Foto: Entrega de solicitudes de asilo durante una acción de protesta ante el colapso en los procesos de refugio. Julio, 2019. (Álvaro Minguito)

El pasado 15 de abril, el Gobierno de España, a través del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciaba ante el Congreso una medida de regularización extraordinaria que autorizaría el trabajo de personas migrantes con formación sociosanitaria frente a la crisis del covid-19. Sin embargo, la puesta en marcha de esta propuesta ha quedado en la nada, frustrando las expectivas de cientos de profesionales extranjeros que durante semanas estuvieron pendientes de la posibilidad de ver reconocidas las especialidades que cursaron y obtener la habilitación para su ejercicio.

No fue el único momento en el que asomó una cierta esperanza de un proceso regulatorio excepcional y esta fue desmentida. Ocurrió también con el RD 13/2020 referido a la contratación en el sector agrario de cientos de miles de personas migrantes con carácter temporal, supeditada a la duración de la campaña de cosecha, para asegurar el abastecimiento, una medida calificada como cortoplacista y utilitarista por numerosas entidades defensoras de los derechos de personas migrantes y refugiadas agrupadas bajo la campaña #RegularizacionYa que es respaldada por la Asociación Mujeres de Guatemala AMG, SOS Racismo, SEDOAC y el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, entre muchas otras.

La súbita marcha atrás en el primer anuncio, sin explicación aparente y pese a la contingencia sanitaria, al tiempo que, en el segundo caso, se decidió emplear a personal de temporada con permisos de trabajo que caducarían a las puertas del verano, apunta a una lógica selectiva y discriminatoria, en palabras de la directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, Adilia de las Mercedes. “España, fiel a su tradición de reservar los trabajos con menor reconocimiento social y económico para las personas inmigrantes y refugiadas vulnera su derecho humano al trabajo y también a la igualdad, en aras de una supuesta protección del mercado de trabajo para sus connacionales. Existe una manifiesta falta de voluntad política y, consiguientemente, falta de recursos puestos a disposición para efectivizar el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas”.

MUJERES ESPECIALMENTE VULNERABILIZADAS

La Ley de Asilo española contempla el derecho a la autorización de residencia y trabajo permanente, además del acceso a los servicios públicos de empleo. Esto implica que el permiso de trabajo está condicionado a una resolución favorable de la solicitud de asilo, algo inalcanzable para la mayoría de la población refugiada procedente de América Latina cuya denegación de peticiones de protección internacional se sitúa en torno al 95% de los casos.

Latinoamérica es una de las zonas más letales del mundo para nacer y ser mujer. Según la CEPAL, en 2019 fueron asesinadas 3.800 mujeres por el hecho de serlo y 3 de las 5 tasas más altas de feminicidio de la región se registraron en Centroamérica. Esta y muchas otras formas de violencia, incluida la violencia institucional, obligan a muchas mujeres a huir de sus países de origen en búsqueda de protección internacional.

Tras estas cifras se esconden historias de vida de personas vulnerabilizadas, muchas de ellas mujeres que representan, junto a niñas y niños, el 70% de personas refugiadas en el mundo. Buena parte de las que han huido a España desde la región latinoamericana para salvaguardar su vida, son profesionales con experiencia laboral y competencias en las más diversas áreas. Pese a ello, se ven impedidas de acceder a un permiso de trabajo hasta seis meses después de planteada su solicitud de protección internacional, algo que las condena a un limbo vital y de subsistencia material.

El permiso de trabajo está condicionado a una resolución favorable de la solicitud de asilo, algo inalcanzable para la mayoría de la población refugiada procedente de América Latina

“¿Qué sentido tienen esos seis meses cuando el sistema ha demostrado ser incapaz de gestionar en ese tiempo la mayoría de solicitudes de asilo?”, interpela De las Mercedes. A ello se añade que la homologación de los títulos profesionales de mujeres migrantes o refugiadas puede tardar varios años, dependiendo de la especialidad y de la acumulación de expedientes de petición de asilo en un sistema desbordado. A día de hoy, se calcula que hay  100.000 de estos expedientes sin resolver, sergún organizaciones de derechos humanos, una traba adicional que condena a estas mujeres a trabajar en puesto ajenos a su formación o no cualificados con la aparejada precariedad que esto suele suponer.

PRECARIEDAD, ECONOMÍA SUMERGIDA Y EXPLOTACIÓN

En recientes declaraciones la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó de “una vergüenza” que exista un mercado de trabajo de explotación y semiesclavitud en los campos de cosecha españoles, donde hay mujeres temporeras que migran estacionalmente, muchas de las cuales, además, han denunciado acoso y violencia por parte de sus empleadores en el pasado ¿A qué responde entonces la persistencia de barreras legales y políticas que dificultan el acceso a un trabajo en condiciones dignas para mujeres migrantes y solicitantes de asilo abocándolas a una doble vulnerabilización?

“El interés económico está claramente representado por la mayor rentabilidad para los empleadores, sin la contraprestación de garantías para las y los trabajadores. Que se pueda pagar menos, no cotizar a la seguridad social, despidos sin que en la práctica se pueda apelar y la amenaza constante de la deportación, hacen de las personas inmigrantes y refugiadas en general, y de las mujeres en particular, sujetos más fácilmente explotables. El interés político, en mi opinión, es esa supuesta defensa del mercado de trabajo para los connacionales frente a personas que son recreadas sistemáticamente como invasoras”, reflexiona De las Mercedes.

Este cuadro supone una carga de estrés y discriminación múltiple acumulada por los interminables plazos institucionales de espera y por la exclusión constante de las personas refugiadas, desde las propias legislaciones e instituciones que agudizan el trato racista, con su consecuente restricción de derechos e indefensión. Una paradoja al ser solicitantes de asilo que buscan garantías de protección tras situaciones de persecución y violencias específicas por el hecho de ser mujeres en muchos casos. Algo que compromete, además, su autonomía económica en una situación crítica.

“Me he sentido como un instrumento. Las puertas están abiertas solo en ciertos sectores y bloqueadas para otros sectores para los que estoy cualificada”

Ante la pregunta de si le hubiera gustado contribuir con su experiencia a salvar vidas en España frente a la pandemia, la médica venezolana Pilar Mejía expresa: “estamos bajo juramento hipocrático al recibir el grado… debemos amor al prójimo ante el dolor y la enfermedad y como persona lo consideraría un privilegio”.

Georgina Molina, psicóloga nicaragüense especialista en violencia de género, refugiada en España desde hace dos años, expresa abiertamente su frustración ante la imposibilidad de ejercer su carrera en donde reside. “Me he sentido como un instrumento. Me dicen cuál y dónde es mi lugar en este sistema como un objeto y no como una persona sujeta de derechos. Las puertas están abiertas solo en ciertos sectores y bloqueadas para otros sectores para los que estoy cualificada”. 

Los casos se multiplican y entre ellos se cuenta el de Nelly, profesora universitaria colombiana que, debido a las amenazas recibidas en origen por su activismo político y tras capear la crisis económica de 2008 en España, debió abocarse a la informalidad laboral en el sector del cuidado donde aún permanece. Algo que se repite con Aurora, defensora trans de derechos humanos y LGTQBI hondureña que, pese a una trayectoria destacada en esta área, terminó en el sector de la limpieza y los cuidados. Ambas prefieren preservar su identidad real por el estigma social que, en la mayoría de casos, la doble condición de mujer y de refugiada que huye de la violencia política y la violencia de género, respectivamente, supone.

Georgina Molina considera en este sentido que la percepción generalizada es que “no nos ven como personas, no nos ven con capacidades. A veces he sentido que estorbo en este sistema. Me frustra no poder ejercer en lo que sé que puedo hacer. Es triste sentirte atada por un sistema que no te valora”.

Las mujeres migrantes y refugiadas que sí cuentan con la ventaja de tener un contrato cotizan, además, a una Seguridad Social ávida de fuerza laboral para su sostenibilidad y, especialmente, para contribuir al presupuesto público requerido, por ejemplo, para el pago de pensiones. Según cálculos de la UGT, para diciembre de 2019 el conjunto de población migrante aportaba el 10% de sus ingresos frente al 0,9% de las prestaciones sociales percibidas.

LAS VIDAS MIGRANTES TAMBIÉN IMPORTAN

La exigencia de una regularización urgente, permanente y sin condiciones de las personas migrantes y refugiadas se repite con insistencia por estos días y, además de ser reseñada por incontables medios, se percibe de forma creciente como una medida de emergencia a adoptar por parte de la sociedad civil organizada.

El movimiento  #RegularizaciónYa da cuenta de la necesidad de reconocer, en tiempos de pandemia, a todas las personas migrantes y refugiadas como sujetos de pleno derecho

El movimiento autoconvocado de entidades antirracistas #RegularizaciónYa da cuenta de esta necesidad de reconocer, en tiempos de pandemia, a todas las personas migrantes y refugiadas como sujetos de pleno derecho, al tiempo que demanda el fin de un “racismo institucional” en este contexto.

“Es un momento fundamental para que el Gobierno ponga en valor el derecho humano al trabajo en condiciones dignas y tome nota de las medidas de países vecinos. Debe posicionarse al lado de las personas más vulnerabilizadas, aquellas en quienes convergen las discriminaciones múltiples por ser mujeres, por ser pobres y por escapar de situaciones de hambre y de violencia”, zanja De las Mercedes.

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