¿Quién sino el Estado tiene el deber de garantizar la integridad física del pueblo Pataxó Hãhãhãi e investigar y sancionar a los responsables de las acciones de las milicias de terratenientes?

El domingo 21 de enero, en el estado de Bahía, Brasil, la barbarie cobró otro ejemplo impactante, la escena recordaba a un ataque del Ku Klux Klan. En ella, dos indígenas, un hombre y una mujer, estaban en el suelo rodeados de terratenientes. Él era el jefe político Nailton Muniz, líder histórico del pueblo Pataxó Hãhãhãi. Ella era María de Fátima Muniz, su hermana, conocida como Nega Pataxó, chamán, cantora y oradora ritual, quien sostenía en su mano una maraca sagrada. Ambos habían recibido disparos por la turba de terratenientes autodenomina “Invasión Cero”, la cual había también golpeado y herido a otros indígenas que conseguir huir. En el hecho Nailon resultó gravemente herido y Nega Pataxó murió.

El cruel circo fue organizado en las redes sociales. El día anterior, el movimiento circulaba en grupos de WhatsApp un llamado general para la “desocupación” de la finca que los indígenas habían recuperado un día antes, hacienda localizada dentro del territorio tradicional.

Frente a estos hechos, los que firmamos nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Quién comanda las fuerzas de seguridad pública en las regiones sur, suroeste y extremo sur de Bahía, Brasil? ¿Quién ordena y guía las acciones de la policía militar en la región? ¿Pueden grupos armados de civiles con el apoyo de la policía, sin ninguna orden judicial, recuperar tierras?

La milicia “Invasión Cero” tiene como fundador y coordinador nacional a Luiz Uaquim, un conocido terrateniente del sur de Bahía que tiene fincas en otras Tierras Indígena como las de los Tupinambá de Olivença.

La violencia de esta milicia de terratenientes, que ganó protagonismo a la luz de la tragedia del 21 de enero, muestra la impunidad y el abandono inaceptable de los pueblos indígenas que prevalecen en el estado de Bahia, y de Brasil en general. Esto se constata en la nota pública de la Defensoría Pública de la Unión, la Defensoría Pública del Estado de Bahía y el Ministerio Público Federal, donde afirman que desde hace más de un año alertan a las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para detener los hechos violentos.

La brutal masacre que cobró la vida de Nega Pataxó e hirió gravemente a su hermano ocurrió apenas a un mes del asesinato del joven jefe político Lucas Kariri-Sapuyá, ocurrido en la Tierra Indígena Caramuru-Paraguassu, en el sur de Bahía, de donde Nailton y Nega son. Un estudio realizado por el Movimiento Unido de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Bahía (MUPOIBA) y la Asociación Nacional de Acción Indígena (Anaí) expone el alcance de la barbarie en este territorio indígena, regularizado en 2012 después de décadas de disputas en el Tribunal Supremo Federal, el resultado: 31 personas asesinadas, 8 muertes en el último año, entre ellas la de Lucas y Nega.

Pero no es la primera vez que el sufrimiento de los Pataxó Hãhãhãi tuvo repercusión en esa escala. En 1997, otro líder, Galdino Jesús dos Santos, fue brutalmente asesinado al ser quemado vivo en Brasilia, hecho que también conmocionó a Brasil. Una escalada de violencia que no ha cesado.

Investigaciones realizadas entre los indígenas de esta región muestran que la lucha, la resistencia y la “trayectoria insurgente”, para usar la expresión que la antropóloga Maria Rosário de Carvalho en su último libro, se remontan a muchos años atrás. Esta lucha marcó el siglo XIX y continuó a lo largo del siglo XX con las retomadas de tierras durante la regularización del territorio que comienza en los años 1980, como apunta la antropóloga Jurema Machado, otra importante investigadora que trabaja junto a los Pataxó Hãhãhãi. Es por eso que cuando los indígenas circulan indignados videos en las redes relatando 500 años de opresión y lucha, no lo dicen como una expresión de impacto. Resulta que, en este largo período histórico, especialmente en los últimos años, la situación ha empeorado y la vulnerabilidad ha aumentado.

Al funeral de Nega asistieron importantes representantes de los movimientos indígenas, incluyendo la Ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, la diputada federal Celia Xakriaba y el coordinador ejecutivo de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, Dinamam Tuxá. Los tres, en sus declaraciones, enfatizaron la reciente intensificación de las posiciones anti-indígena, principalmente por el impacto del “Marco Temporal”, una tesis jurídica racista que niega el derecho de los indígenas a reclamar territorios tradicionales que no estuvieran ocupadas por ellos antes de 1988, inhabilitando cualquier reclamo de tierras despojadas a estos pueblos en manos de los hacendados en esa fecha. Reforma que volvió la agenda en el Congreso un genocidio legislado, el cual será discutido en el Poder Judicial este año para saber su constitucionalidad.

Pero hay otros aspectos que llaman la atención, como señalan investigadores vinculados a universidades federales de Bahía que estudian el tema: la impunidad, la connivencia de la policía bahiana con la violencia, la ruptura de los vínculos de convivencia social y solidaridad y la presencia de una organización de milicias en el campo.

La actual tragedia en la Tierra Indígena Caramuru-Paraguassu requiere una intervención firme y pronta, como lo piden los pueblos indígenas en sus declaraciones. La impunidad de los distintos asesinatos ha provocado, en un conocido círculo vicioso, el aumento de la violencia. ¿Quién puede negar que la impunidad de los pistoleros que cobardemente le quitaron la vida al jefe indígena Lucas delante de su hijo, el 21 de diciembre, sirvió de estímulo para que 200 terratenientes unieran fuerzas en una operación que recuerda a lo que fue llamado el siglo pasado en Brasil de “expediciones punitivas”, las cuales incursionaban en tierras indígenas para su exterminio?

Impunidad presente en los discursos y acciones del gobernador de Bahía posteriores a los crímenes en los cuales no se alude a la presencia, en las distintas escenas criminales, de la Policía de Bahía. Hasta la fecha tampoco se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre esta cadena de incidentes y asesinatos relacionados. Esta falta de actitud incisiva ha causado asombro e indignación. Gran parte de ella porque el mismo gobernador declara tener origen indígena y afirma estar a la vanguardia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Bahía.

Después de todo, ¿quién, sino el Estado, tiene el deber de garantizar la integridad física del pueblo Pataxó Hãhãhãi e investigar y sancionar a los responsables de la formación de las milicias de terratenientes, incluida la participación de posibles agentes del mismo Estado?

Una realidad que contrasta, y es imperativo mencionarla como contrapunto a la barbarie, con el gran reconocimiento que ha sido otorgado a los conocimientos y talentos de los Pataxó Hãhãhãi por importantes sectores sociales de la sociedad brasileña, como la Universidad Federal de Minas Gerais ( UFMG), quien otorgó a los hermanos Nailton y Maria Mayá Muniz el título de Doctor por Notorio Saber, y la Universidad Federal de Bahía (UFBA), que tiene en su cuerpo docente a Mayá Muniz como profesora visitante. Talento reconocido también en la artista Olinda Yawar, Pataxó Hãhãhã y Tupinambá, quien tiene obras expuestas en colecciones de los principales museos de Brasil, como MASP y PINACOTECA. Un futuro amenazado para otros jóvenes talentosos indígenas que se apoyan en la ancestralidad y lucha de sus pueblos.

El asesinato y la pérdida de líderes como Nega y Lucas, son golpes crueles y dolorosos en una larga historia de violencia, la cual no apaciguará, y de eso no tenemos dudas, la determinación de los Pataxó Hãhãhãi en la lucha por justicia, en la defensa de su territorio y de su existencia como pueblo.

*Esta nota fue elaborada por un colectivo de profesores de las universidades de Bahia para sumar esfuerzos en una lucha por la justicia y castigo a los responsables.

*Profesores de la Universidad Federal de Bahia.

**Profesores de la Universidad Federal del Recôncavo de Bahia