Ciudad de México | Desinformémonos. La reactivación de empresas mineras en el municipio de Chicomuselo, provocó la división de las comundiades e incrementó el hostigamiento y las posibilidades de enfrentamientos entre los mismos pobladores, acusaron activistas y habitantes de esa región en Chiapas.

El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” manifestó su preocupación ante la falta de atención por parte del Estado al conflicto interno en el ejido Ricardo Flores Magón, derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de no permitir el paso de compañías mineras.

“Esta situación ha derivado que la Asamblea General, representado por su comisariado ejidal hayan acordado la destitución de un grupo de 10 ejidatarios de las Asambleas y no tomarlos en cuenta en los trabajos comunitarios, de igual manera fue destituido del cargo como Agente municipal de la comunidad el C. Rolando Hernández López”, explicó el Comité. Denunció que, cuando el grupo de ejidatarios realizaban labores de vigilancia para cuidar la entrada de mineros a sus territorios, sus integrantes fueron amenazados de muerte el pasado 14 de mayo.

“Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado en el año 2009 por oponerse a la explotacion minera en Chicomuselo, que operaba la empresa canadiense Blak Fire, quien fue amenazado de muerte y aunque denunció los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público, quince días después fue asesinado, hechos que hasta el momento siguen sin esclarecerse”, lamentó.

Actualmente el municipio de Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta el año 2059, mismas que fueron otorgadas a diversas compañías sin consulta libre, previa e informada de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales.

Ante la invasión de sus territorios y la división del tejido social provocada por las empresas mineras, el Comité exigió la cancelación definitiva de las concesiones mineras en el municipio, la intervención “urgente” de la Procuraduría Agraria como órgano de apoyo por parte del estado para defensa de los derechos de los ejidatarios, quienes desde el mes de mayo no han sido atendidos pese al conocimiento de la mencionada dependencia, y la protección de los defensores de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.