Las comunidades mayas, tsotsiles, tzeltales y choles presentaron una demanda de juicio de amparo contra su construcción ya que el Estado mexicano violó el proceso de consulta previa al no respetar el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales. Los pueblos indígenas piden respeto a su autonomía y libre determinación, y también reclaman por su integridad física, moral y psicológica.

El llamado Tren Maya es un proyecto de reordenamiento territorial que incluye la puesta o renovación de vías de tren que atraviesan los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde existen pueblos indígenas que forman parte de la familia etnolingüística maya.

La consulta previa es una obligación del Estado de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las recomendaciones de los Relatores Especiales para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En los últimos tres sexenios, incluyendo el actual de Andrés Manuel López Obrador, los presidentes mexicanos han sido señalados por incumplimiento de esas obligaciones internacionales.

Créditos: Israel Angeles Martinez

El Estado tiene el deber de establecer las condiciones para cumplir con los estándares internacionales y garantizar que los proyectos de minería, petróleo u obra pública sean comprendidos por los pueblos afectados. De manera libre, sin dolo, mala fe, error o ignorancia, los indígenas deben poder tomar la mejor decisión sobre las medidas del Gobierno que pudieran poner en riesgo sus derechos fundamentales: la libre determinación como expresión de su autonomía, integridad de sus tierras y territorios, y la preservación de su hábitat.

Los organismos internacionales como el Comité contra el Racismo y la Discriminación de la ONU, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatora Especial para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas coinciden en que el llamado Tren Maya no cumple los estándares y violenta los tratados internacionales. Por esta razón, los indígenas mayas, tsotsiles, tzeltales y choles presentaron el pasado 6 de enero de 2020 una demanda de juicio de amparo ante el Juzgado 1º en el Estado de Campeche.

Señales que llevaron al juicio de amparo

Como juicio de garantías a los derechos humanos, un juicio de amparo requiere de la voluntad de los directamente violentados en sus derechos como los indígenas y sus pueblos. En el caso del llamado Proyecto de Desarrollo de Tren Maya, 19 habitantes de los territorios afectados decidieron iniciar este largo camino. Nucleados en el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) y con el apoyo de la ONG Diálogo y Movimiento (DIMO, A.C.) decidieron interponer un juicio de amparo porque han observado que el Ejecutivo Federal (el presidente y su gabinete) ha hecho oídos sordos a la denuncia de errores graves en el proceso de consulta como pasar por alto derechos fundamentales de los indígenas señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Federales. Estas son algunas señales que los llevaron a tomar este camino:

1. El 15 de noviembre de 2018, se dirigió una carta al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la que se señalaba con preocupación que el llamado Tren Maya no cumplía los derechos humanos, los principios constitucionales, los principios de convencionalidad ni los principios pro-personas, y una serie de principios de los derechos humanos.

2. El 29 de agosto de 2019, el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU emitió una recomendación al Gobierno mexicano, en la que señalaba su preocupación por la información de que los procesos de consulta previa sobre los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico no habían tomado en cuenta la palabra de comunidades. El comité recomendó que el Estado mexicano pusiera sus informes presentados a disposición del pueblo. Hasta la fecha, el Ejecutivo Federal no ha respondido al Comité contra el Racismo: una acción que está obligado a hacer por la comunidad internacional.

“Los indígenas deben poder tomar la mejor decisión sobre las medidas del Gobierno que pudieran poner en riesgo sus derechos fundamentales”

3. La Comisión de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal dio a conocer que juntó alrededor 6 mil firmas en el Estado de Chiapas, pronunciándose en contra del Proyecto Transístmico y sobre todo, del llamado Tren Maya.

4. Desde noviembre de 2019, el Gobierno Federal convocó al llamado de proceso de consulta y participación ciudadana sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya, para llevarse a cabo los días 14 y 15 de diciembre. Para entonces, ya se habían violentado varios estándares y principios de la consulta indígena que señala el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 6 y 7.

5. El 19 de diciembre de 2019, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México llamó la atención en el proceso de consulta sobre el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya.

Como se puede observar, la única vía que dejó el Gobierno Federal fue recurrir al juicio de amparo reclamando las violaciones a los principios del derecho internacional que regulan las consultas indígenas como el Convenio 169 de la OIT, especialmente el derecho a la autonomía y la libre determinación, que también están expresamente señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Por qué el Gobierno Federal violenta los derechos humanos?

En primer lugar, el proceso de consulta no cumple con el estándar fundamental: ser previo al proyecto. Desde que llegó al poder, el nuevo presidente de la república anunció: “El tren va porque va”. Acto seguido, empezó a descalificar a los y las especialistas que advertían los errores de la consulta previa y los riesgos para el medio ambiente. También fueron estigmatizados los indígenas que, desde dentro de las comunidades, cuestionaron la realización del Tren Maya. Así, violentó otro estándar internacional fundamental: la expresión de la voluntad y el consentimiento libre.

Por otro lado, el proceso y el proyecto violan el derecho a tener información previa, cabal y de buena fe para que los interesados puedan tomar una buena decisión sobre lo que se les está consultando. En las actas de la asamblea regional que se levantaron en la fase deliberativa y consultiva de ese proceso, se observó que la voluntad de las personas estaba influenciada por la propia necesidad de atender sus problemas más elementales y básicos como el acceso al agua y a la salud, y la certeza jurídica sobre su tierra; lo cual son derechos básicos esenciales que no debería depender de la concreción de un megaproyecto que afecte sus territorios.

Lo peor es que los funcionarios federales también admitieron que en esa fase informativa no tenían toda la información para poner a disposición de las autoridades indígenas, comisarios o agentes municipales. Así, les dijeron: “No contamos con esta información, pero ustedes vayan a sus comunidades a consultar”. Esto violenta el estándar internacional de la consulta previa.

Lo ganado hasta ahora

Sin que todavía haya terminado el juicio de amparo, hasta este momento se ha ganado mucho. En primer lugar, por lo menos dos organizaciones han contribuido a que se presente este amparo, DIMO y CRIPX, pero también participan investigadores e investigadoras, profesionales y campesinos que le ponen el cuerpo y le dan fuerza a lo que se está haciendo.

Esto significa que hemos podido expresar nuestra voz y nuestra inconformidad. Nuestra voz ya quedó en la historia de México. Se deja constancia de que sí hay oposición, sí hay inconformidad a los megaproyectos porque se imponen de la misma manera que gobiernos anteriores. No es la primera vez que resistimos. Y como no es la primera vez, sabemos que la lucha va a ser larga, hasta que realmente el Ejecutivo Federal tenga voluntad de escucharnos. Nuestra voz quedó y quedará en la historia. Nuestros hijos e hijas podrán ir con su vista en alto porque sabrán que sus padres y madres no cedieron ante la intimidación y que nuestra voz quedó ahí, y que así como nosotros ellos podrán también alzar su voz ante cualquier injusticia.

“Hemos podido expresar nuestra voz y nuestra inconformidad. Nuestra voz ya quedó en la historia de México”

Al cierre de este artículo, los compañeras y compañeros que firmaron el amparo están siendo hostigados por funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), que es una dependencia del Gobierno Federal encargada de ejecutar el Tren Maya. Esta instancia gubernamental ha querido minimizar la demanda de amparo, señalando que los firmantes no son indígenas y que son una minoría frente a una supuesta gran mayoría que aprobó el proyecto. Esto no es cierto. No solo no son una minoría, sino que quienes aprobaron el proyecto lo hicieron bajo engaño, sin la información de los estudios de impacto ambiental y social.

Por ello, el día 16 de marzo de 2020, los compañeros y compañeras del CRIPX recibieron más de 4.000 firmas de indígenas tzeltales, cho’oles, tojolabales y tsotiles que habitan en Chiapas y que forman parte de las distintas parroquias de la Diócesis de San Cristóbal. En el escrito señalan que apoyan el juicio de amparo contra el Tren Maya; piden respeto a su autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; exigen respeto a la integridad física, moral y psicológica de los hombres y mujeres que habitan Xpujil, Calackmul, Campeche; que se atrevieron a reclamar jurídicamente; y también piden que se respete a las bases sociales y comunitarias que los respaldan.

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Elisa Cruz Rueda es abogada y antropóloga. Es asesora de Diálogo y Movimiento, A.C. y del Consejo Regional Indígena de Xpujil (CRIPX).

Publicado originalmente en Debates Indígenas