Guerrero I Desinformémonos. «Sabemos que la ley dicta que el agua y el subsuelo es de nosotros, los pueblos por eso no vendemos nuestro pueblo» exclaman los habitantes Me’phaa de la Montaña de Guerrero y hacen un llamado a que el gobierno federal cumpla con el fallo que otorgó un amparo que suspende la actividad minera en el territorio de Juba Wajiín.
Sin embargo, el 4 de agosto la Secretaría de Economía (SE), a través de su titular, Ildefonso Guajardo Villarreal interpuso un recurso de revisión en contra del amparo otorgado el 28 de junio al territorio de San Miguel el Progreso (Juba Wajiín) del pueblo Me’phaa de la Montaña de Guerrero. El recurso de revisión de la SE fue turnado al Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Vigésimo Primer Circuito con sede en el puerto de Acapulco informa la revista Proceso.
El 28 de junio de 2017 la Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, dictó sentencia dentro del juicio de amparo 429/2016 a través de la cual el territorio Juba Wajiín obtuvo el amparo federal contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos que dejaba a su territorio libre para realizar actividades mineras.
Durante los últimos siete años, los indígenas Me’phaa (tlapanecos), que habitan en la comunidad Júba Wajiín (San Miguel del Progreso del municipio de Malinaltepec), con la asesoría legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han obtenido dos amparos de la justicia federal que prácticamente dejaron sin efecto el proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas en las regiones de la Montaña y Costa Chica.
video: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Este fallo inédito reconoce y garantiza los derechos colectivos de la comunidad y es la primera vez que a través de la vía judicial se le ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente una Declaratoria de Libertad de Terrenos a favor de la comunidad y no de las empresas.
En 2010, la Secretaría de Economía otorgó 44 concesiones a la empresa británica Hochschild y la mexicana Zalamera para explotar durante 50 años el oro de una extensión que abarca el 84 del territorio Júba Wajiín.
En 2015, la misma dependencia declaró “zona libre para la actividad minera a la región Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Todo esto, sin el consentimiento de la comunidad indígena que aglutina 20 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica.
Los abogados de Tlachinollan, señalaron que con el amparo otorgado se cancela la posibilidad de que cualquier empresa interesada en la explotación minera pueda llegar y pedir concesiones sobre esos lotes.
En todo caso, señalaron, las empresas y el gobierno federal deberán realizar los trámites de concesión respetando los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho al territorio y a la consulta previa que sea libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia, indicaron.
Sin embargo, a poco más de un mes del amparo otorgado por la justicia federal, la Secretaría de Economía decidió hacer uso de su derecho constitucional para tratar de revertir el fallo y seguir insistiendo en promover concesiones para desarrollos mineros en el territorio Juba Wajiín.
Con información de la Revista Proceso y del CDH de la Montaña Tlachinollan
