José Clemente May Echeverría recuerda el día en que Homún realizó su propia consulta indígena como el evento más bonito que ha vivido en los últimos años. En octubre de 2017, la decisión que se sometió a consideración de este pueblo indígena maya en Yucatán, en el sureste de México, era si permitían o no la operación de una megagranja para la producción de cerdos en su territorio. Ni el gobierno ni la empresa les preguntaron antes de instalar el proyecto. Así que la comunidad misma lo hizo. Su respuesta fue “no”.
“A la gente se le informó sobre la situación y salió a votar libremente y de forma voluntaria. Se hizo en el centro de la población, se pusieron las urnas, había un notario, periodistas y otras comunidades que estaban ayudando a observar. La gente se identificaba con su credencial de Homún y podía votar. Así de fácil y sencillo. Los votos se contaron a la vista de toda la comunidad, fue muy bonito. El resultado fue 753 personas en contra y 40 a favor”, narra May Echeverría, vocero del colectivo Kanan Ts’ono’ot —guardianes de los cenotes, en lengua maya— creado ese mismo año para frenar las actividades de la granja, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), que funciona como aparcera o proveedora de Kekén, empresa que controla el procesamiento de carne porcina en la Península de Yucatán, propiedad del Grupo Porcícola Mexicano.
Han pasado siete años desde aquella única consulta que se realizó en el territorio —que no fue reconocida como válida por las autoridades estatales ni federales— y que desencadenó en una batalla legal del pueblo indígena para expulsar a la granja. En febrero de 2024, un juzgado por fin les dio la razón: una sentencia inédita dejó sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada al proyecto porcícola, pues tomó en cuenta argumentos que prueban, según dice el documento, la violación sistemática de derechos humanos, la contaminación ambiental y el incumplimiento de la consulta previa al pueblo maya.
“Nosotros estamos muy contentos porque nos dieron la razón. Sabíamos que la teníamos desde un principio, pero ahora el juez lo confirma”, celebra May Echeverría. Todavía existe una preocupación, agrega, pues la ejecución de la sentencia implica que el gobierno de Yucatán realice una nueva consulta indígena.
“Ahí viene un problema, porque nosotros ya hicimos la consulta, pero no sabemos qué va a pasar. Nosotros queremos hacer valer esa consulta. También sabemos que, hasta el día de hoy, no tenemos noticias de que la empresa haya impugnado esa sentencia. Lo más probable es que el caso se alargue más y van a tratar de que eso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, asevera el líder indígena maya.
La empresa PAPO no se ha pronunciado públicamente respecto a la sentencia. Mongabay Latam intentó contactarla, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de este texto. Por otro lado, la empresa Kekén se ha deslindado anteriormente del actuar de sus proveedores y ha dicho que, en el caso de Homún, las instalaciones “pertenecen a un tercero y el litigio no involucra a Kekén ni a ninguna de sus instalaciones”, según un “mensaje a la ciudadanía” publicado en su propio sitio web.
Sentar un precedente
May Echeverría recuerda que la intención de PAPO es activar la producción de 49 000 cerdos por ciclo de producción, es decir, cada seis meses. Esta megagranja está suspendida desde el 2018, luego de un juicio de amparo promovido por niñas y niños del pueblo, en donde se buscaba la garantía del derecho de la infancia a crecer en un medio ambiente sano, relacionado a su vez con el derecho al agua, la salud y una vida digna.
En un comunicado sobre la reciente sentencia, el colectivo Kanan Ts’ono’ot informó que las pruebas aportadas al Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán expusieron además que, durante la construcción de la mega granja, se deforestaron sin autorización más de 68 hectáreas de selva, y que se omitió un análisis adecuado del impacto que la mega granja generaría en el Anillo de Cenotes, un humedal protegido a nivel internacional por el Convenio Ramsar.
Lourdes Medina Carrillo, abogada del colectivo Kanan Ts’ono’ot, afirma que la sentencia marca un precedente importante para el contexto de la península Yucatán, en donde además de granjas porcícolas, hay problemáticas por granjas avícolas y por todo lo que conlleva el proyecto controversial del Tren Maya.
“Las decisiones judiciales que se han dado en los últimos años en torno a estos conflictos, han sido desfavorables para las comunidades. Esta sentencia representa esperanza, refuerza los ánimos de quienes están resistiendo a estas afectaciones y, por parte de la comunidad de Homún, representa un redoble de esfuerzos”, dice Medina.
El 5 de marzo pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó un convenio de coordinación con el estado de Yucatán “a fin de preservar, conservar, remediar, restaurar y proteger el equilibrio ecológico, los servicios ecosistémicos y el medio ambiente” ante los impactos de la actividad de empresas porcícolas en la región.
Entre sus disposiciones, la autoridad ambiental manifestó que las empresas ya presentes o que pretendan instalarse en Yucatán no sólo deberán cumplir normatividades, sino que “se establecerán criterios en materia de sustentabilidad y se realizará la consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, y pueblos indígenas y afrodescendientes”.
De igual forma, afirmó que se determinarán acciones urgentes en los municipios identificados en el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, publicado en el 2023, “que se encuentran con mayor contaminación del agua, a fin de revertir el impacto ambiental”, como es el caso de Muna, Conkal y Cacalchén. Aunque Homún no se encuentra dentro de los municipios más contaminados, este mismo dictamen afirma que su cabecera municipal es una de las diez comunidades con mayor densidad de granjas porcícolas en su territorio.
La defensa legal de Homún afirmó que, hasta el momento, no se tienen actualizaciones relacionadas con este convenio y el caso particular de esta comunidad.
La defensa del agua
Bajo la tierra de la península de Yucatán existe un entramado submarino compuesto por túneles y cuevas inundadas que atraviesan la región. Estos laberintos funcionan como ríos subterráneos que representan la única fuente de agua potable de la que dependen millones de personas. También son una fuente de economía para muchas otras. Ese es el caso de Homún, que se sostiene del ecoturismo en la zona alimentada por el Anillo de Cenotes.
Desde el momento en que se enteraron de la construcción de la megagranja porcícola, la comunidad protestó y actuó legalmente para frenarla. “Nosotros vivimos en una comunidad en donde hay más de 360 cenotes. Las pruebas periciales que se han hecho del agua han demostrado que todavía no está contaminada. Actuamos a tiempo. Sobre los otros pueblos, no sabemos como están”, dice José Clemente May Echeverría.
La abogada Medina Carrillo apunta que este pueblo indígena tiene una claridad particularmente fuerte sobre su modelo de vida y lo que conciben como desarrollo. El turismo sustentable ha sido una herramienta que han fortalecido y para lo que se han capacitado a lo largo de diez años.
“Ambientalmente, guardan tesoros que son importantes para el mundo. Homún tiene la dicha de contar con dos sitios Ramsar de importancia internacional: la laguna Yalahau y el Anillo de Cenotes, que es la reserva de agua dulce subterránea más importante a nivel internacional. La instalación de esta granja es totalmente incompatible con lo que ellos quieren como pueblo”, dice la abogada.
La delicadeza de estos acuíferos en la península se probó con una reciente investigación en torno a las comunidades microbianas que habitan en sus aguas profundas y oscuras. Los hallazgos publicados en noviembre del 2023 señalaron que cualquier cosa negativa que suceda con las comunidades microbianas tiene el potencial de afectar a los seres humanos. La presencia de megaproyectos como las granjas porcícolas implica impactos que van más allá de espacios específicos. Al involucrar al agua de esa red subterránea, los daños ambientales se expanden con rapidez a otros ecosistemas, argumenta la investigación.
El caso de Homún es sólo uno de muchos en la Península de Yucatán. Desde hace tiempo, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian la presencia de más de 200 granjas que producen cerdos masivamente en todo el territorio yucateco, incluidas tierras indígenas y campesinas. La cifra fue confirmada, e incluso superada en marzo del 2023, con un dictamen ambiental de la Semarnat, que dio la razón a las denuncias. Aún así, no se ha logrado detener sus actividades.
Al menos diez pueblos mayas —como Chapab, Sitilpech, Kinchil, Santa María Chi, San Fernando y Uayalceh— cuentan con diversos procesos de defensa, pues la presencia de la industria porcícola ha causado afectaciones no sólo a la salud, sino a las reservas de agua, la agricultura tradicional y el control del territorio, según documentó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
De acuerdo con la defensa legal de Homún, las investigaciones y pruebas aportadas al Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán, echaron abajo el argumento de la empresa PAPO respecto de la posibilidad de operar a partir de un ciclo cerrado de residuos y que sus aguas contaminadas podían reutilizarse como abonos o fertilizantes.
“Por el contrario, la evidencia científica demostró que los excrementos de los cerdos generan volúmenes de nutrientes que exceden la capacidad de absorción del suelo y esto, a mediano y largo plazo, colocaría al acuífero en riesgo de contaminación agravada”, señaló el colectivo en su comunicado.
Además, probaron que el desarrollo de una megagranja porcícola de estas dimensiones afectará el suelo de Homún y emitirá grandes concentraciones de nitrógeno, fósforo y metales pesados, así como la contaminación atmosférica con ácido sulfhídrico y amoníaco, compuestos capaces de afectar la salud de la población y los ecosistemas a partir de la eutrofización del agua —exceso de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático, procedentes de actividades humanas— y la acidificación del suelo.
“En la evidencia científica se prueba que la afectación no sería únicamente alrededor de la granja. Las afectaciones que se proyectaron impactarían, por supuesto, a Homún, pero también a todo el circuito del Anillo de Cenotes, cuyo camino o flujos del agua abarcan 53 municipios. Incluso, se proyectó que su afectación podría llegar hasta la costa”, agrega Medina Carrillo.
Dudas alrededor de la sentencia
A pesar del triunfo que representa la sentencia para los indígenas, José Clemente May Echeverría aclara que esta no especifica medidas ni acciones concretas para prevenir ni reparar las violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que han sido reconocidas por la justicia mexicana. Por ello, exigen que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán emita una resolución en la que analice la posible afectación al Anillo de Cenotes.
Además, el colectivo Kanan Ts’ono’ot exige que, antes de otorgar cualquier nueva autorización ambiental, la SDS realice una consulta previa al pueblo maya de Homún siguiendo estándares internacionales y los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Exigimos que estos litigios no sean muy tardados. Ya tenemos siete años y no hay comunidad que resista demasiado en un proceso así; es muy desgastante para las comunidades”, asevera May Echeverría. “Yo quiero felicitar a Homún por la valentía que ha tenido todo este tiempo, pero también quiero exhortar al gobierno y exigirle que respete a las demás comunidades que tienen este conflicto: no queremos las mega granjas”.
Imagen principal: El pueblo maya de Homún se ha manifestado en repetidas ocasiones en contra de la operación de la megagranja porcícola en su territorio. Foto: Colectivo Indignación
Publicado originalmente en Mongabay Latam
