En 2021, el Presidente López Obrador publicó un decreto en el que ordenó crear una Comisión de la Verdad para las graves violaciones a derechos humanos del periodo 1965-1990 (COVEH). El 30 de septiembre pasado, al término del sexenio, concluyó la vigencia del decreto y la existencia de la comisión. Se trató de un episodio más en la larga secuencia de esfuerzos gubernamentales por restañar una herida abierta por masacres, mazmorras en las que se torturó sexualmente a adolescentes, aeronaves militares desde las que campesinos fueron arrojados al océano y desapariciones forzadas que se prolongan hasta nuestros días. Las expectativas eran altas, y no están satisfechas. Sin embargo, en su ocaso, la comisión presidencial consiguió que la Fiscalía General de la República tome el relevo, casi al mismo tiempo que una histórica decisión judicial hace soplar vientos de justicia. 

La COVEH fue una institución compleja, con cinco equipos a cargo de igual número de misiones: la búsqueda de los desaparecidos, la reparación a las víctimas, la promoción de la memoria de las atrocidades, el impulso a la justicia y la reconstrucción histórica. Este último equipo, llamado Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), fue dirigido por personas expertas independientes, que tenían la encomienda de elaborar un informe. 

Las cuatro personas expertas que llegaron al final del proceso presentaron sus productos en dos tantos: Carlos Pérez, Abel Barreda y David Fernández en la forma de la colección “Fue el Estado”, con seis volúmenes; y Eugenia Allier el informe “Verdades innegables”, dividido en cuatro tomos. Es en éste que se tematiza extensamente la desaparición forzada de disidentes políticos, incluido un apartado sobre los vuelos de la muerte. Queda pendiente que su archivo sea de acceso público, a fin de que la sociedad en general pueda acceder no sólo a las conclusiones que alcanzaron, sino también a la materia prima, y sacar las suyas.

La COVEH fue presidida por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), posición ocupada por Alejandro Encinas hasta su renuncia en octubre de 2023, y por Arturo Medina a partir de entonces. El decreto le asignaba a la Comisión la función de integrar y presentar un informe global al Presidente de la República. Esto parece haber tomado la forma de un “Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión”, elaborado por SEGOB, publicado aquí: https://bit.ly/4dusHOc. El 30 de septiembre tres de los expertos cerraron su mandato con un comunicado que cuestiona dicho resumen y hace un balance crítico del cierre de administración que hizo el subsecretario Medina. De cualquier modo, lo más interesante que tiene el “Resumen ejecutivo” es su página final, en la que se enlistan vínculos para descargar los informes finales de los otros cuatro equipos de la COVEH, encargados de la reparación, búsqueda, memoria y justicia. 

Todos los informes finales merecen comentario. El de reparación destaca por la ausencia de las prometidas indemnizaciones, el de memoria por la Ley General de las Memorias y el Centro Nacional de Memoria que se quedaron en proyectos. En el de búsqueda se enlistan decenas de líneas de trabajo truncadas por la reestructura que la administración entrante de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) efectuó en enero. Sin embargo, el informe más significativo es el de Justicia, y no tanto por su contenido sino por su proyección hacia el sexenio que inicia.

El Comité de Impulso a la Justicia de la COVEH original, que se constituyó en enero de 2022, colapsaría un año y medio más tarde, en medio de recriminaciones entre SEGOB y dos de sus tres integrantes, y sin más productos que un documento diagnóstico que puede consultarse como Anexo 9 del Volumen 6 de la Colección “Fue el Estado”. Lo que el “Resumen ejecutivo” recién publicado presenta como informe del Comité de Impulso a la Justicia no tiene nada que ver con esto. Consiste en doce láminas expuestas por Abel Galván, de la Fiscalía General de la República (FGR), en una reunión de agosto pasado celebrada en SEGOB, con familiares de desaparecidos y sobrevivientes. Para quien guste de la experiencia multimedia, puede escucharse al fiscal exponiendo su presentación en una grabación que las víctimas tomaron y difundieron en el número 42 de la revista electrónica Vivir para contarlo, junto con la siguiente fotografía:

Esa presentación de quince minutos del fiscal Galván, aunque modesta en comparación con los miles y miles de páginas de los demás equipos, en realidad dice mucho. La FGR estuvo ausente del proceso de la COVEH hasta enero de 2024, cuando desintegró la oficina que en 2007 había recibido los casos de la derrotada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada por Vicente Fox en 2002 para investigar desapariciones forzadas, masacres estudiantiles y homicidios políticos.

La heredera se llamaba Coordinación General de Investigación (CGI), y no sólo se las arregló, a lo largo de 18 años, para cerrar o dispersar la mayoría de las indagatorias, sino para no ejercer acción penal en ninguna de las que no pudo archivar. Todo esto conforme el paso del tiempo pasaba factura a las víctimas de atrocidades cometidas hace medio siglo, y la muerte sellaba la impunidad de torturadores y asesinos.

La simulación alcanzó su clímax en el sexenio que termina, en el que, por ejemplo, se redujo progresivamente el personal a cargo de las investigaciones hasta llegar, al final de 2023, a un único agente del ministerio público para todas. Una sola persona a cargo de 244 investigaciones. 

Galván comenta al comienzo de su intervención en SEGOB: “en cumplimiento a las instrucciones del Doctor Alejandro Gertz Manero, y en seguimiento a los acuerdos de coordinación, radicamos estos 244 expedientes”. Cinco años caviló el Fiscal General sobre el asunto para finalmente, en diciembre de 2023, llegar a la conclusión de que había que cerrar la CGI, y transferir lo que queda de la herencia de la FEMOSPP al Equipo de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio (EILLDC), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH). 

Se ve que al respecto existieron muchas dudas, pues el artículo 5 del Estatuto Orgánico de la FGR (publicado en junio de 2023) prevé una Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, que nunca se creó. El EILLDC, que tiene la inobjetable ventaja de existir, es dirigido desde su creación, en 2022, por el fiscal Galván, conocido por haber encabezado durante años la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la FGR. 

Abel Galván es un fiscal experimentado que ha sabido ganarse el respeto de muchas familias buscadoras, pero sus prioridades han estado más cerca del trabajo en campo con ellas que de los tribunales. En 2021, el último año completo en que dirigió a la fiscalía federal encargada de investigar desapariciones forzadas, ésta no consignó ninguna de las 740 averiguaciones previas que tenía en trámite, judicializó sólo 6 de sus 947 carpetas de investigación, y obtuvo un total de 0 sentencias en procesos penales abiertos en ese año o en anteriores (11 en total). 

En contraparte, ese año la FEIDDF de Galván ejecutó 75 actos en campo, recuperando cuerpos o restos en 54 ocasiones. Tomó 250 muestras genéticas referenciales, localizó 14 personas con vida y entregó la nada desdeñable cifra de 21 personas fallecidas a sus familias. 

Reencarna veinte años después la FEMOSPP, pero esta vez la justicia es una orden

¿Qué significado tendrá este tardío cambio de rumbo en la FGR? Por lo pronto, toca a este nuevo equipo litigar la revisión del amparo indirecto 565/2018 del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, que ganó titulares de prensa por haber resuelto que los delitos de la contrainsurgencia califican como “Terrorismo de Estado”.

Al frente del Juzgado Noveno se encuentra Karla Macías, “la jueza de hierro”, quien se ganó el apodo por su férrea trayectoria en el combate a la desaparición forzada. En la sentencia, Macías encontró a la FGR responsable de vergonzosas omisiones en la investigación de uno de los casos paradigmáticos de la guerra sucia, el de Rosendo Radilla, detenido-desaparecido en un retén militar en Guerrero desde 1974. Su familia ha agotado, sin excepción, todas las instancias nacionales e internacionales en su exigencia de presentación del desaparecido y castigo a los culpables. No hay a estas alturas un solo organismo que no reconozca la justicia de sus demandas, pero tampoco alguno que haya logrado seguir el rastro de Rosendo, que se pierde en instalaciones militares, o castigado a quienes lo victimizaron.

La jueza explicó en la sentencia, emitida el 16 de agosto, que las pruebas que obran en la Averiguación Previa siempre han sido suficientes para que la FGR acredite el delito de terrorismo, y lleve a juicio a centenares de posibles responsables de las atrocidades cometidas en Guerrero durante la “guerra sucia”. Para demostrar esto, el juzgado llegó al punto de ensamblarle las cadenas de mando a la fiscalía a partir de documentación militar que llevaba veinte años en el expediente, juntando polvo. Hecho lo anterior, la juez ordenó procesar a los perpetradores. Lo que sea que resulte de la revisión de la sentencia, que podría llegar hasta la Suprema Corte, serán instrucciones inapelables para este nuevo equipo de fiscales. 

Por lo pronto, el fiscal Galván parece poco familiarizado con los expedientes que el Doctor Gertz le instruyó radicar. Debe recordarse que la fundación de este nuevo equipo supone algo así como volver por sexta vez a cero. Le han precedido, en la genealogía de intentos por ajustar cuentas con ese pasado, el Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), creado en 1990, que concluyó su intervención con la Recomendación 26/2001; el fiasco de la FEMOSPP creada en 2002 y desintegrada en 2006 sin haber obtenido ninguna condena; los 18 años en que la Coordinación General de Investigación mantuvo en la congeladora los casos que no pudo archivar; el esfuerzo de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero entre 2012 y 2014 que permitió localizar dos desaparecidos, integrar un archivo que Artículo 19 hizo público y elaborar un informe; y el de la CNB a partir de 2019 cuyas desventuras se relatan en boletines hoy publicados por Memórica y sus modestos avances en un informe final. A esto hay que sumar el trabajo de la Oficina Especial creada en la CNDH en 2019, tras la llegada de Rosario Piedra a la Presidencia del organismo, que reabrió los casos y elaboró la recomendación 98VG/2023, y el de la COVEH, creada por decreto presidencial en 2021, que se extingue junto con el sexenio.

El regreso a cero es inocultable en lo genérico de los planes que expone Galván, y en la repetición de prácticas improductivas de sus predecesores, como pedir ayuda para que alguien más lea sus expedientes y le diga qué pasó y quiénes son responsables. En las diapositivas que se proyectaron en SEGOB explica que solicitó “análisis de contexto regionalizado” a la agonizante COVEH, y en la grabación que tomaron las víctimas se lo escucha decir que “el objetivo todos lo sabemos: es identificar patrones en la desaparición de estas personas. Cuál fue el motivo, las causas, las circunstancias, de esa violación grave a los derechos humanos”. 

La sentencia del amparo 565/2018, en un apartado llamado “Recurrencia delegativa a asesores externos”, exhibe que en el caso Radilla han intervenido como analistas, a solicitud del ministerio público, cuatro peritos independientes (uno internacional), el Centro de inteligencia de la FGR (CENAPI) y hasta la CNB para elaborar distintos productos de análisis, “a quienes no se recurre para buscar su conocimiento especializado dentro de una ruta de investigación […], sino para desahogar requerimientos vagos que, en la práctica, consiste en leer el expediente y hacerle recomendaciones”. 

Tras enlistar todas las solicitudes, la juzgadora transcribe, precisamente, uno de los requerimientos de análisis de contexto a los que hace referencia el fiscal Galván, y lo evalúa en estos términos: 

…la autoridad responsable lleva más de dos décadas integrando una Averiguación Previa en cuyo expediente obran documentales públicas que acreditan la estructura institucional, cadenas de mando e identidad de centenares de autores y partícipes de los delitos que investiga. No obstante, en el último requerimiento del listado precedente, se delegó sobre la COVEH, cuya extinción está prevista seis meses después de dicho requerimiento, la identificación de los “probables responsables de las desapariciones forzadas”, de “las cadenas de mando”, e, incluso, la determinación “con certeza jurídica de la responsabilidad de autores y partícipes”. 

Si determinar “con certeza jurídica” la responsabilidad de los criminales es función de la COVEH, ¿en qué consiste el trabajo del ministerio público? Sigue la jueza explicando que de nada sirve pedir ayuda experta si no se tiene claro para qué se la quiere:

En su conjunto, la secuencia de requerimientos delegatorios, en la que no sólo lo requerido durante trece años se vuelve repetitivo, sino que las recomendaciones que recibe la autoridad responsable, incluso las reiteradas, permanecen con frecuencia sin atención, ponen de manifiesto que ésta ha carecido de un plan de investigación, lo cual implica que, en los hechos, no ha actuado como instancia coordinadora de la investigación. Los hallazgos de peritos y asesores dimanan de la revisión de las mismas constancias del expediente, complementadas con publicaciones y fuentes abiertas. Sus conclusiones son semejantes, y en general las mismas a las que la autoridad responsable debería haber llegado mediante el estudio de su propio expediente y del derecho.

Más adelante en la sentencia, en un apartado que concluye ordenando que se investigue por negligencia y obstrucción de la justicia a los agentes que han tenido el caso Radilla y a sus superiores inmediatos, la juzgadora observa que “se hace indispensable considerar la hipótesis de que la falta de avance no es meramente producto de la incompetencia personal de los fiscales o errores administrativos de sus unidades de adscripción, sino de acciones intencionales diseñadas para obstaculizar y retardar las investigaciones.” Es decir, no es exactamente la carencia de análisis sobre “el motivo, las causas y las circunstancias” de las desapariciones forzadas lo que ha impedido procurar justicia. Si acaso llegara a faltar contexto, los informes del MEH suman más de 6100 páginas, que se acumulan a los miles producto de los esfuerzos gubernamentales anteriores, y de las cada vez más abundantes publicaciones académicas y periodísticas. 

Ha transcurrido medio siglo desde las atrocidades de la “guerra sucia”. El episodio gubernamental liderado por Alejandro Encinas en la SEGOB desde 2018 se clausura, y de sus cenizas la FEMOSPP parece reencarnarse, casi veinte años después, para retomar su labor justiciera exactamente en el estado que la dejó, pues apenas quince veces se ha ejercido acción penal en estos casos, todas entre 2002 y 2006, y sólo en una se alcanzó una muy modesta condena.

¿Rescatarán la Presidenta y su Secretaria de Gobernación algo del naufragio de Alejandro Encinas?, ¿quedarán firmes las órdenes en que la jueza de hierro exige procesar a los responsables de la barbarie contrainsurgente?, ¿la favorecerá el voto popular al que la reforma judicial condiciona la continuidad de todos los jueces, magistrados y ministros?, ¿romperá el fiscal Galván la racha de 18 años de simulación de la Fiscalía?, ¿será capaz de buscar condenas en tribunales como ha sabido buscar víctimas en terreno?, ¿demostrará por medio de la justicia el Estado de hoy que ya no es el de ayer?, ¿hablarán los ancianos verdugos?, ¿dónde están los desaparecidos?

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*Javier Yankelevich es historiador y maestro en ciencias sociales. Trabajó entre 2019 y enero de 2024 en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, donde fundó y coordinó un equipo especializado en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente durante la “guerra sucia”, y otro dedicado a integrar y cruzar bases de datos, como el Módulo de Fosas Comunes, para localizar a personas desaparecidas. Es coordinador de un libro y autor de artículos académicos y de difusión sobre desaparición y búsqueda de personas, como “El canto del cisne de la FEMOSPP”, publicado en 2020 por A dónde van los desaparecidos; “Buscar personas desaparecidas: un esbozo de teoría con enfoque en la verdad”, publicado como parte del libro Verdad, Memoria y Justicia editado por Gedisa en 2020, y “Los desaparecidos que nadie ocultó: hacia una tafonomía social de la desaparición administrativa”, publicado en 2022 por la revista Alteridades. 

**Foto de portada: Manifestación en Palacio Nacional del Colectivo “Movimiento por la Verdad y la Justicia”, integrado por familiares de Personas Desaparecidas de la Guerra Sucia en el estado de Guerrero. (Gabriel Pano/ObturadorMX)

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos