Así lo reveló el informe Migrantes somos y en el camino andamos, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el que se da cuenta de la precariedad a la que se ven expuestos miles de jornaleros, la mayoría provenientes de comunidades indígenas de alta marginación.
De acuerdo con dicho estudio, en México hay alrededor de 3.5 millones de migrantes internos, muchos de los cuales se dedican a actividades agrícolas. Casi 60 por ciento vienen de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y se dirigen de forma preponderante a estados del noroeste, como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.
La explotación de los jornaleros, quienes suelen trasladarse con toda su familia para trabajar, es tan grande que 60.9 por ciento trabaja seis días a la semana y 13.9 por ciento todos los días, lo que provoca condiciones graves de desgaste físico y riesgos laborales.
Un caso que aborda el informe es el de los indígenas de la zona de la Montaña de Guerrero, conformada por 19 municipios, quienes migran de septiembre a diciembre, y de cuya población total, integrada por cerca de 7 mil personas al año, 42 por ciento son menores de 15 años.
Lo poco que se había avanzado en materia de atención a los jornaleros agrícolas migrantes en el país se revirtió durante el actual sexenio, cuando los programas de atención a dicho sector fueron olvidados, y las autoridades laborales dejaron claro que no van a investigar las violaciones y abusos contra ellos, señaló Abel Barrera, director del centro Tlachinollan, al presentar ayer el estudio.
La Secretaría del Trabajo sigue invisibilizando el tema. Por más que presentamos casos para que actúe conforme a sus facultades, sólo ha simulado, ha retardado y ha hecho imposible una actuación eficaz para proteger a los trabajadores del campo. Hay mucha complicidad entre empresariado y autoridades federales, pero también más organización y conciencia entre los jornaleros
, agregó.
Por su parte, el representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, subrayó que América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, y aseveró que los informes de este tipo ayudan a visibilizar una situación muy grave que requiere políticas públicas efectivas que se apliquen durante décadas enteras, y no sólo por uno o dos sexenios.
