Foto:  Mural en una casa de Tlamanca lee: “Con el corazón en la tierra y el puño arriba, decimos: No a la mina, Sí a la vida.” (mimundo.org)

Ciudad de México | Desinformémonos. Las mineras han provocado al menos 374 conflictos socioambientales en México, donde más de 19 mil localidades se encuentran en territorios concesionados a las empresas, apoyadas por normativas como la Ley Minera, denunciaron colectivos, académicos y organizaciones del movimiento nacional “#CambiémoslaYa”.

El movimiento explicó que muchas veces los habitantes de las comunidades afectadas “ni siquiera saben que su territorio está concesionado” hasta que llegan los empresarios con la maquinaria y el personal para la extracción de los recursos.

De acuerdo con los integrantes del movimiento, entre los que se encuentran los Comités de Cuenca del Río Sonora, el Movimiento Atzin No a la Minería, Fundar y académicos de la UNAM y la UAM, actualmente existen alrededor de mil proyectos en distintas fases de desarrollo en unas mil 600 minas, que se han impuesto con la persecución y asesinatos de quienes se oponen y defienden el agua y sus territorios.

Señalaron que es urgente reformar de manera profunda la Ley Minera vigente, la cual “ha posibilitado las violaciones a los derechos humanos y los privilegios de las empresas mineras”, y urgieron a las autoridades legislativas a “eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia” que la ley otorga a la minería.

La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Aleida Azamar Alonso, explicó que mientras la minería obtiene ganancias millonarias, que tan sólo en 2020 ascendieron a 20 mil millones de dólares, la aportación de esta actividad al Producto Interno Bruto es sólo de 0.09 por ciento.

“Si hay empresas que producen metales valiosos, serían áreas de gran riqueza”, señaló Azamar al referir que existen 15 municipios mineros importantes, de los cuales 13 padecen niveles de pobreza por encima de la media nacional, entre ellas hay siete en pobreza extrema, como es el caso de San José del Progreso, Oaxaca.

Por ello, frente a los daños ambientales y sociales provocados por la minería, el movimiento #CambiémoslaYa exigió “reformas profundas” a la Ley Minera y la promoción de una reforma que garantice el derecho de los pueblos y comunidades a decidir si quieren un proyecto minero en sus territorios.