La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) manifestó su preocupación ante las recientes agresiones sufridas por la defensora de San Luis Río Colorado, Sonora (México) Martha Solorzano, presidenta de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., quien es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La defensora sonorense lleva desde hace años luchando contra la impunidad que ampara a la policía municipal de San Luis Rio Colorado  a cometer todo tipo de atropellos que van desde violaciones, palizas y colusión con el narcotráfico. Denunciar tal situación la ha llevado a recibir amenazas directas de agentes, magistrados, y hasta de personal del propio gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Los hechos

Según información difundida por IM-Defensoras, el pasado lunes 19 de octubre de 2015, Martha Solorzano acudió a una audiencia ante la Contraloría del Municipio de San Luis Río Colorado, cuya titular es María de Jesús Gastelum, en acompañamiento de una mujer adulta mayor a quien le fue robado su vehículo por parte de policías municipales, el cual posteriormente fue vendido en el mercado negro del municipio.

La audiencia tenía como finalidad el careo entre la víctima y los policías quienes presuntamente habían robado el vehículo. En cuanto el policía municipal acusado vio a Martha Solorzano, comenzó a insultarla y a gritar “qué hace aquí ésta vieja”. El policía exigía reiteradamente a la contralora que sacara a la defensora de la audiencia, a lo cual la contralora, después de varios minutos, señaló “por eso está calladita”, “solo verá la audiencia”. En ese instante, el policía agarró su teléfono celular e hizo llamadas al exterior del edificio, describiendo la forma en cómo iba vestida e informando al interlocutor que le avisaría en cuanto la defensora abandonara el edificio.

Cuando la audiencia estaba concluyendo, el mismo policía municipal volvió a realizar hasta cuatro nuevas llamadas intimidatorias contra Martha Solorzano. Ante esta última agresión, la defensora tomó dos fotografías del policía con el fin de denunciarlo por amenazas. El policía comenzó a actuar de manera violenta, siendo tolerado por la contralora municipal, quien exigió que la defensora borrara las fotografías. Es en este momento cuando Martha Solorzano decidió comenzar a grabar en video los hechos con su teléfono. Acto seguido el policía arremetió contra ella, lanzando un golpe con el puño cerrado, el cual la defensora pudo esquivar.

El policía lanzó un segundo golpe, el cual alcanzó a impactar en su brazo, lo que ocasionó que su teléfono se cayera al suelo. Afortunadamente el policía no pudo continuar agrediéndola, gracias a la intervención de un periodista.

En la tarde del mismo 19 de octubre, al llegar a su domicilio, Martha Solorzano se percató de que este había sido allanado: muchas de sus pertenencias estaban en el suelo, había diversos cajones abiertos y le habían sustraído su computadora portátil, una tablet y una cámara, así como documentos de respaldo de las denuncias que ella ha presentado y ha acompañado.

Resalta el hecho de que sobre la chimenea, a la vista de cualquiera que entrara a la casa, había 800 pesos en efectivo y algunos dólares estadounidenses que no fueron sustraídos. Las cámaras de seguridad instaladas por el Mecanismo lograron capturar el momento en que una persona saltó la barda de la casa de la defensora. Dicha persona permaneció alrededor de una hora y media en el domicilio de la defensora y, al salir, trató de vender los artículos que había robado en la casa de la defensora a una persona que cruzaba la calle, conocido de la defensora, quien se negó a aceptar el artículo robado. Este testigo relató que el perpetrador, que se retiró en tres patrullas de policía municipal, le comentó que los policías lo habían mandado a matar a Martha Solorzano, pero que, al no hacerlo, lo golpearon.

El día 24 de octubre la defensora se encontró con el perpetrador del allanamiento, quien presentaba lesiones visibles en la cara que se presume fueron causadas por los mismos policías municipales al no haber asesinado a la defensora, tal y como lo relata el testigo. Ante esta situación, Martha Solorzano se dio a la tarea de identificar al agresor, resultado de lo cual la defensora descubrió que éste vive a cuatro cuadras de su domicilio.

Para IM-Defensoras, que ambas agresiones hayan sucedido de manera secuencial el día 19 de octubre no parece ser una simple coincidencia, así como la participación de patrullas municipales posterior al allanamiento de su casa. Actualmente Martha Solorzano teme por su vida, toda vez que tiene sospechas de que esa persona había sido enviada para matarla y no para allanar su casa. Por este motivo, la defensora no ha regresado a su domicilio.

El pasado 8 de septiembre varias organizaciones de derechos humanos en México, tras una agresión perpetrada por policías municipales contra la defensora el 27 de agosto, lanzaron una ‪#‎AlertaDefensoras advirtiendo del incumplimiento por parte de la SEGOB de su deber de garantizar la efectiva implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el caso de Martha Solorzano, así como de los riesgos a que la defensora se halla expuesta por tal motivo, tal y como evidencian los hechos recientes.

Ambas organizaciones exigieron en un comunicado que se integren estos hechos de agresión contra la defensora de derechos humanos Martha Solorzano a la carpeta de investigación y se sancione a los responsables.

Quejas al Mecanismo

En palabras de la sonorense, la última vez que recibió protección por parte del Mecanismo fue en este año, cuando desde la Secretaría de Gobernación estatal le asignó tres exmarinos para su protección, contratados a través de una empresa de seguridad conocida como RCU.

“Yo no los quería, tenían 55 años, estaban mayores, físicamente estaban mal, además de tener problemas alcohólicos. Me enfermaba de los nervios. Además se coludieron con mis agresores, se hicieron amigos de los policías y hasta uno de ellos me dijo que si le daba la gana me iba a entregar, ya que aquí hay mucho dinero.”

La pesadilla continuó cuando esos mismos escoltas se volvieron sus propios acosadores, según narra Solorzano. Hasta que un día, esos sujetos chocaron en un accidente de coche y los meten en la cárcel.

Solorzano lleva desde el 2012 en el Mecanismo, donde al principio se le brindó durante 11 meses un par de escoltas, proporcionados por el estado de Sonora. Las abogadas Diana Díaz y Silvia Vázquez del Mecanismo, llamaban hasta 30 veces al día a la oficina de Padrés para que se me proporcionara seguridad. “Estuvieron un mes así”.  Esos meses, relata la defensora que fueron tranquilos, ya que con los guardaespaldas, era más dificultoso el hostigamiento. Eso fue, hasta que se implicó en la denuncia a 12 agentes municipales implicados en violar a cuatro chicas en los calabozos de la comisaría de San Luis. Como acción, lleva una pancarta durante una comparecencia  pública del mandatario estatal en el pueblo, donde reza “gobernador solapador de violadores”. Es golpeada y agredida por cerca de 40 policías municipales. Posteriormente el gobierno del estado le retira la seguridad asignada y se traslada al Distrito Federal.

“Ahora me encuentro sola”, dice la activista sonorense, quien depende enteramente de la ayuda de organizaciones internacionales que le están dando cobertura.