Por las condiciones inhumanas, malos tratos, torturas, entre otros hechos denigrantes, miles de presos políticos iniciaron una huelga de hambre por tiempo indefinido desde el 9 de noviembre en más de 10 penitenciarías de Colombia, entre los que se encuentran el Eron-Picota, Cunduy, La Dorada, Pedregal, Bellavista, Heliconias, La Tramacua, Picaleña, San Isidro, Jamundí, Palo Gordo, Cúcuta, Arauca, Buen Pastor, Acacias y Combita.

Los presos del centro carcelario Eron-Picota, instaron a organizaciones políticas y sociales, como la Conferencia Episcopal de Colombia y el Observatorio por la Paz, así como al gobierno federal, a que asistieran en una visita a las penitenciarías del país para establecer un “cordial y propositivo” diálogo con los portavoces del movimiento.

Si sus solicitudes no son valoradas, los reclusos afirmaron que están dispuestos a hacer “todo lo que sea necesario” para que la atención se enfoque en ellos, como coserse los labios y continuar con la huelga de hambre, a fin de que al menos los presos enfermos graves sean liberados, indicaron los internos del Complejo Penitenciario y Carcelario de Cúcuta (Cocuc) en un comunicado.

La repatriación de todos los confinados en cárceles extranjeras y la libertad para los presos políticos son algunas de las exigencias de los detenidos de la Penitenciaría de Coivas Picaleña, en Ibagué-Tolima.

El Comité de Solidaridad con Presos Políticos informó que existen denuncias de que trabajadores del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), están intimidando a los reclusos mediante amenazas de traslado a celdas de aislamiento.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en una visita del 9 al 13 de noviembre a los centros carcelarios de Colombia, concluyó que es necesaria la creación de políticas que protejan los derechos humanos de los presos, y que combatan la sobrepoblación en las cárceles del país.

Con información de Adital