Comuneros de Milpa Alta se movilizaron este sábado contra la la instalación de una base de inteligencia naval de la Secretaría de Marina y bodegas de resguardo de material militar sobre sus tierras, proyectos que, advirtió la Comisión en Defensa de las Tierras de San Bartolomé Xicomulco, no fueron consultados con la población.

“Queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no queremos militares”, fue la consigna de la protesta de los habitantes de San Bartolomé Xicomulco, quienes señalaron que “el predio que la Secretaría de Marina pretende invadir es ilegal porque la ley establece que los contratos de compraventa respecto a tierras comunales son inexistentes”.

Con un recorrido hacia el predio donde se anunció la obra, los comuneros rechazaron la instalación de la Marina en las tierras que se ubican dentro de Suelo de Conservación del Distrito Federal, por lo que pidieron a las autoridades federales que se desista de sus planes para evitar futuras confrontaciones. Dejaron claro que su movimiento es pacifico y democrático y no está bajo la bandera de ningún partido político”.

El 8 de octubre de 2015, el Diario Oficial de la Federación dio a conocer el otorgamiento a la Secretaría de Marina de un terreno con una superficie de 7 mil 361 metros cuadrados, que se encuentra en el pueblo San Bartolomé Xicomulco. Ante esta noticia, comuneros de Milpa Alta interpusieron juicios de amparo en los tribunales federales, pero mencionaron que si no son atendidas sus demandas recurrirán a instancias internacionales para evitar que las autoridades violen el estado de derecho.

El predio en disputa fue designado a la Secretaria de Marina por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de la Secretaria de la Función Pública, quien sostiene que ingresó al Patrimonio Inmobiliario Federal mediante Contrato de Compra Venta el 15 de marzo de 1961, y esto hizo que la Secretaria de Comunicación y Transporte lo adquiriera. Sin embargo, los comuneros sostienen que la manera de cómo el gobierno federal se apoderó del terrenos es ilegal, pues es propiedad comunal de los pueblos de Milpa Alta desde 1952 por resolución presidencial. Por lo tanto, los artículos 138 y 139 del Código Agrario hacen inexistente el acuerdo donde se le otorga a la marina dichas tierras.

Por su parte, el pasado 15 de diciembre, la Secretaria de Marina, mediante un comunicado, señaló que el terreno que se le asignó será utilizado para adiestramiento canino de búsqueda y rescate de víctimas de secuestro, y que no será alterado el entorno ecológico con ninguna obra. Pero para los comuneros son insuficientes estas declaraciones, pues dijeron que el problema de fondo es la privatización de una propiedad comunal. También mencionaron que la actual situación del país ha demostrado “que la presencia de militares en cualquier comunidad, denota actos de violencia a la población civil, así como graves violaciones a los derechos humanos.”

Otras de las preocupaciones de los comuneros es que la base naval no sólo causará graves daños ecológicos a un ecosistema del que se extrae más del 71 por ciento del agua potable que se consume en la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino que también abrirá la brecha para impulsar mega proyectos que también causaría graves daños al medio ambiente como es el Proyecto Arco Sur, que consiste en una autopista que pasaría a 500 metros de sus tierras comunales; la apertura de centros comerciales y unidades habitacionales.

Los pobladores de Milpa Alta enfatizaron que ellos son los únicos dueños del terreno otorgado a la mariana y que sólo ellos podrán determinar su uso y destino, por lo que piden a las autoridades federales, al gobierno de la Ciudad de México y delegacional que se les tome en cuenta en cada decisión que se dé entorno a sus tierras. Hacen un llamado al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Comunales para que deje sin efecto el acuerdo del 8 de octubre de 2015 y así se les devuelva sus tierras.

Finalmente, los comuneros reprocharon que se dé prioridad a la construcción de una base militar en sus tierras y no se atiendan las necesidades básicas como la educación, la salud y el trabajo.