Ciudad de México | Desinformémonos. La población de los municipios afectados por los ataques de grupos del crimen organizado que se disputan el territorio en Chiapas “está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales”, denunciaron más de 80 organizaciones de derechos humanos, colectivos y activistas frente al recrudecimiento de la violencia en Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras.
“Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales”, criticaron las redes de organizaciones y defensores de derechos humanos en un comunicado.
Indicaron que los municipios, ejidos y comunidades se encuentran incomunicadas por los bloqueos carreteros de los grupos delictivos, además de que la población “está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales”.
Recordaron que “el asedio de los grupos armados” en la región, la incomunicación por los bloqueos en distintos puntos y los enfrentamientos armados y balaceras “no son nuevos” en la región, pues desde 2023 se han intensificado las disputas territoriales para el control de las rutas de narcotráfico en la frontera sur.
“Consecuencia de esto ahora vemos el incremento del desplazamiento forzado de familias enteras huyendo, incluso al país vecino Guatemala, para salvar su vida. Inicialmente, se reportó el desplazamiento de 500 personas; sin embargo, no hay claridad en las cifras reportadas por las autoridades, y el dato más reciente reportado por el gobierno guatemalteco da cuenta de 249 personas albergadas en el departamento de Huehuetenango”, puntualizaron los colectivos, albergues y activistas.
Frente al recrudecimiento de la violencia y el “riesgo inminente a la vida e integridad de las personas que se encuentran en estos municipios y ejidos aledaños”, las organizaciones exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a abstenerse de realizar señalamientos a la población que criminalizan y causan victimización secundaria en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas, y al gobierno federal y estatal su inmediata intervención en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y “otros daños irreparables”, así como que garanticen que los afectados por la violencia accedan a los mecanismos de asistencia y reparación integral.
A continuación el comunicado completo:
