El 11 de julio de 2023 se dio un escándalo público en el estado de Zacatecas, luego de que se difundiera un video [1] donde se observaba a las autoridades del municipio de Jerez retirando de las calles decenas de fichas de búsqueda de personas desaparecidas, mismas que familiares y colectivos de víctimas habían pegado días antes. A pesar de la divulgación del video, el alcalde de este histórico municipio (Jerez es uno de los seis “pueblos mágicos” del estado de Zacatecas) dio declaraciones señalando que no era cierto que retiraran las fichas y que, por el contrario, estas acciones las llevan a cabo “colectivos malintencionados”. Dada la presión mediática, las autoridades tuvieron que retractarse y convocar a las familias de las víctimas a un diálogo privado.[2] Esta situación dejó en evidencia una realidad que el gobierno del estado de Zacatecas no ha sabido afrontar adecuadamente: la grave y profunda crisis de desaparición de personas en la entidad.
A continuación, describo cómo la crisis de desaparición de personas en Zacatecas no sólo es persistente, sino que debe ser entendida en su real magnitud e intensidad.
Zacatecas está ubicado en el centro norte de México: con poco más de 1 millón 600 mil habitantes, prevalece un modelo socio económico extractivista excluyente, con altos indicadores de pobreza (45.8% de población en pobreza) y desigualdad. Los pilares de este modelo son la megaminería (31% del PIB estatal), la baja tecnificación agrícola y una alta dependencia de la migración y sus remesas. Desde el año 2015 se han intensificado las confrontaciones armadas a lo largo y ancho de su territorio, siendo particularmente cruentos los enfrentamientos que han entablado el “Cártel de Sinaloa” y el “Cártel Jalisco Nueva Generación”, todo bajo el marco de profundización de la militarización de la seguridad pública.
El año 2021 fue el más violento de la historia reciente del estado: año de alternancia donde el gobierno saliente de Alejandro Tello (PRI) entregó el estado con una cifra histórica de mil 34 homicidios dolosos (la tasa de homicidios dolosos del estado fue de 109 por cien mil habitantes, mientras que la media nacional fue de 28), [3] y 738 personas desaparecidas y/o no localizadas.[4] Con la llegada al gobierno de David Monreal (MORENA) en septiembre de 2021, se ha profundizado la estrategia de militarización, y tras un inicio marcado por cruentas masacres que tuvieron visibilidad nacional (como el abandono el 7 de enero de 2022 de una camioneta con diez cuerpos, justo en frente del Palacio de Gobierno) [5], el nombramiento en febrero de 2023 del general Arturo Medina Mayoral en la Secretaría de Seguridad vino de la mano con una tendencia, lenta pero constante, de reducción de los homicidios dolosos. Sin embargo, un grave “talón de Aquiles” ha sido la persistencia y aumento de la desaparición de personas.
En términos históricos, para el 19 de julio de 2023 el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) indica que en Zacatecas existen tres mil 664 personas desaparecidas y/o no localizadas. Dentro de esta cifra los municipios más afectados son Fresnillo (con 757), Zacatecas capital (con 426), Guadalupe (con 390), Jerez (con 185), Río Grande (con 186), Calera (con 145), Villa de Cos (123), Ojocaliente (con 122), Valparaíso (112) y Sombrerete (100).
Uno de los elementos más graves de la tendencia de desaparición de personas en Zacatecas es su intenso incremento, pues desde el 1 de enero de 2016 al 20 de julio del 2023 se registran dos mil 758 casos: es decir, en tan sólo los últimos siete años se concentran más del 75% de las víctimas históricas. En la Gráfica 1 podemos observar, igualmente, que, con tan sólo 7 meses transcurridos del 2023, el estado ya supera el indicador de todo el 2022, con una alarmante posibilidad de igualar el 2021.
Cuando hacemos un análisis por sexenio nos encontramos con un indicador más contundente. Tan sólo en el tiempo transcurrido del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 19 de julio de 2023), se registran a nivel nacional 43 mil 479 personas desaparecidas y/o no localizadas, siendo Zacatecas el octavo estado con más casos, después de Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Todas las entidades tienen entre tres y nueve millones de habitantes, mientras que Zacatecas supera por poco el millón seiscientos mil.
Para ser más exactos, si estimamos una tasa de personas desaparecidas por cada cien mil habitantes durante el 2021, la tasa en Zacatecas fue de 45.50, mientras que en el 2022 fue de 30.02, ubicándose como el segundo y primer estado con la tasa más alta de México respectivamente.[6] Este indicador nos muestra la intensidad de la crisis, pues Zacatecas se ha convertido en el territorio de México donde sus habitantes tienen mayor probabilidad de ser víctimas de desaparición. Si bien las tasas estatales pueden invisibilizar otros casos de intensidad municipal entre estados, lo cierto es que nos dan un indicio importante de la magnitud del fenómeno en uno de los estados más despoblados del país.
El rango de edad de las víctimas oscila entre los 15 y 40 años, siguiendo la tendencia nacional donde son los hombres jóvenes quienes son más vulnerables a este fenómeno. En el caso de las mujeres la tendencia está concentrada entre los 12 y 25 años, lo cual puede indicar que muchos de los casos están asociados a redes de trata y violencia sexual infantil y juvenil.
Como a nivel federal, en Zacatecas la crisis de desaparición de personas no encuentra respuestas gubernamentales eficientes, reduciendo todo al contexto de “enfrentamientos entre grupos criminales”. Sin embargo, los datos nos hablan del fracaso de las políticas públicas para responder a su responsabilidad de prevención. La desaparición parece haberse instaurado como un mecanismo de violencia normalizado, generando grandes impactos familiares y sociales dada la incertidumbre, miedo e impunidad que rodea estos delitos.
La esperanza de la ciudadanía
Frente a este escenario de terror, también existen manifestaciones crecientes de resistencia, pues como respuesta cada día son muchas más las madres y familias que buscan unirse a los esfuerzos de búsqueda, articulación en colectivos y exigencias públicas por la aparición de sus seres queridos.
Desde hace más de un año conformamos la iniciativa “Sangre de mi Sangre Zacatecas”, un colectivo de acompañamiento y memoria donde participamos ciudadanos junto con familiares de víctimas, tejiendo redes rojas en memoria de las personas desaparecidas, exponiendo sus rostros y apropiándonos del espacio público para hacer conciencia de esta crisis. A través de los tejidos y diferentes exposiciones hemos visibilizado lo que los gobiernos han querido silenciar: el profundo drama de la desaparición de personas en Zacatecas y las consecuencias de la violencia generalizada.
En estas jornadas hemos tenido múltiples testimonios de madres buscadoras quienes nos muestran que a pesar del acumulado de experiencias, tanto las familias que llevan muchos años en la búsqueda como las que recién se incorporan experimentan tratos similares por parte de las autoridades: una Fiscalía que se dice rebasada, Ministerios Públicos que suelen ser removidos obligando a que las investigaciones “inicien casi de cero”, revictimizaciones (si todo se reduce a un problema entre grupos criminales, quien desaparece, casi que automáticamente, es señalado de haber tenido algo que ver con la ilegalidad, justificando el hecho), poca asesoría sobre los derechos de los hijos e hijas de las víctimas, y en general mala atención y acompañamiento sobre los derechos que amparan a las víctimas ausentes según las leyes estatal y federal.
En Zacatecas, los colectivos de búsqueda tienen cada vez más visibilidad, y actualmente existen cinco que integran el movimiento nacional: Buscadoras Zacatecas; Siguiendo tus Rastros con Amor; Amor, Esperanza y Lucha; Ranadez Zacatecas y Familias Unidas en Busca de una Esperanza.
A inicios del 2023, el gobierno estatal se comprometió a reforzar el mecanismo estatal de búsqueda, reactivando reuniones periódicas con su consejo ciudadano y las familias, no obstante, las acciones institucionales mantienen un enfoque de búsqueda en campo y no en vida, y la propia Comisión Local de Búsqueda reconoció públicamente que tan solo el 8% de sus acciones arrojan resultados.[7]
Una de las coyunturas más importantes que se van a dar durante este 2023 en Zacatecas será la realización de la Brigada Nacional de Búsqueda en Vida y Búsqueda en Campo, entre el 1 y 15 de noviembre, organizada por los colectivos de víctimas junto con instancias institucionales y autoridades estatales. Siguiendo las estrategias que se implementan a nivel nacional, los colectivos buscan lograr articulaciones que permitan que ésta sea una oportunidad para tener hallazgos concretos sobre sus seres queridos. Dentro de las acciones que las madres buscadoras y las familias desarrollarán, es importante que se les permita el acceso a los Ceresos, se garantice la seguridad y el anonimato a quienes puedan colaborar con indicaciones sobre dónde podrían estar sus seres queridos, se brinde información completa de los expedientes de búsqueda, entre otras. En este punto el acompañamiento nacional e internacional es fundamental, especialmente para generar procesos de capacitación a los colectivos, así como de vigilancia y rendición de cuentas a los gobiernos. La radiografía es clara y la intensidad de la crisis de desaparición de personas en Zacatecas es innegable.
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*Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos.
El Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera (LEVIF) es un proyecto académico y humanista de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como objetivo analizar la violencia criminal en esta región fronteriza, generar eventos y documentos de divulgación científica sobre el tema.
Jairo Antonio López es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Integrante del Colectivo “Sangre de mi Sangre Zacatecas”.
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos.
Referencias:
[1] https://ntrzacatecas.com/?p=63510
[2] https://ntrzacatecas.com/?p=63844
[3] Datos de todo el 2021, entregados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
[4] Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
[5] El 18 de noviembre de 2021 fueron encontrados nueve cuerpos colgando en un puente de la carretera federal 45 del municipio de Cuauthémoc en la frontera con Aguascalientes. Una semana después, el 23 de noviembre, fueron encontrados ocho cuerpos colgados y torturados en diferentes puntos de la ciudad de Fresnillo. Estas escenas se empezaron a repetir a diario en el estado, cada vez con más visibilidad mediática, como las ocurridas el 7 de enero de 2022 cuando fueron abandonados diez cuerpos al interior de una camioneta justo en frente del Palacio de Gobierno en el centro histórico de la capital.
[6] En 2021 Nayarit tuvo la tasa más alta con 46.06 personas desaparecidas por cada cien mil habitantes, seguido de Zacatecas (45.50), Guerrero (31.55), Jalisco (25.35), Coahuila (22.69), Baja California Sur (19.29). En 2022 la tasa más alta fue de Zacatecas, seguido por Quintana Roo (19.16), Tamaulipas (17.52), Morelos (16.64), Ciudad de México (15.06).
***Foto de portada: Sangre de mi Sangre Zacatecas.
Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos
