Las Radios Comunitarias tomaron el cielo por asalto. Escudados en el artículo 2do constitucional y en otros tratados internacionales sobre el derecho ciudadano a operar medios de comunicación, pueblos indígenas y rurales así como organizaciones obreras y campesinas, decidieron tomar la palabra sin permiso de las autoridades. Este proceso lleva ya muchos años; hoy por hoy hay una multitud de estaciones radiofónicas que ejercen sus derechos sin el consentimiento legal del Estado.

Sabían a lo que se enfrentaban. Desde el principio estas iniciativas fueron denostadas por ciertos sectores de la sociedad. Sus impulsores fueron calumniados, perseguidos y encarcelados; las tacharon de piratas, ilegales, “patitos”, comunistas, y todos los peores adjetivos que se pueda imaginar. Desde luego, hubo resistencia y las radios se multiplicaron por toda América Latina.

Estas Radios se distinguen de las demás porque no buscan lucrar con la comunicación. Sus bases son la creación colectiva de los contenidos y la administración comunitaria del medio. El aspecto comercial, a lo sumo, se explota para mantener los gastos de operación de la estación, trascendiendo el interés corporativo de generar plusvalías y acumular riqueza. Las Radios Comunitarias también suelen ser de baja potencia (aunque esto no es una condición necesaria, pues puede y debe haberlas de largo alcance) y atienden las necesidades de información de la población local, partiendo de sus usos y costumbres, cosmovisión, lengua y cultura.

En algunos países latinoamericanos se ha legislado para garantizar el uso democrático del espectro radioeléctrico. La ley de telecomunicaciones de Argentina, Ecuador y Bolivia establecen un reparto de 34 por ciento del espectro para medios ciudadanos (entendidos estos como aquellos que surgen de la sociedad civil); 33 por ciento para medios públicos (operados y financiados por el Estado); y un 33 por ciento para la explotación comercial.

En México lindo y querido, eso no ha sucedido. Hasta hace poco solo había dos formas de acceder a las ondas hertzianas: la concesión y el permiso. Ahora la reforma a la Ley de Telecomunicaciones eliminó el permiso, quedado únicamente la concesión como figura legal que abre las posibilidades de uso del espacio. La reciente reforma también abre las posibilidades para otorgar concesiones de “uso social” a las Radios Comunitarias e indígenas; sin embargo, hay muchos condicionamientos y limitaciones que vuelven poco deseable esa oportunidad. El Estado busca tener el control de estos medios y eso atenta contra sus autonomías e independencia “editorial”.

Es evidente que en nuestro país las leyes se hacen para favorecer a las grandes corporaciones. Hace unos años, gracias a la movilización social, se logró revocar (en parte) la “Ley Televisa”; la cual pretendía sacar de la jugada a los medios ciudadanos y aumentar el poderío y privilegios de las principales empresas de comunicación en México. Este hecho demuestra que el camino de las Radios Comunitarias está lleno de vericuetos, y que existe una competencia desleal por parte de los medios comerciales en el ejercicio de la comunicación.

A ello se circunscribe una nueva polémica desatada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que en días recientes lanzó una campaña que criminaliza los medios ciudadanos; especialmente las Radios Comunitarias. Jugando a favor de intereses empresariales, este organismo gubernamental está abanderando un discurso que de nuevo denosta a los medios comunitarios y criminaliza su trabajo. Esta campaña mediática es nueva; sin embargo el IFT publicó, en un comunicado de prensa el pasado 27 de enero, la instrumentación de una herramienta para denunciar estaciones de radio sin concesión.

“SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”, reza el desplegado del IFT en medios impresos de circulación nacional. Las frases van acompañadas de una imagen provocadora: un micrófono. Esta misma sentencia fue transmitida en medios audiovisuales desde el pasado 23 de marzo, fecha en que arrancó la campaña.

El principio en el que se basan las Radios Comunitarias ahora está siendo confrontada con el señalamiento de robo que realiza el IFT. Esto se da acompañado de recientes ataques a estaciones de radios ciudadanas cuya legitimidad reside en la gente que las escucha y entiende el mensaje y que por lo mismo las defiende, pues representan una oportunidad de acceder a la palabra y de dar voz a las problemáticas que enfrentan las comunidades.

Del otro lado están los intereses económicos como motor de los grandes concesionarios para criminalizar la comunicación popular y comunitaria. En realidad son ellos quienes hurtan el bien de la nación monopolizando un derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos.

La pregunta que surge con todo esto es: ¿qué roban las Radios Comunitarias?. Pues la campaña es contundente: si no hay concesión es un delito. ¿En donde queda la ética de un gobierno que persigue medios comunitarios y coarta la libertad de expresión? Habría que recordarle al IFT que comunicar no es un robo. El verbo robar más bien aplica al hecho de privatizar el espectro para el beneficio de unos cuantos.

Este acontecimiento revive los intensos debates que ha enfrentado la comunicación comunitaria desde el principio. Habría que replantear una vez más que el espectro radioeléctrico es un bien común; y el derecho al territorio, en el caso de las comunidades indígenas, incluye el subsuelo y el espacio aéreo. Las Radios comunitarias surgieron, precisamente, para exigir la distribución justa del espacio, y para reivindicar la necesidad de los pueblos de contar con sus propios medios de comunicación que coadyuven a la preservación y fortalecimiento de sus culturas.

Tienen una larga tradición de lucha por el reconocimiento, y han tenido eco en todo el mundo.

Esta no es la primera vez que se enfrentan a una situación de esta naturaleza. En el pasado tuvieron muchas dificultades que supieron trascender para hacerse más fuertes. Esta vez tienen un nuevo reto que les impone la dictadura perfecta. Ahora es necesario que quienes simpatizamos con las radios comunitarias nos movilicemos para exigir el respeto a nuestro derecho y así alcanzar la paz que no será posible si no hay justicia.