Ciudad de México | Desinformémonos. Varias organizaciones, expertos y activistas denunciaron que la reforma a la Ley General de Víctimas que avalaron las comisiones legislativas de gobernación, justicia, derechos humanos y estudios legislativos, es “notoriamente insuficiente frente a la profunda crisis en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización que atraviesa México”.
Los defensores de derechos humanos alertaron que es “sumamente preocupante” que el texto que se aprobó el pasado 25 de octubre no modifique la esencia del problema, y que además contemple las necesidades de las víctimas como un asunto político.
Resaltaron que la decisión de que el presidente designe al titular del organismo, además de ser un retroceso al modelo democrático, llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ni reconocimiento para los colectivos de víctimas y organizaciones civiles que acompañaron el proceso de reforma.
Además, para su realización no se incluyó la cláusula propuesta por las agrupaciones defensoras, la cual establecía la exclusión en el proceso de selección como candidatos a quienes desempeñan cargos de comisionados, “toda vez que éstos han demostrado durante más de tres años y con suficiente evidencia no estar a la altura de la tragedia que vive México”, lamentaron.
Por otra parte, remarcaron que las víctimas de desplazamiento interno forzado no están plenamente reconocidas en la reforma, y especificaron que no sólo se negó la inclusión de la definición del fenómeno y su característica de forzado en el documento, sino que también persistirán trabas burocráticas para el registro y atención de las miles de víctimas de este fenómeno a nivel estatal y federal.
Otro punto es que el Fondo de Atención a Víctimas ya no recibirá los recursos fijos asignados por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales garantizan la asignación del equivalente de alrededor de mil millones de pesos cada año, sino que ahora la encargada será la Secretaría de Hacienda quien los asigne “siempre y cuando” haya menos de un porcentaje determinado.
Además, la reforma estableció que sólo se podrá recurrir a peritos independientes o internacionales sólo en materias en las que no haya personal nacional capacitado.
Tanto la víctimas, las organizaciones civiles, los académicos, expertos y activistas de derechos humanos, como la sociedad en su conjunto, “merecen más que esto”, señalaron. Afirmaron que la crisis de derechos humanos que azota al país “no dan espera ni cabida para que esta reforma sea sólo otro intento que se someta a prueba”.
