“En México se han emitido leyes que prohíben discriminar, o están a favor de la transparencia y el acceso a la información. En el ámbito judicial se han destrabado procesos anquilosados en derechos humanos, asuntos de género, protección de la niñez, libertad de expresión, entre otros. Sin embargo, hay una realidad absolutamente discordante entre la regulación y los procesos institucionales, ante la presencia de una crisis de derechos humanos y una de justicia”: doctor José Luis Caballero Ochoa, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en el marco de la reflexión universitaria “Trazando el Rumbo”.
La crisis de derechos humanos es generada por tres tipos de violencia. La primera, una violencia institucional producida por una grave desigualdad avalada por estructuras complacientes, públicas y privadas, de todos los órdenes y de todos los niveles. “Una violencia institucional reforzada por una agenda de reformas estructurales en telecomunicaciones, competencia, inversión y energía, que no ayuda a quebrar ese proceso de desigualdad, sino que lo ahonda”.
La segunda violencia es impuesta por el crimen organizado en complicidad con las autoridades, en una guerra maniquea donde la violencia del Estado ha sido la respuesta aparente para contender a la violencia criminal. Pero también es una violencia represora del gobierno contra quien se opone a la violencia institucional. “El caso Ayotzinapa está cruzado por esos tres tipos de violencias: institucional, represiva y criminal”.
En la justicia hay un pacto estructural de impunidad dentro de un Estado democrático fracturado e incluso inexistente, al carecer de prácticas que busquen la verdad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad política de las autoridades. “No se documentaron, las graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia; tampoco las intervenciones brutales del Estado a través de la tortura y desaparición forzada; y ni siquiera tenemos justicia cotidiana”.
Estas crisis de derechos humanos y crisis estructural de justicia evidencian que la regulación no está llevando a la emancipación. “En esta realidad sería un riesgo enorme creer que basta con una reforma y el comedimiento de las autoridades mexicanas ante los organismos y tratados internacionales en materia de derechos humanos para legitimar el patrón de violaciones a los mismos y la injusticia estructural”.
Entonces la Ley en México en lugar de ayudar a soportar un proceso emancipatorio corrobora una realidad regulatoria que lo hace aparente. “La Constitución no se ve como una verdadera carta de derechos humanos, ni como un instrumento esperanzador, pues en ella el sujeto de los derechos es aquel ciudadano adentrado en el modelo liberal, para el que sí se generan ciertas condiciones favorables; y se pasa de largo por los excluidos”.
En México el orden jurídico es androcéntrico, patriarcal, hegemónico, vertical, jerarquizado y petrificado en las formas. No es dinámico, no es dialogante, no contribuye a romper las estructuras y no es interpelado en su eficacia social. “Esto lo vemos cotidianamente en los miles de víctimas de delitos a las cuales no les hacen llegar la justicia y la reparación del daño, es decir, no hay emancipación”.
