Redes nacionales e internacionales y diecinueve organizaciones de derechos humanos de ambientalistas, indígenas, de activistas contra la minería entregaron un documento dirigido a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga y al titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, en el que denunciaron «actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad» contra la comunidad indígena de Zacualpan, por parte de la Delegada de la Procuraduría Agraria (PA) en Colima, María Elena Díaz Rivera, demandando que se le investigue «para considerar su remoción y deslinde penal» por ello.
En el mismo le exponen a los citados funcionarios su preocupación «por el ambiente de violencia» en dicha comunidad «promovido por el gobierno del estado y la delegada de la PA derivado de la intención de imponer actividades mineras en el territorio indígena».

En particular, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y las y los integrantes de Bios Iguana A.C. «han vivido dos años de amenazas y hostigamiento permanente», tal como la Misión Internacional y Nacional de Observación para el caso Zacualpan documentó el pasado mes de marzo, y tal como se ha documentado y denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto, además de otras instancias nacionales e internacionales. «El ambiente de violencia ha sido promovido y apoyado por las autoridades estatales y federales, usando en diversas ocasiones, la fuerza pública en contra de la comunidad indígena», detallan.

Afirman que Díaz Rivera, ha mostrado permanentemente «su parcialidad y su interés en mantener en el poder al grupo promotor de la minería. No es casual que cuando un grupo de comuneros le solicitó convocar a elecciones en el mes de enero de 2014, para remover al entonces comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, quien pretendía imponer el proyecto minero, ella negó esta posibilidad. Esto, a pesar de que le fue entregada una solicitud con la firma de más de 160 comuneros y respaldada con sus certificados de derechos de uso común».
Los comuneros quisieron remover a Guzmán por no haber registrado las actas pertinentes en el Registro Agrario Nacional en las cuales asentaron «su ‘no’ contundente en contra de la minería en repetidas asambleas comunitarias desde junio de 2013».

«Finalmente los comuneros que se negaban a aceptar la mina, llevaron a cabo la Asamblea en el mes de febrero del 2014, respetando la Ley Agraria y con la presencia de un notario público, en donde destituyeron a Carlos Guzmán, nombrando a un nuevo Comisariado y declarando su Territorio Libre de Minería». El acta de esta asamblea fue ratificada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, Antonio Luis Betancourt Sánchez, que reconoció al nuevo comisariado. Sin embargo, le otorgó a la nueva autoridad el tiempo que le quedaba a Carlos Guzmán para terminar su periodo. Después de un proceso de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Colima, se resolvió que efectivamente se tenían que hacer nuevas elecciones, por lo que la propia delegada organizó la nueva elección. «Dicho sea de paso, el Lic. Betancourt fue removido de su cargo por haber dado su resolución a favor de la Comunidad Indígena», anotan.

Explican que cuando la delegada de la PA convocó las elecciones del nuevo comisariado el 30 de Noviembre de 2014, «ella llevó a la policía estatal y no permitió observadores, ni a la prensa, ni la presencia de un abogado del Consejo Indígena. A pesar de ello, Taurino Rincón, el candidato del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, ganó las elecciones. La elección del comisariado ha restituido la gobernanza desde los propios comuneros, de manera periódica se han llevado a cabo asambleas comunales, se manejaron de manera transparente los recursos comunales, incluso se presentó un amparo contra las concesiones mineras impuestas en su territorio indígena, lo cual resultó en su suspensión de plano hasta que el amparo sea resuelto».

«Estas acciones para la defensa territorial de los comuneros resultaron contrarias a los intereses de la señora Díaz Rivera, el gobierno del estado y quienes tienen intereses en la imposición de la minería», por lo que la funcionaria volvió a convocar elecciones el pasado 11 de octubre, tratando de remover al Comisariado Rincón. «Esta acción ha generado un ambiente de tensión y nuevamente increpa a la división comunitaria, caso totalmente contrario a lo que supone es una de las funciones de la Procuraduría Agraria».

Así, el 11 de octubre, unos cien habitantes de Zacualpan bloquearon la carretera hacia su comunidad para evitar que se realizara la asamblea convocada por la delegada, «por considerar que es producto de la intervención ilegal de la dependencia federal. En la presencia de policía federal y la Procuraduría General de Justicia, la delegada llegó al bloqueo en donde expresó que según ella estaba respondiendo a la petición de un grupo de pobladores. Cuando los habitantes le impidieron su paso hacia la comunidad, abordó un helicóptero de la Policía Estatal para sobrevolar el bloqueo y llegar a la asamblea. Al final, resulta que no hubo quórum para realizar la Asambea, sin embargo la Delegada llevó a cabo la Asamblea e hizo la remoción de Taurino Rincón y nombró a nuevo comisariado como lo mostró ella misma en un video en su página de facebook, esto con los votos de personas que no eran comuneros y sin que el voto fuera secreto, entre otras irregularidades. Afortunadamente, no hubo mayor confrontación ese día, sin embargo, sigue un escenario de zozobra en el pueblo y la alta posibilidad de más agresiones».

Subrayan que además, la delegada Díaz también ha difamado a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, «contribuyendo a la estigmatización y la criminalización de estas personas, poniendo en riesgo su seguridad física, psicológica y la posibilidad de seguir haciendo su trabajo. En particular, la delegada ha calumniado a la organización ambientalista Bios Iguana (BI), hasta atribuirle a dicha organización la formación de grupos terroristas, la siembra de estupefacientes, y según ella, el despojo al intentar apoderarse de sus terrenos».

Denuncian asimismo que «debido al clima de violencia y hostigamiento, esta organización (BI) se ha visto imposibilitada para realizar su trabajo dentro de la comunidad, ya que las veces que han intentado ingresar han recibido agresiones físicas y amenazas, todo esto con el beneplácito de la policía estatal. Varios integrantes de Bios Iguana han tenido que abandonar el estado y otros más se han retirado. Integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan también han sido amenazados de muerte, permanentemente vigilados por la policía, y han sido sujetos de diversas agresiones a ellas y ellos y sus familias».
Entre las y los firmantes están la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA);
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y Sí a la Vida, No a la Minería (Red global) / Yes to Life, No to Mining (Global).

Asimismo organizaciones como Acción Colectiva SOCIOAMBIENTAL, A.C.; Asamblea de pueblos indígenas del istmo en defensa de la tierra y el territorio, Oaxaca;
Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, A.C.; MiningWatch Canada;
Coalición de Solidaridad Zapatista, Sacramento, California EEUU; Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Québec; Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina; FIAN México, A.C.; Alianza Cívica Coahuila; Fronteras Comunes A.C.; Greenpeace Mexico, A.C. ; Salva la Selva/Rainforest Rescue, entre otras.