Como si se tratara de las piezas de un rompecabezas, la doctora en geografía Jennifer Devine y su equipo analizaron cada una de las 4 500 fotografías de tres áreas de la Reserva de la Biósfera Maya. La observación minuciosa de esas imágenes, además de un intenso trabajo de investigación en campo, les permitió construir un mapa de la deforestación en esa zona, pero sobre todo, identificar el papel que juega la ganadería ilegal extensiva en la pérdida de una de las últimas selvas de Centroamérica.
El análisis que realizó el equipo encabezado por la doctora Jennifer Devine, investigadora del departamento de geografía de la Universidad Estatal de Texas, calcula que la ganadería ilegal extensiva, actividad vinculada con grupos ligados al tráfico de drogas, es responsable del 59% y hasta el 87% de la deforestación de tres áreas de la Reserva de la Biósfera Maya.
“Los traficantes de drogas deforestan el área protegida para la ganadería, actividad que sirve como mecanismo para lavado de dinero, contrabando de drogas y control del territorio”, se señala en el artículo Tráfico de drogas, ganadería, uso de la tierra y cambio en la cobertura de la Reserva de la Biósfera Maya, publicado en el número de junio de la revista Land Use Policy, y cuyos autores son Jennifer A. Devine, Nathan Currit, Yunuen Reygadas, Louise I. Liller y Gabrielle Allen.
El estudio también menciona que hay alternativas para enfrentar la deforestación y degradación en esta área natural protegida. Una de ellas, resaltan, es impulsar y extender el modelo del manejo forestal comunitario que hoy se desarrolla en 500 000 hectáreas de la zona oriental de la Reserva.
La Reserva de la Biósfera Maya se extiende a lo largo de 21 602 kilómetros; una extensión que representa el 20% de la superficie de Guatemala. En 1990, el gobierno del país centroamericano creó esta área natural protegida como una estrategia para conservar buena parte de la selva maya.
Dentro de la Reserva, en la parte occidental, también se crearon los Parques Nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón. En ambos está prohibido, en teoría, cualquier cambio de uso de suelo, así como realizar actividades como la ganadería. Fotografías aéreas muestran que la realidad es otra. Como si se tratara de invasión de langostas que arrasa todo a su paso, la deforestación va ganando terreno en los dos parques nacionales.
En entrevista con Mongabay Latam, la doctora Devine explica que para su estudio se seleccionaron tres lugares que están dentro de la Reserva: los parques de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, así como la zona de uso múltiple.
En los sitios seleccionados se tomaron alrededor de 1500 fotografías desde una avioneta; en total se recopilaron alrededor de 4 500 imágenes captadas durante 2015.
“Buscamos cuantificar la contribución de la ganadería ilegal en la deforestación de la Reserva”, explica la doctora en geografía, quien desde 2009 realiza estudios en el área; incluso vivió durante dos años en la zona.
Un factor que se tomó en cuenta en el estudio —explica Devine— es que dentro de los parques Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón viven cerca de 15 000 personas en asentamientos irregulares. Si bien los campesinos han abierto áreas para desarrollar cultivo y ganadería de sustento, la investigadora resalta que no son ellos los principales responsables de la deforestación en el lugar.
“Toda la ganadería en la Reserva es ilegal —aclara Devine—, pero es importante hacer la diferencia entre los campesinos que no tienen vínculos con el narcocapital y los ranchos donde solo miras grandes extensiones de pasto. La mayoría de la ganadería extensiva está vinculada al crimen organizado”.
Y es por ello que la investigación se centró en identificar la deforestación provocada por la ganadería ilegal en grandes extensiones.
Fue así que, a partir del análisis de las fotografías y entrevistas en campo, los investigadores concluyeron que la ganadería de grandes extensiones es responsable del 87% de la deforestación en el Parque Nacional Laguna del Tigre y del 67% en el Parque Nacional Sierra del Lacandón.
Por lo menos desde hace un par de años, investigaciones periodísticas y estudios científicos han alertado sobre los efectos de la narcoganadería en los bosques de América central, sobre todo en países como Nicaragua, Panamá y en la frontera que comparten México y Guatemala.
Laguna del Tigre, el corazón de la deforestación
En el Parque Nacional Laguna del Tigre, el cual ocupa un área de 337 889 hectáreas y es el más grande de Guatemala, las fotografías analizadas mostraron que 87% de las tierras deforestadas se transformaron en campos donde solo crece pasto. “Esta es el área más fuerte de la ganadería ilegal de gran escala. Es donde este fenómeno comenzó. Es su corazón”, resalta la doctora.
Hay una imagen que ilustra lo que dice la investigadora. Cuando se entra al Parque Nacional Laguna del Tigre, lo primero que se mira es una gran finca ganadera.
En el Parque Nacional Sierra del Lacandón, que ocupa 202 865 hectáreas, el análisis de las fotografías mostró que 67% de la deforestación fue provocada por la ganadería extensiva; mientras que 27% fue para transformar el lugar en campos de cultivo; en el 7% de las imágenes analizadas no fue posible determinar el uso de suelo.
“En Sierra del Lacandón estamos viendo muchos cambios del uso de suelo. Ahí es donde se mira la frontera de la deforestación provocada por la ganadería ilegal”, resalta Devine.
Para la doctora en Geografía, el avance de la deforestación en lugares como Laguna del Tigre, muestra que estas zonas se han transformado en “territorios de impunidad”, donde los grupos criminales utilizan la ganadería ilegal para lavado de dinero.
En el estudio se menciona que la laxa regulación en la compra, venta y movimiento de ganado en América central hace que la ganadería sea “una estrategia ideal para lavar dinero del narcotráfico”.
Jennifer Devine estima que entre el 40 y 60% de la ganadería ilegal en la Reserva de la Biósfera Maya tiene como objetivo el lavado de dinero. “Nos encontramos grandes extensiones de tierra con pasto, en donde no hay ganado. Esas fincas están vinculadas al narcocapital”.
Después de que se tomaron las fotografías para la investigación, en el Parque Laguna del Tigre se han registrado incendios, la mayoría de ellos provocados por “ganaderos narcocapitalizados y los especuladores de tierras”, se señala en el estudio.
En 1990, cuando se estableció la Reserva de la Biósfera Maya, el gobierno guatemalteco decidió que las zonas donde se encuentran Laguna del Tigre y la Sierra del Lacandón se declararían Parques Nacionales para así conservar estas áreas consideradas como las más sensibles. Es por ello que ahí se prohibió todo tipo de actividad.
En ese entonces, además, otra parte de la Reserva se clasificó como zona de usos múltiples. Esta fue la tercera área que analizó el estudio encabezado por la doctora Jennifer Devine. Ahí se encontró que la ganadería ilegal extensiva ha provocado 59% de la deforestación.
Tanto en esta zona de usos múltiples pero sobre todo en los parques nacionales, los investigadores detectaron otro fenómeno que amenaza a la selva maya: la especulación de tierras.
“Hay un mercado negro de tierras. Incluso encontramos anuncios donde se pone a la venta tierras deforestadas, con pista de aterrizaje y que se encuentran en la frontera con México”, explica Devine.
Mongabay Latam solicitó una entrevista a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala sobre el avance de la ganadería ilegal en la Reserva de la Biósfera Maya. La dependencia mandó por escrito las respuestas a varias preguntas. En ellas se afirma que 72% de la superficie de la Reserva «se mantiene relativamente bien conservada, a pesar de las múltiples amenazas enfrentadas desde su creación».
La CONAP reconoce que, en términos de gobernabilidad, “la zona más compleja sigue siendo el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotipo Protegido Río Escondido-Laguna del Tigre”. En la última evaluación que la dependencia realizó sobre el asunto —que data de 2017—, se documenta que en esos dos lugares ocurrió “el 29% de la pérdida bruta de bosque, superado únicamente por la Zona de Amortiguamiento, que registró el 37% de la pérdida brutal total de la Reserva».
El Parque Nacional Sierra de Lacandón, en donde se mantiene un 63% de su área total como bosque, “también sigue enfrentando diversas amenazas», señala la CONAP.
Sobre qué acciones realiza la CONAP para combatir la ganadería ilegal y el avance de la deforestación en la zona, la dependencia señaló que se han establecido Centros de Operaciones Institucionales y Puestos de Control en diferentes puntos, «desde donde se controla para evitar la expansión agropecuaria».
Además, se asegura que el año pasado se hicieron casi 300 patrullajes y operativos, se capturaron a más de 40 personas y se presentaron 70 denuncias judiciales. «Actualmente existen más de ocho procesos judiciales entre los cuales hay órdenes de desalojos pendientes de ejecutar dentro de la Reserva de la Biósfera Maya».
Un muro contra la deforestación
Los investigadores que realizaron el estudio no solo ponen sobre la mesa la dimensión de la ganadería ilegal en la Reserva de la Biósfera de Guatemala. También resaltan que existen alternativas para abordar este problema, soluciones que han mostrado su eficacia y son reconocidas a nivel internacional. Una de ellas es el modelo de concesiones forestales comunitarias.
Ese modelo se desarrolla, desde 1994, en 500 000 hectáreas de la parte oriental de la Reserva de la Biósfera Maya, dentro de la zona de usos múltiples.
Durante dos décadas y media, las comunidades que tienen las concesiones forestales han demostrado que es posible aprovechar en forma sostenible la selva, generar empleos y conservar la biodiversidad. Eso ha sido reconocido por diversos actores internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
En su más reciente informe, El Estado de los Bosques del Mundo 2020, la FAO resalta el modelo de las concesiones forestales comunitarias que existen en la Reserva, como una estrategia para detener la pérdida de superficie forestal y biodiversidad.
En la entrevista, la doctora Devine explica en el área concesionada a las comunidades, la deforestación es casi del cero por ciento; mientras que en lugares como Laguna del Tigre es del 30%. Esos porcentajes muestran lo que la investigadora llama la paradoja de la conservación: “¿Cómo es que las áreas que deberían estar mejor conservadas son las más deforestadas?”
Para los investigadores que realizaron el estudio, el problema de deforestación y degradación de los parques nacionales Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón no se solucionaría desalojando a los cerca de 15 mil campesinos que viven en asentamientos irregulares.
“Criminalizar a los más pobres no es la solución”, insiste Devine. El camino, resalta, es combatir el narcocapital. Pero también impulsar el desarrollo del modelo forestal comunitario en otras áreas de la Reserva.
En el estudio se remarca que “la gestión comunitaria de las tierras y los recursos, como lo que se realiza con las concesiones forestales de Petén, han demostrado ser un freno a la deforestación y el avance de los grupos del narcotráfico”.
Presiones contra un modelo exitoso
Haber desarrollado un modelo exitoso de conservación de la biodiversidad, que permite generar beneficios sociales, ambientales y económicos, no ha sido un blindaje suficiente para la comunidades que tienen las concesiones forestales. Su apuesta enfrenta hoy varios desafíos y presiones.
En los próximos meses, varias de las concesiones comunitarias deberán comenzar sus procesos de renovación por 25 años más. Ese es solo uno de los retos: garantizar la continuidad del modelo.
Erick Cuellar, subdirector de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), explica que la conservación de la selva es cada vez más compleja, sobre todo ante las amenazas que hay en la Reserva, entre ellas “el avance de la ganadería extensiva y los monocultivos, como la palma de aceite”. Estos últimos presentes, sobre todo, alrededor del Parque Nacional Sierra del Lacandón.
Cuellar explica que en los últimos diez años, Guatemala ha registrado “un debilitamiento institucional muy marcado […] Eso ha facilitado que grupos de poder que existen en la Reserva, sobre todo en la zona norte, promuevan actividades ilícitas, como la ganadería ilegal extensiva”. Y eso, como consecuencia, ha hecho aún más difícil y riesgoso la defensa del medio ambiente y el territorio.
En 2010, David Salguero, presidente de la Comisión de vigilancia de Cruce la Colorada, fue asesinado. Le dispararon frente a su oficina, días después de que enfrentó a narcoganaderos que comenzaban a deforestar la zona.
En 2016, Walter Méndez, quien fue presidente de la Cooperativa La Lucha y miembro de la junta directiva de ACOFOP, fue asesinado al salir de su casa; él denunciaba la expansión del cultivo de la palma de aceite y la especulación de tierras.
Además de la presencia de la ganadería ilegal extensiva y los monocultivos, las comunidades que tienen las concesiones forestales se enfrentan a grupos empresariales, nacionales e internacionales, que han intentado desarrollar proyectos de exploración petrolera y turísticos en la zona de Petén.
Uno de esos proyectos lo impulsa el arqueólogo estadounidense Richard Hansen, quien tiene una campaña para crear un desarrollo turístico en torno al sitio arqueológico conocido como El Mirador.
Ante este panorama, la investigadora de la Universidad Estatal de Texas, Jennifer Devine, resalta que es vital que se impulse, fortalezca y extienda el modelo de concesiones forestales comunitarias. Un ejemplo mundial de conservación de la biodiversidad que hoy “está en peligro ante intereses que tienen detrás millones de dólares”.
Publicado originalmente en Mongabay Latam
