Los 52 normalistas de Michoacán encarcelados en penales federales, 30 de ellos consignados por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, son parte del movimiento estudiantil que estalló el pasado 6 de octubre, cuando los alumnos de las ocho Normales públicas de la entidad determinaron, en asamblea, emprender un paro de labores ante la cerrazón de las autoridades locales y federales para escuchar y resolver sus demandas.

Tres son sus peticiones: que no se aplique en sus escuelas el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Normales Públicas (PIDRFSNP); que sus egresados no sean sometidos a la evaluación oficial para el ingreso al servicio profesional docente; y que el movimiento estudiantil que emprenden no sea objeto de represalias ni criminalización.

La lucha que sostienen los normalistas michoacanos no está desligada de las protestas que a nivel nacional realiza el gremio de maestros en contra de la Reforma Educativa. Y es que las disposiciones a las que se oponen se desprenden de ésta. El PIDRFSNP, por ejemplo, tiene fundamento en el Vigésimo Segundo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ley secundaria de la Reforma Educativa de febrero de 2013. En tanto, el tema de la evaluación es parte intrínseca de la misma.

El Plan Integral de «fortalecimiento» de las Normales busca, en realidad, desaparecerlas

Agosto de 2016 es la fecha en que el Estado mexicano pretende iniciar la operación, a nivel nacional, del Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Normales Públicas.

De la revisión y el análisis de los documentos oficiales, se sabe que sus principales planteamientos son: reducir la oferta educativa de las Normales a dos licenciaturas (en Educación y Docencia y en Educación Inclusiva); redefinir el perfil de sus egresados según los criterios de idoneidad del Servicio Profesional Docente; compartir la formación inicial de los futuros maestros con otras instituciones educación superior; someter a los docentes de las Normales a las evaluaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y alentar, mediante el retiro voluntario, el relevo generacional de sus profesores.

Jorge Cázares Torres, docente en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, comenta que los maestros y estudiantes michoacanos organizados detectan en el Plan Integral, más que el fortalecimiento, la pretensión de desaparecer estas escuelas: “Acabar con el último reducto del proceso revolucionario del siglo pasado que se fincó con los criterios axiológicos de la justicia social y la soberanía nacional”.

Un ejemplo de ello es lo relativo al relevo generacional de la planta académica, disposición que, a decir del docente, estaría encaminada a “deshacerse de los maestros que aún conservan la tradición normalista” para sustituirlos por una planta docente acrítica y tecnócrata, dispuesta a aplicar de manera instrumental el programa oficial.

“La evaluación oficial no revela nuestras facultades para ser o no docentes”, critican normalistas

En entrevista, representantes estudiantiles de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, explican que en el último año de sus licenciaturas, y con el objeto de obtener el título profesional, ellos y ellas deben realizar un Documento Recepcional.

El cuerpo del documento refleja las habilidades de los estudiantes para aplicar a una problemática concreta los conocimientos adquiridos en los tres años previos de formación en materia de trabajo docente y propuestas didácticas. El documento, además, según lo establecen las directrices oficiales, exige a los estudiantes trabajar a partir de “minuciosos protocolos de investigación”.

Los alumnos de la Normal Rural de Tiripetío, integrantes del Comité Estudiantil, detallan que es durante el periodo de prácticas profesionales, es decir a partir de su experiencia frente a grupo, que definen la problemática a resolver. Entonces, los futuros profesores dirigen sus conocimientos hacia el desarrollo de las soluciones.

Al final, el alumno presenta un examen profesional, en el que tres sinodales avalados por la Secretaría de Educación Pública examinan el contenido de su Documento Recepcional, y emiten un veredicto que se basa también en la explicación y fundamentación oral que el estudiante brinda del mismo.

Los jóvenes de la Normal de Tiripetío refieren que no todos los estudiantes reciben una respuesta aprobatoria por parte del jurado. En los meses posteriores, algunos de ellos continúan perfeccionando su Documento Recepcional hasta obtener un fallo favorable; otros tantos son reprobados por lo que tienen que repetir el ciclo escolar.

Con base en lo anterior, los estudiantes cuestionan el hecho de que se les quiera someter a una segunda evaluación para ingresar el Servicio Profesional Docente, más aún cuando el trasfondo de ésta no es la valoración de sus facultades para ejercer o no como maestros, sino la limitación de su materia de trabajo.

“Nosotros, como futuros docentes, no le tememos a la evaluación, pero sabemos que la Reforma Educativa es más bien laboral. La realidad de la evaluación que plantea la autoridad no es revelar las facultades para ser o no docentes, sino que responde a tintes capitalistas: tiene que ver más con el recurso que se maneja en el país que realmente con la mejora de la educación”, argumenta una joven.

Las reformas oficiales no se ajustan a las necesidades de las Normales

Otras reformas impuestas con anterioridad muestran que los planteamientos oficiales no se ajustan a las necesidades y condiciones de las Normales del país, advierte un normalista de Tiripetío.

Es el caso, por ejemplo, de la Reforma Curricular de 2012 que, entre otras, incorporó las Tecnologías de la Información y la Comunicación al currículo normalista, no obstante que las instalaciones educativas no cuentan con las condiciones para su impartición.

Prueba de ello es lo que ocurre en la Normal Rural de Tiripetío, en donde fue instalada un aula con alrededor de 40 computadoras para satisfacer las necesidades de una comunidad de más de 400 estudiantes. Aunque todos los equipos de cómputo tienen conexión a internet, la señal no es constante. Aunado a ello, las máquinas no reciben mantenimiento, ni son actualizados sus programas.

Al reducir el periodo de prácticas profesionales, la Reforma Curricular en cuestión produjo, asimismo, una situación de hacinamiento en la Normal de Tiripetío, misma que cuenta con sistema de internado. Dado que los alumnos que cursan el último año de la licenciatura permanecen por más tiempo en la escuela (antes durante todo este ciclo escolar practicaban en las comunidades), los dormitorios, espacios de unos 20 metros cuadrados que eran para máximo siete alumnos, hoy son habitados hasta por 14 muchachos.

Las cuestiones de infraestructura que la autoridad educativa no previó u omitió deliberadamente a la luz de esta reforma, ahora son solventadas por los propios estudiantes, a través de medidas como: apilar más de cuatro literas en los dormitorios (con los riesgos que ello implica) y utilizar el centro de cómputo, el salón de matemáticas y el de inglés como aulas para los estudiantes de primer grado.