Ninguna novedad: hace más de dos décadas que decimos que el Estado provincial ejerce y legitima políticas públicas represivas, especialmente contra las juventudes. El conversatorio “Resistencias, insistencias y luchas ante la necropolítica cordobesa”, en la Facultad de Psicología, nos hizo recordar por qué decimos que, en Córdoba, los sistemas de gobernanza no solo administran la vida, sino también la muerte.
Achille Mbembe nació en Camerún en 1957. Desde el Seminario Juventudes contemporáneas y conocimiento situado (Facultad de Psicología – UNC), explican que fue este historiador, filósofo e intelectual quien introdujo la noción de necropolítica , avanzando sobre lo que Foucault plantea como biopolítica, es decir, el conjunto de estrategias que se orientan a dirigir las relaciones de poder para administrar la vida. “Así, el pensador advierte que los sistemas de gobernanza, principalmente en países tercermundistas como el nuestro, también utilizan ese poder para administrar la muerte. La soberanía, dice, reside en el poder y capacidad del Estado de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Muerte que muchas veces deviene real, como el caso de los juvenicidios (muertes en manos de las fuerzas de seguridad, las que suceden en situaciones de encierro, etc.), pero también en muerte simbólica, aquella ligada a la vulneración sistemática de derechos, la desciudadanización, las condiciones de vida/muerte signadas por la pobreza”, enfatizan.
Lxs profesionales pintan el cuadro de situación, observado a partir de la investigación/intervención que llevan a cabo y que, como aclaran, paradójicamente, implica una “conflictividad segura”: los puestos policiales custodian detenidamente el ingreso al barrio y regulan el tránsito hacia el centro o los centros periféricos. “Lo que protege/regula/controla el ingreso a la ciudad, lo que pasa hacia dentro de los barrios parecería que no es de incumbencia de la policía”, enfatizan y recuerdan que, en Córdoba, este ejercicio de poder sobre lxs cuerpxs posee el respaldo jurídico normativo del Código de Convivencia de la provincia de Córdoba, cuya instrumentación ha permitido, en muchas ocasiones, un exacerbado control policial que deriva rápidamente en abuso, arbitrariedades policiales y muertes de jóvenes.
Según la 27° actualización de los informes de CORREPI, desde la vuelta a la democracia, 8.701 personas fueron asesinadas en Argentina por las fuerzas de seguridad del Estado y 436 casos corresponden al año pasado. Casi 3 mil de estas muertes fueron por gatillo fácil, la segunda causa después de muerte en calabozos, que se incrementaron notablemente en 2020 y 2021, en contexto de pandemia. Las víctimas son principalmente jóvenes varones pobres de 15 a 25 años, el blanco de las respuestas demagógicas a la problemática de seguridad, que saca cada vez más efectivos policiales a la calle, con escasa formación en derechos humanos, con el castigo punitivista como premisa y el hostigamiento como método.
“Es necesario destacar, entonces, que las muertes producidas por las fuerzas de seguridad resultan en datos alarmantes por la cantidad, las modalidades y la focalización en determinados sectores sociales: jóvenes, varones, pobres. Este es un dato que se viene denunciando y poniendo de manifiesto por organizaciones sociales, políticas y de familiares en diversos sectores, dando cuenta de un incremento con el pasar de los años, reforzando la hipótesis de un Estado que privilegia la violencia estatal y la muerte a través de sus prácticas legítimas, entre comillas”.
Desde el equipo, indican que la perspectiva macroestructural descripta -que atraviesa las subjetividades juveniles- constituye un espacio que, incipientemente, han denominado “campo de muerte” y que busca fijar coordenadas en los imaginarios juveniles que han indagado. “Las prácticas institucionales aquí identificadas materializan una serie de gestiones, dentro de un sistema de control de los cuerpos y las subjetividades, visibilizando que el Estado -paradójicamente, el mismo Estado que protege- tiene el poder de decidir qué vidas merecen ser vividas y cuáles quedan como excedente, como un despojo de lo social. De esta manera, las instituciones analizadas son funcionales a esta lógica y reproducen posiciones sociales de dominación”, concluyeron desde la Facultad de Psicología.
Imagen de portada: Eloísa Molina para La tinta.
Publicado originalmente en La Tinta
