Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México | Desinformémonos. Los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca fueron condenados a 19 años, cinco meses y un día de prisión por los delitos de violación y de tortura contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa, a través del fallo emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero a 16 años de la agresión.
Además, se obligará a los sentenciados a pagar la reparación del daño a favor de Rosendo, cuyo testimonio sobre las agresiones sexuales a las que fue sometida en 2002 fue reconocido por el juez como elemento probatorio fundamental.
Respecto a la sentencia, Valentina Rosendo expresó: “Se me llena de emoción el corazón porque soy una mujer indígena que habla Me’phaa y ganó mi palabra, ganó la verdad, porque desde el principio el gobierno no me creyó y ahora triunfó mi búsqueda de justicia; siento que hay una esperanza”.
“Esta es la primera vez que México cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a militares responsables de violaciones de derechos humanos a raíz de una sentencia del tribunal interamericano”, expresó Marcia Aguiluz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (CEJIL).
La resolución tomó en cuenta la desigualdad estructural en la que se encontraba Valentina al ser indígena, “lo que la hizo susceptible de abuso y violación a sus derechos, que sumada a la circunstancia de ser mujer menor edad, también evidenció una asimetría de poder, pues sus agresores fueron militares con los cargos de cabo y soldado de infantería, respectivamente, ante una particular mujer indígena y menor de edad, mostrando una clara ventaja en la preparación y la instrumentación al portar armas de fuego”.
“Por ello, esta sentencia es un hito y una prueba de que la impunidad se puede romper a pesar de no existir voluntad, porque Valentina persistió, las organizaciones continuaron acompañándola y hubo una jueza independiente”, agergó Aguiluz.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera, explicó que los militares, “al ostentarse como un grupo armado, actúan como si no hubiera leyes que los obliguen a respetar los derechos de las personas”.
La investigación de los hechos había iniciado en México ante la justicia militar, pero al ver que no prosperó, inició proceso ante el sistema interamericano y el 31 de agosto del 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra del Estado mexicano, así como le ordenó 16 medidas de reparación.