Foto: Renquea el reconocimiento de dolencias y enfermedades asociadas al trabajo agrícola, incluyendo la exposición a sustancias potencialmente tóxicas; además, a menudo los trabajadores ven obstaculizado su derecho de acceso al sistema sanitario. En esta imagen de un campo en el noroeste de Francia, un agricultor fumiga con herbicida a base de glifosato Roundup 720. (Jean-François Monier/AFP)
Las personas que trabajan cultivando y cosechando los alimentos que consumimos son, en buena medida, quienes garantizan la salud y correcta nutrición de la población en su conjunto. Sin embargo, a menudo lo pagan con su propia salud. Esto es así por diversos factores: la dureza del trabajo, las dificultades de acceso al sistema sanitario de los trabajadores más precarios y su exposición constante a sustancias potencialmente tóxicas, presentes en los agroquímicos que se aplican habitualmente en la agroindustria.
“Sufrimos problemas de salud relacionados con el trabajo en el campo: dolores de espalda, lesiones en las cervicales, lumbalgia; también, dolencias relativas a huesos y músculos. Y, por la exposición a agroquímicos, dolores de cabeza, de estómago y alergias”, expone Ana Pinto, del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha (JHL), que defiende los derechos de las temporeras de la fresa y el fruto rojo en la provincia andaluza de Huelva (España). Según relata Pinto, “es muy difícil que este tipo de dolencias sean consideradas enfermedades laborales”. Pero los trabajadores del sector agrícola encuentran una dificultad adicional: no es fácil acceder a la baja por enfermedad.
“Es habitual que te quedes sin trabajo si tu empleador se entera de que estás enferma; esto es denunciable, pero la justicia es lenta y mientras sale el juicio, qué hace uno. En la práctica, en el campo el despido es libre”, afirma Pinto.
La situación es aún más crítica cuando las personas empleadas son migrantes. Quienes se encuentran en situación administrativa irregular difícilmente pueden acceder al sistema sanitario y mucho menos a prestaciones laborales de ningún tipo: “Los trabajadores indocumentados no tienen derechos, ni siquiera son reconocidos como trabajadores”, argumenta Pinto. En Huelva, es común que trabajen en los invernaderos del fruto rojo mujeres procedentes de Marruecos que llegan legalmente a través de los denominados “contratos en origen”, que les permiten residir y trabajar en España mientras dura la temporada de la fresa y el fruto rojo.
Estas trabajadoras pagan sus aportes a la Seguridad Social, pero cuando necesitan asistencia, ven obstaculizado su acceso a sus derechos sanitarios y laborales: “Cuando tienen un problema de salud grave, es habitual que la empresa se lave las manos y las amenace con enviarlas de vuelta a Marruecos. Desde JHL estamos gestionando prestaciones con carácter retroactivo”, apunta Ana Pinto. “A todo esto se suman problemas de salud mental que están asociados a la ansiedad que producen las listas de productividad. Hay gente que toma pastillas antes de empezar la jornada”, añade Pinto. Se refiere a la práctica, común en Huelva, de hacer públicas listas que compilan la información de cuánta fruta ha recogido cada trabajadora; quienes quedan en los últimos puestos del ranking tienen más probabilidades de que no se les llame para ir a trabajar cuando no hay mucho trabajo en el campo, y se juegan, por ello, su sustento. Esto imprime una enorme presión sobre las trabajadoras, al mismo tiempo que introduce la lógica de la competitividad en los tajos.
Fenómenos similares se encuentran en otras latitudes de Europa donde la producción agroindustrial es intensa, como el sur de Francia y el sur de Italia. En Francia, muchos trabajadores originarios de países como Ecuador, Colombia o Marruecos, que contaban con residencia legal en España, se han desplazado a trabajar a la Provenza francesa a través de empresas de trabajo temporal (ETT) afincadas en España. Este sistema de contratación ha prosperado porque resulta muy ventajoso para las empresas agrícolas francesas: los trabajadores siguen cotizando en España, donde las cuantías de las contribuciones son más bajas. Sin embargo, la Justicia francesa ha condenado ya a varias de estas ETT, como es el caso de Safor Temporis y Terra Fecundi, por considerar esta práctica como un fraude al Estado francés. Por su parte, los trabajadores contratados a través de este sistema encuentran grandes dificultades para acceder al sistema sanitario –así como para hacer respetar sus derechos laborales– cuando tienen un accidente laboral o un problema de salud.
“Tuve un accidente laboral al comienzo de llegar, la empresa se desentendió y ahora tengo una deuda de 4.000 euros”, afirma, desde la localidad francesa de Beaucaire, Rocío (nombre ficticio), una mujer de origen colombiano que residía legalmente en España cuando le ofrecieron ir a trabajar a Francia a través de una ETT. “Tuve un accidente laboral y la empresa me dijo que en Francia pueden echar a quien se accidenta: se aprovechan de que no dominamos el idioma ni conocemos las leyes del país”, opina, por su parte, Jesús (nombre ficticio), que reside actualmente en Beaucaire después de años trabajando en el campo en la provincia española de Murcia.
“Los trabajadores que sufren más precariedad, y que están más sometidos a presión para aumentar su productividad, son también los que están más expuestos a accidentes laborales”, sostiene Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria Global.
Esta ONG acaba de publicar un informe en el que se analizan las condiciones de diferentes tipos de trabajos vinculados al sector primario: la recolección del fruto rojo, las conserveras y los mataderos de la industria cárnica. “La precariedad asociada a estos trabajos y la falta de derechos acaba teniendo una incidencia enorme en términos de siniestralidad laboral. Además, en ocasiones el trabajador no toma la baja porque es un falso autónomo, o está por ETT, o no está contratado”, explica Guzmán.
Los riesgos que contienen los pesticidas
Pero tal vez uno de los principales problemas de salud que afecta a los trabajadores del campo, y también de los más invisibilizados, tiene que ver con su exposición a agroquímicos potencialmente dañinos para la salud. “Muchas veces, no se nos da ningún tipo de protección cuando tenemos que introducir un plantín en una tierra que acaba de ser fumigada. Sucede incluso que, a veces, viene fumigando un trabajador, adecuadamente protegido, y prácticamente nos echa el veneno encima”, narra Ana Pinto.
Entre los componentes de muchos agroquímicos que utiliza la industria agrícola, y especialmente de insecticidas y otros pesticidas, figuran sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Muchas de ellas funcionan como disruptores endocrinos, esto es, pueden alterar el correcto funcionamiento hormonal, afectando, entre otros, al sistema reproductivo. Esto se traduce en alteraciones de la menstruación, problemas de fertilidad, abortos espontáneos y malformaciones fetales. En Brasil, que es actualmente el mayor consumidor de agroquímicos del mundo, investigadores de la Universidad Federal de Paraná (UFPR) han sistematizado 116 estudios científicos diferentes que son concluyentes en cuanto a las consecuencias negativas de estas sustancias sobre la salud humana y piden la realización de “estudios sobre los efectos de la exposición crónica y simultánea a diversos agrotóxicos”.
Uno de los productos más polémicos, que sigue sin embargo utilizando la industria agroalimentaria, es el Roundup de Bayer-Monsanto, compuesto por elementos como el glifosato y la atrazina. El glifosato es el herbicida más usado en el mundo para acabar con las malezas.
En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó esta sustancia como “probablemente cancerígena” para seres humanos. Su uso está prohibido en Austria y limitado en países como Bélgica, Portugal y Francia; sin embargo, la Unión Europea decidió en 2017 permitir su uso durante cinco años más, y en 2022 volvió a autorizarlo.
El Comité de Evaluación de Riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), una vez más, clasificó el glifosato como una sustancia que causa graves daños oculares y que es tóxica para la vida acuática, pero volvió a descartar su relación con distintos tipos de cáncer. La coalición de ONG Prohibir el Glifosato cuestionó esta decisión de la ECHA, que obvió las pruebas científicas presentadas en contra del uso del glifosato.
Otras sustancias utilizadas por la industria han generado menos polémica que el glifosato, pero son igualmente peligrosas. Es el caso del paratión y otros elementos que habitualmente componen los llamados “plaguicidas organofosforados”, que tienen la propiedad de bloquear la colinesterasa, una sustancia que necesita el organismo para que funcionen el cerebro y el sistema nervioso. Un informe de 2021 de la organización Earthjustice concluyó que trabajadores agrícolas de al menos ocho estados de los Estados Unidos se encuentran en riesgo de desarrollar problemas neurológicos debido a su exposición prolongada a pesticidas organofosforados. Ocho de los 17 pesticidas revisados por los investigadores se asociaron con daños reproductivos o se caracterizaron como cancerígenos. La conclusión del estudio es que “todos los organofosforados están relacionados con la discapacidad intelectual”, y por tanto la Agencia de Protección ambiental estadounidense debería prohibir su uso en alimentos.
Aunque los agrotóxicos afectan a la salud de quienes consumen los alimentos, su efecto es más serio para quienes habitan alrededor de los lugares fumigados, y más aún para los trabajadores del campo. En este último grupo, las trabajadoras se llevan la peor parte: hay evidencias científicas –como señalan, entre otros, los trabajos de la investigadora Carme Valls-Llobet– que señalan que el impacto puede ser mayor en la salud de las mujeres. Esto sucede tanto por factores biológicos, que tienen que ver con el mayor porcentaje de grasa corporal en las mujeres –que facilita que persistan en el organismo las toxinas– como también por motivos culturales, ya que a menudo las mujeres están más expuestas simultáneamente a diversas sustancias, pues utilizan con mayor asiduidad productos de limpieza así como cosméticos.
Publicado originalmente en Equal Times