El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) interpuso ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción en contra del Estado de Honduras por la “criminalización” de la dirigenta indígena Berta Cáceres, sobre quien pesa una orden de prisión formal por supuestos daños a la empresa DESA-SYNOHIDRO.

Así lo informó Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del CEJIL, en entrevista con la agencia de noticias Efe.

Cáceres, de la etnia Lenca, es coordinadora del Comité Cívico de Organizaciones Campesinas Populares e Indígenas (Copinh), y está acusada de provocar daños a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. – SYNOHIDRO, que desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Esto es en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá, en el oeste de Honduras.

El pedido de prisión preventiva contra la dirigenta fue dictada por la jueza Alicia Reyes, del Juzgado Primero de Letras en Intibucá, el pasado 20 de setiembre.

DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, acusa a los dirigentes indígenas – también son acusados, aunque sin orden de prisión efectiva Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño- por los cargos de “usurpación de tierras”, “coacciones” y “daños”.

El caso de Berta Cáceres ha llamado la atención de una importante cantidad de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según explica Aguiluz esta nueva forma de operar del gobierno es el “ejemplo de una nueva modalidad de persecución, como es utilizar el aparato judicial para impedir que los defensores cumplan su labor”.

Aguiluz indicó, además, que ha solicitado una audiencia ante la CIDH para explicar el caso de Cáceres.

Según explican las organizaciones que siguen el caso de la dirigenta lenca, la jueza basó su sentencia solo en la acusación interpuesta y las declaraciones de testigos, quienes son empleados de DESA.

Asimismo, informaron que han interpuesto un recurso de amparo para detener la orden de captura contra la dirigenta.

El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que busca represar el río Gualcarque, en territorios indígenas Lenca, nunca fue consultado tal como lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras en 1995.

En los últimos días han sido numerosas las organizaciones defensoras de derechos humanos que han expresado su preocupación por el modo cómo el Gobierno ha venido criminalizando a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.