Foto: Alianza por la Solidaridad

Ciudad de México | Desinformémonos. Indígenas del departamento de Alta Verapaz, al norte de Guatemala, protestaron para denunciar a un grupo de empresas hidroeléctricas que se apropiaron de los caudales del principal río regional, lo que les impide el libre acceso al agua.

Las empresas son de capital español y se instalaron sin consultar previamente a los pueblos indígenas, por lo que interpusieron una denuncia ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por contaminación y «desecamiento en el río Cahabón», debido al gran impacto ambiental que representa la instalación de presas hidroeléctricas.

El río Cahabón es uno de los principales cursos fluviales en Guatemala, y en su recorrido de casi 200 kilómetros de longitud atraviesa casi por completo al departamento de Alta Verapaz, donde el pueblo Poqomchi’, que en toda esa nación centroamericana cuenta con más de 100 mil hablantes, se abastece de agua para sus prácticas agrícolas y el consumo.

Los indígenas denunciaron que desde que las empresas tomaron el río, el acceso al agua es cada vez más difícil, además de que provoca que los cultivos se sequen. Por otra parte, son 12 mil familias las que resultaron afectadas de forma directa por un tramo de 30 kilómetros que se desviaron del río para atender las demandas de las hidroeléctricas.

El presidente Jimmy Morales comprometió cerca de 270 millones de dólares para la construcción de las obras en la zona, y para ello se subcontrató al Grupo Cobra, de España, del presidente del futbolístico Real Madrid, Florentino Pérez.

Además del pueblo Poqomchi’, a las orillas del río viven alrededor de 29 mil indígenas mayas quekchí que dependen de Cahabón para sobrevivir y que su abastecimiento de agua se detuvo por la acción del complejo hidroeléctrico.

La organización Alianza por la Solidaridad indicó que el Consejo del Pueblo maya quekchí denunció a través de un comunicado la persecución a la que “están siendo sometidos por parte de desconocidos”, y que los dirigentes indígenas son acusados de “delitos de todo tipo, desde violencia de género, hasta fraudes o estafas”, de los que no se aportan pruebas y sólo tienen la intención de “generar desconfianza hacia ellos” por haber encausado las quejas de las comunidades frente al “secuestro” de su río.

Guatemala es el segundo país del mundo con mayor población indígena después de Bolivia, pero también es una de las naciones en la que los derechos de los pueblos son los más vulnerables por la construcción de megaproyectos de empresas trasnacionales y apoyados por las autoridades del gobierno, las cuales pretenden apoderarse de las tierras y los recursos naturales con el propósito de obtener beneficios monetarios sin la previa consulta de las comunidades, que resultan las más afectadas por la devastación de los ecosistemas, la contaminación del agua y el suelo, y la intimidación y amenazas contra sus defensores.

Con información de agencias