, en 2013, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) a Topolobampo, iniciando la construcción de una planta de amoniaco, la cual, a su vez, es solo la primera etapa de un megaproyecto que consiste en un enorme complejo petroquímico que producirá además enormes cantidades de metanol. No obstante, la planta no ha podido iniciar su producción debido a distintos amparos que han interpuesto tanto pueblos indígenas como grupos ambientalistas de la región.

Una vez que arranque el proyecto tiene previsto generar 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco diariamente; 770 mil toneladas al año. En caso de fuga, la misma GPO reconoce que los efectos mortales podrán llegar a afectar hasta un radio de 15 kilómetros: el golpe contaminante impactará inmediatamente a los poblados de Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Paredones, Ohuira y al atractivo turístico de El Maviri. Poniendo en riesgo el humedal de importancia internacional Topolobampo – Ohuira – Santa María.

GPO es subsidiaria de la transnacional suiza “Holding” y la alemana “Proman”. Desde su llegada ha sido decididamente apoyada por personajes de la política sinaloense como los exgobernadores Francisco Labastida Ochoa y Mario López Valdez, así como por el ex secretario de gobierno de este último, Gerardo Vargas Landeros. Para lograr anuencia hacia la planta, GPO también ha llevado a cabo prácticas clientelares a las que se refiere en su sitio web como “ayuda humanitaria”.

A partir de 2017 representantes de la transnacional logran reunirse con algunos cobanaros. Producto de dichas pláticas es que Librado Bacasegua Elenes, Cobanaro del centro ceremonial Lázaro Cárdenas, Ahome, y Coordinador del Consejo Supremo de Gobernadores de Sinaloa, doblega su voluntad opositora al proyecto y, en 2018, sin consultar a concejales o integrantes de su pueblo, termina desistiendo de un amparo que su propia comunidad presentó por su conducto en contra de la implementación de la planta.

Frente a estas situaciones la resistencia indígena y popular ha emprendido nuevos recursos legales. Por su parte GPO y agroempresarios afines han intensificado una campaña mediática, principalmente en Tv Azteca, para crear en el imaginario colectivo sinaloense la representación de que los opositores al megaproyecto son partidarios del atraso económico de la región. En dicha campaña, por supuesto, se omite mencionar la Convención Ramsar que protege al humedal, así como las nocivas prácticas clientelares que la transnacional ha llevado a cabo para concretar sus aspiraciones, las cuales han diluido la cohesión social de las comunidades yoreme-mayo del norte de Sinaloa.

Durante las últimas semanas, las situaciones en torno a este problema se han tensado, llegando incluso a episodios de violencia. Frente a la presión de opositores, el 23 de noviembre el gobernador Quirino Ordaz Coppel tuvo que reunirse con representantes de los pueblos mayos. La reunión se dio en el pueblo de Ohuira, Ahome, donde Quirino fue recibido con consignas de rechazo hacia la planta. Al concluir el evento se planteó el desconocimiento del mencionado Librado Bacasegua y la destitución del Comisionado para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, Rosario Peñuelas… la resistencia yoreme-mayo contra el megaproyecto petroquímico de GPO, continúa.