Ciudad de México, 13 de febrero de 2015. Este viernes la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difundió en Ginebra, el informe del Relator Especial sobre tortura y otros tratos en México. La tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que asista a México en la eliminación de la tortura, desaparición forzada, así mismo combatir la impunidad y una real reparación de las víctimas.
El Relator Especial, Juan Méndez, expresó su extrema preocupación por lo ocurrido el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando policías municipales, en colusión con el crimen organizado, desaparecieron a los 43 estudiantes Normalistas, asesinaron a seis, muchos con muestras de torturas, e hirieron a más de 20 personas.
Después de más de cuatro meses de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGR), en cabeza de Jesús Murillo Karam, informaron a finales del mes de enero las conclusiones de la indagación en el caso de Ayotzinapa, tan sólo basándose en los testimonios de los presuntos miembros del grupo Guerreros Unidos, con el fin de dar por culminada la averiguación.
El pasado nueve de febrero la PGR criticó fuertemente un informe emitido por El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que contradice su versión oficial sobre el caso de Ayotzinapa. Ante esto el Relator de la ONU exhortó al Estado mexicano para que las pericias forenses practicadas por particulares sean admitidas como pruebas y valoradas en iguales términos que las pericias oficiales.
El comité contra la Desaparición Forzada le recomendó a México la creación de una unidad especializada para investigar estos casos. De igual forma reconocer públicamente la dimensión de la impunidad en casos tanto de desaparición, como de tortura y a investigar y castigar conforme a la normativa internacional. Expedir una Ley general que tipifique la tortura en toda la República.
La tortura y los malos tratos son generalizados en México
El dictamen que se compone de 21 páginas, elaborado por diez expertos independientes que componen el Comité, señaló que la tortura en México es una práctica utilizada frecuentemente por elementos de la policía y agentes ministeriales tanto estatal como municipal y por miembros de las fuerzas armadas. Es dificultoso conocer un número real de casos de torturas. No existe actualmente un registro nacional de casos y cada entidad tiene datos propios.
Las autoridades mexicanas utilizan de manera predominante la tortura desde la detención hasta la presentación de la persona detenida ante una autoridad judicial con el objetivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria. El informe también detalla las cifras que arrojaron una encuesta realizada por el Centro de Investigación y docencia económica, un alarmante número de detenidos confesaron haber sido víctimas de golpes durante la detención, así como forzadas a firmar declaraciones.
El documento difundido en la mañana del viernes, puntualizó que muchas de las personas encuestadas en centros de investigación federales, fueron detenidas sin ninguna orden judicial por personas muchas veces vestidas de civil y sin ninguna investigación. Las personas son conducidas a lugares desconocidos, incluyendo bases militares donde continúan los malos tratos, que van acompañados de golpes con puños, pies y palos; toques con dispositivos eléctricos, asfixia con bolsa de plástico introducción de agua con un trapo en la boca; desnudez forzada; suspensión; amenazas e insultos.
El relator especial expresó que conoció de casos donde las víctimas fallecieron a causa de las torturas padecidas, y casos donde la tortura acompaña ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y añadió que los procesos judiciales de las personas detenidas evidenciaron irregularidades desde la detención; excesivas demoras, errores y derechos a una buena defensa pues reiteradamente las víctimas deben denunciar la tortura ante el mismo cuerpo al que acusan de cometerla o permitirla.
Desaparición forzada
El dos de febrero durante una visita a Ginebra, Suiza, dos padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, entregaron al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, un informe realizado por varias organizaciones de derechos humanos sobre el caso de sus hijos, además de una petición para que se exhorte al gobierno mexicano a no cerrar el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
Según Amnistía Internacional (AI), 23 mil desapariciones registrados en el país desde el inicio de la guerra contra las drogas en 2006. El Relator Méndez, recibió preocupantes testimonios relativos a las excesivas demoras, errores, falta de información, estigmatización y hostigamiento que reciben los familiares de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda e identificación de restos, lo que también puede constituir malos tratos. Esto abarca delitos cometidos tanto por agentes estatales como por particulares.
El comité le recomienda al gobierno mexicano la necesidad de crear un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante».
El registro, mencionó en el informe el Relator, deberá incluir información como el género; edad, nacionalidad, lugar y fecha de desaparición y detallar si se trata de una desaparición forzada o una cometida sin ninguna participación de agentes estatales, además de una base de datos actualizada permanentemente, así como datos estadísticos respecto a casos de desaparición forzada aún cuando estos se hayan esclarecido.
