De aprobarse la reforma laboral que propone el gobierno panista se podría obligar a cualquier empleado a trabajar domingo y sábado o los días de su descanso; además, el patrón, sin previo aviso, podría exigir que un día determinado labore 10 horas en lugar de ocho, y que trabaje alguno de los días marcados como festivos obligatorios, y si desea un ascenso ya no se contaría su antigüedad sino su productividad, definida según los criterios que establezca el patrón.

Estas son algunas de las situaciones que enfrentarán los trabajadores asalariados del país con esta reforma, advirtieron expertos en temas laborales durante el Seminario Sobre la Iniciativa de Reforma Laboral del Ejecutivo Federal, organizado por El Colegio de México (Colmex).

Subrayaron que el gobierno pretende «vender y legitimar la reforma asegurando que hará más competitivo, productivo y atractivo a México para las inversiones», pero ello no necesariamente ocurrirá, por el contrario, lo que generará será un «abaratamiento» de la fuerza de trabajo y someterá a los trabajadores a mayor estrés, sobre todo por la «inseguridad laboral».

Enrique de la Garza, profesor de la UAM-Iztapalapa y doctor en sociología, precisó que aunque contiene algunos aciertos, la tónica de la reforma es la «flexibilización», tanto de horarios como en jornada laboral y en la estabilidad en el trabajo”.

Añadió que ésta socava el derecho a huelga debido al «arbitraje obligado», el cual permite que el empleador recurra a las juntas de conciliación y arbitraje (JCA) para que estas determinen si los trabajadores tienen o no el derecho de parar labores. «Si dicen que no lo tienen, todos se regresan a trabajar y se acabó».

Esta situación, indicó la especialista en temas laborales Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco, es totalmente desventajosa para los trabajadores, porque «las juntas son órganos parciales, ineficientes y corruptos» y señaló que lo mejor sería la desaparición de éstas y trasladar la justicia laboral al Poder Judicial, así como también desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que sea la Cámara de Diputados la que fije esa percepción.

Bensusán indicó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo es «tramposa» en diversos aspectos y da pie a que asuntos que son positivos, como la exigencia de mayor democracia y transparencia en los sindicatos, sirva de «moneda de cambio» para que se avalen los aspectos lesivos. Los avances que tiene son «marginales, mientras que los retrocesos que plantea tocan puntos fundamentales».

El economista Julio Boltvinik refirió que estos cambios legalizan situaciones de flexibilidad y precarización del trabajo que existen actualmente, pero que al estar fuera de la ley dan la posibilida de inconformarse y acotó que contribuirán a empobrecer aún más a la clase trabajadora.