Víctor Santisteban Yacsavilca murió luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) le disparara, a pocos metros, una bomba lacrímogena a la cabeza. El accionar de la PNP no solo viene incumpliendo sus propios reglamentos, sino también la aplicación de orientaciones para el respeto de los derechos humanos dictadas por organismos internacionales.
Las protestas, plantones y marchas contra el régimen militar y autoritario de Dina Boluarte no han descansado ni un día desde que ciudadanos y ciudadanas de diversas regiones (Ayacucho, Puno, Cusco, Apurímac, etc.) del Perú llegaron a Lima para hacer visibilizar sus demandas como el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente para una nueva carta magna que reemplace a la constitución de 1993 de Alberto Fujimori, aprobada en dictadura.
Como respuesta, Boluarte y sus ministros han redoblado la represión, que ya lleva 47 ciudadanos fallecidos por la violencia estatal. La última muerte se registró el 28 de enero en Lima cuando una bomba lacrimógena disparada por la Policía impactó en la cabeza de Víctor Santisteban Yacsavilca.
De aquel día, hay una serie de videos y testimonios en donde se pueden observar ejemplos de la represión policial, como bombas lacrimógenas y perdigones disparados al cuerpo, tórax y cabeza. Además de agresiones con bastones a manifestantes en áreas del cuerpo. Y no hay que olvidar que incluso se han registrado estos ataques cerca a hospitales.
Ante ello, la Policía no solo ha violado su Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, sino que ha ido en contra de lo que recomiendan y dictan las normas y estándares internacionales en lo que respecta a esta materia.
Una de estas son las orientaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden en protestas o manifestaciones.
En el mencionado documento se refiere al uso de irritantes químicos lanzados a distancia, conocidos también como bombas lacrimógenas. En tal sentido, señala que “no se deberían disparar proyectiles irritantes contra las personas, y, en cualquier caso, no se deberían lanzar contra la cabeza o la cara, ya que la violencia del impacto puede causar la muerte o lesiones graves”. “En esas circunstancias, deberían dispararse en un ángulo elevado”, agrega.
Otros casos que se registraron fueron el uso de perdigones de goma y acero disparados al cuerpo a corta distancia. “Los proyectiles de impacto cinético no deberían dirigirse a la cabeza, la cara o el cuello. Las balas de metal recubiertas de goma son proyectiles particularmente peligrosos y no deberían utilizarse”, refiere el documento, ya que puede provocar la fractura del cráneo y lesiones cerebrales, daños en los ojos, incluida la ceguera permanente, e incluso la muerte.
El bastón policial (también llamado porra o macana) es el arma menos letal más común con la que está equipado el personal de las fuerzas del orden, según la ONU, pero menciona a la vez que el personal de las fuerzas del orden debería evitar propinar golpes de bastón contra las zonas sensibles del cuerpo, como la cabeza, el cuello y la garganta, la columna vertebral, los riñones y el abdomen. Durante la represión, los policías golpearon a periodistas y ciudadanos en partes sensibles como la cabeza.
PATRONES DE LA VIOLENCIA ESTATAL
Sobre la violencia estatal, hay que recordar que guarda similitud con lo sucedido en noviembre del 2020 durante la represión policial en Lima ordenada por el gobierno de facto de Manuel Merino.
“Existen indicios de que la Policía disparó perdigones y cartuchos de gas lacrimógenos con escopetas lanza gases directamente contra multitudes, a corta distancia, sin respetar la forma u orientación adecuada del disparo y, en algunos casos, apuntando a la parte superior de los cuerpos e impactando en la cabeza, cuello y torso de las personas”, menciona el informe de misión que realizó el ACNUDH por aquella fecha..
Para finalizar, concluyeron que existieron motivos razonables para creer que, en el contexto de las manifestaciones en la semana del 9 al 15 de noviembre de 2020, se cometieron violaciones de derechos humanos, en particular de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y seguridad individual, a la salud, de reunión pacífica, al debido proceso y a la libertad de expresión.
En la actualidad, el régimen militar y autoritario de Dina Boluarte repite estas prácticas abusivas y sangrientas contra la legítima protesta pacífica. Hay que recalcar que es el primer asesinato en Lima, pero en otras regiones ya existen más vidas que han sido acabadas por la violencia de la PNP y las Fuerzas Armadas.
Publicado originalmente en Wayka
