El periplo que han pasado es largo, son 9 años de lucha y resistencia en las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla, Santa Cruz Ayotuxco y San Lorenzo Huitzizilapan, ¿para qué? Las tres comunidades ubicadas al poniente del Valle de México, entre la Ciudad de México y Toluca, forman parte de los últimos pueblos indígenas, que pelean para permanecer en sus territorios, con su forma de vida ancestral. “Desde tiempos inmemoriales, somos guardianes del Bosque Sagrado de Agua.”

¿la amenaza? hace nueve años, el gobierno del Estado de México, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, ahora presidente de México, concesionó a la empresa Teya S.A. de C.V., filial del Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el proyecto carretero de cuota, denominado Autopista Toluca-Naucalpan.

El último episodio de la ofensiva gubernamental contra el territorio que abastece de agua a los habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Así como Toluca, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Nicolás Romero y Tlalnepantla, fue en agosto del año pasado.

Ahora desde su silla presidencial, Enrique Peña Nieto “emitió un decreto expropiatorio ilegal, que viola nuevamente la leyes, nuestros derechos y miente, cuando dice a la letra, que “no existe oposición al proyecto”, además, señala que llevaron a cabo una consulta en junio de 2005 que nunca existió. Así mismo, señala que la tierra expropiada, es de agostadero (pastizales), cuando en realidad, lo que predomina es una gran biodiversidad, como bosque y fauna, algunas especies endémicas y en peligro de extinción. También plantas medicinales y comestibles, así como tierras de cultivo y es hábitat de nuestras familias, desde tiempos ancestrales.”

Los pueblos interpusieron cuatro amparos ante la decisión arbitraria del presidente, de los cuales apenas uno de ellos otorgó “suspensión definitiva al proyecto”. “en los tres primeros, obtuvimos, sólo omisión y parcialidad de los jueces responsables.”

No ha sido la única puerta que han tocado. Establecieron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), así como ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). “En ambas instituciones, no nos dieron respuesta, ni nos asignaron número de expediente.” También denunciaron ante la Procuraduría General de la República el despojo y la tala ilegal de árboles, que a pesar de las pruebas presentadas por las comunidades sigue en integración.

Posteriormente, lo hicieron ante la Oficina de la Presidencia de la República, el gobierno del Estado de México, el Congreso Local del Estado de México, la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. “En todas estas instituciones, el silencio, es la única respuesta que hemos obtenido.”

Sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció que “están en riesgo los derechos humanos a la vida e integridad física de los habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y de los defensores civiles de derechos humanos que los representan.” Fue la única institución estatal que dio cabida a los reclamos de los pobladores originarios de la zona.

Los pobladores de los pueblos defensores del agua están articulados en el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, quienes desde el año 2007 comenzaron a sufrir una violencia sistemática hacia sus derechos humanos; desde la fecha han sufrido el encarcelamiento de 22 personas de las comunidades, así como represión de parte de todos los niveles de fuerza pública, “que sitiaron la comunidad en diferentes ocasiones; persecuciones, amenazas de muerte y hostigamiento.”

Otra de las estrategias que el poder ha utilizado en esta larga lucha en defensa del agua y el territorio fue la organización de una asamblea “apócrifa y engañosa de comuneros” que había aprobado ilegalmente el proyecto carretero, que fue revertido mediante un juicio, que ganó la comunidad.

En una coyuntura de posible avance para la concresión definitiva del proyecto carretero, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra hace un llamado al apoyo y la solidaridad en la defensa del patrimonio común:

«Hermanas y hermanos de los pueblos de México y del mundo, reafirmamos que nuestra lucha y resistencia, así como nuestros corazones, se mantienen inquebrantables para defender lo que les pertenece a todas y todos ustedes y lo que nos pertenece por herencia de nuestras abuelas y abuelos.»