Foto: De izquierda a derecha, Salvador Millaleo, Roberto Estay e Izkia Siches

Interferencia accedió a un borrador del plan Wallmapu del actual gobierno, confeccionado en febrero, el que da cuenta de un giro al enfatizar el carácter político de las históricas disputas por lo que se decidió radicarlo en la cartera de Interior. El texto plantea la “denuncia y persecución en contra de quienes propugnan el odio en Wallmapu”, en referencia a algunos miembros de la multigremial, y marginar de los diálogos a los grupos mapuche más radicalizados.

Durante febrero, poco antes de que Gabriel Boric asumiera oficialmente el liderazgo del Poder Ejecutivo, cuatro personas comenzaron a escribir los lineamientos que tendría el gobierno en una de sus materias fundamentales: la búsqueda de una solución para el conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche en el centro sur del país.

En el equipo estaban Salvador Millaleo Hernández, actual encargado de Asuntos Indígenas en el Ministerio del Interior; Roberto Estay Miquel, hoy jefe de gabinete de la ministra del Interior, Izkia Siches; Rubén Sánchez Curihuentru, quien acompañó a Siches en su primera visita a Wallmapu; y Gabriela España Collio, ex candidata a diputada de Revolución Democrática.

En un documento reservado de 41 páginas –al cual accedió Interferencia– titulado ‘Entendimiento y Buenvivir para Wallmapu – Regiones de la Araucanía y Biobío’, el cual especifica que está “en construcción”, plasmaron las primeras bases de la política pública de Izkia Siches respecto de la situación en Wallmapu. Fuentes de Interior señalaron a nuestro medio la veracidad de este documento y que éste efectivamente ha tenido actualizaciones, pero no quisieron especificar cuáles.

Lo cierto es que de este borrador varios puntos ya se han ejecutado en materias esenciales  que han marcado los primeros meses de la gestión de Gabriel Boric e Izkia Siches.

Una medida ya concretada tiene que ver con la Unidad Jurídica del Ministerio del Interior. Sobre ésta, el texto señala que se debe “sacar a abogados actuales de la litigación en tribunales relacionada con el conflicto donde existan imputados mapuche. Delitos asociados: robo madera, receptación, robo con violencia, incendio, porte de municiones, porte de armas”.

“Respecto a seguridad, se recibirán informes de Carabineros, PDI, Ejército y ANI sobre la situación actual, sumado a los que vienen de la sociedad civil (observatorio). El presidente anunció el retiro del estado de excepción. El plan es preparar un plan de retiro del estado de excepción manteniendo condiciones de paz, en trabajo conjunto con Carabineros fortaleciendo en el corto plazo sus capacidades para esta labor. Se solicitará a la agencia de inteligencia civil, entregar toda la información y colaborar en la materia”.

Esto último, contenido en el capítulo ‘Seguridad’ del documento, se concretó el pasado 12 de abril cuando la ministra Siches anunció los cinco pilares de seguridad en Wallmapu.

«Nuestro Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar la seguridad en el territorio. Es por ello que hemos encomendado al subsecretario liderar el plan de seguridad para la zona. Estamos abiertos a recibir recomendaciones. Hemos reforzado la presencia policial, hemos aumentado la cantidad de vehículos blindados, pasando de 4 a 19. Se aprobaron 34 nuevas camionetas blindadas para la seguridad de nuestros y nuestras carabineras. Mil millones de pesos para facilitar la acción policial. He instruido a los equipos del ministerio a comenzar a trabajar en un nuevo sistema de inteligencia del Estado. Hemos iniciado un trabajo coordinado con PDI, Carabineros y fiscalías de las regiones», anunció Siches durante aquella jornada.

Otra medida concretada tiene que ver con la Unidad Jurídica del Ministerio del Interior. Sobre ésta, el texto señala que se debe “sacar a abogados actuales de la litigación en tribunales relacionada con el conflicto donde existan imputados mapuche. Delitos asociados: robo madera, receptación, robo con violencia, incendio, porte de municiones, porte de armas”.

La decisión de unificar todo en Interior la justifican bajo la lógica de que dicha cartera cuenta con la capacidad de establecer un relato unificado y coherente entre los distintos ministerios.

Esto se hizo efectivo el pasado 31 de marzo, cuando el ministerio del Interior desvinculó al jefe jurídico de Interior, Carlos Flores, quien llevaba 18 años trabajando en el lugar; como también a Sergio Arévalo, abogado que litigaba para la cartera. Ambos habían sido parte de casos relevantes, como Operación Huracán o el asesinato de la pareja Luchsinger-Mackay.

Algo que de cierta forma se ha ejecutado tiene que ver con las querellas que presenta el Ejecutivo. El texto menciona que se debe “retirar querellas; evaluar cada causa pendiente. Dejarlas solo donde existan delitos contra las personas”. En el presente no se han retirado querellas, pero sí el gobierno ha optado por no presentarlas en diversos casos. Por ejemplo, al 31 de marzo no habían impulsado esta acción en 10 casos, según Ex-Ante, entre estas, los disparos al aire ocurridos durante la fallida visita de Siches a Temucuicui.

Otro punto dice relación con la situación de los presos políticos mapuche. Sobre esto, el grupo planteó en el texto que se debe “renunciar a la persecución penal en el caso que ya existan condenas. Actualmente el Ministerio del Interior, en contra de lo que establece la Ley respecto de los intervinientes en la etapa de la ejecución de la pena, se hace parte en los recursos de amparo donde se solicita el acceso a beneficios respecto de condenados mapuche”.

Un ejemplo reciente es el de los condenados en el Luchsinger-Mackay, José y Luis Tralcal, un juicio que actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está revisando debido a sus irregularidades en tribunales chilenos. De forma inédita para un gobierno, Interior decidió ajustarse a la ley y no asistir a la Comisión de Libertad Condicional para argumentar en contra de que accedieran a beneficios carcelarios.

Cambio de foco

El nuevo gobierno ha apostado por un giro importante, convencidos de que el tema de Wallmapu es principalmente político. Es por ello que en La Moneda apuestan en centralizar la estrategia en la cartera del Interior.

En gobiernos anteriores, esta misión era repartida entre ese ministerio y el de Desarrollo Social. Por ejemplo, en el segundo mandato de Michelle Bachelet el diálogo estuvo a cargo de Marcos Barraza, mientras que en la segunda gestión de Sebastián Piñera, la tarea se le encomendó a Alfredo Moreno, ambos ministros de Desarrollo Social.

Hoy la misión la carga Izkia Siches, al mismo tiempo en que debe velar por la seguridad en el territorio.

Este cambio tiene sus fundamentos en el documento realizado semanas antes de que asumiera el gobierno. La decisión de unificar todo en Interior la justifican bajo la lógica de que dicha cartera cuenta con la capacidad de establecer un relato unificado y coherente entre los distintos ministerios. Para esto propusieron la creación de una “Unidad de Coordinación de las Políticas Indígenas para la Plurinacionalidad”, la cual debe estar ajena a las materias de seguridad y orden público, pero que sirva para coordinar el trabajo entre las diferentes reparticiones de gobierno. Esta iniciativa aún no se ha materializado y no está claro que finalmente se realice,  

Explícitamente, el texto plantea tres “razones para radicar coordinación indígena en Ministerio del Interior”:

1. Histórico carácter subordinado de los temas indígenas en el aparato estatal: Las reparticiones que se han hecho cargo del tema indígena han visto siempre superponerse otros intereses y prioridades en las agendas de gobierno, de tal manera que limitan, neutralizan o desfiguran incluso sus propias agendas (desarrollo y orden público frecuentemente). El modelo de gobernanza de los temas de la política indígena en el Ministerio del Interior busca asegurar que estos temas sean una prioridad incontestable dentro de la agenda gubernamental y dar una señal de ruptura con el tradicional rezago de ellos.

2. Prioridad y transversalidad de los temas indígenas en agenda gubernamental: En el contexto del actual régimen político presidencialista, el Ministerio del Interior tiene una suerte de primado político sobre el resto de los ministerios, favoreciendo que las políticas públicas que impulse sintonicen al resto de las reparticiones.

3. Carácter político antes que social: El diseño y la coordinación superior de las políticas públicas en materia indígena requiere transitar decididamente desde un modelo de apoyo social a un modelo de democracia interna del país. Estas se deben abordar como un tema esencialmente político, y donde la fuente original de la cual surgen los problemas que afectan al mundo indígena y sus relaciones con el Estado es la exclusión política. 

Según el documento, es una etapa previa a la transición hacia un “Ministerio de Pueblos Indígenas”, el cual debería diseñar e implementar las políticas en la materia. Para esto, los profesionales plantearon que se debe poner urgencia al Proyecto de Ley que crea a esta cartera, el cual actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso.

En el capítulo ‘Derechos Humanos y Sistema Judicial’ los profesionales señalan a la actual diputada del Partido Republicano, Gloria Naveillan, como parte de las personas que promueven el odio.

El Sistema de Diálogos

Dentro de los temas que todavía no se han ejecutado, el texto de los cuatro profesionales establece medidas a corto y mediano plazo, las cuales, debido a que se trata de un documento que estaba “en construcción”, pueden haber variado en la actualidad. 

Una de éstas tiene que ver con algo que en la retórica del Ejecutivo respecto del conflicto en Wallmapu ha sido mencionado constantemente: el “diálogo”. 

Respecto de este punto, el informe en cuestión cita como casos fallidos las diversas instancias de diálogo de gobiernos anteriores, desde la construcción de la Ley Indígena de Patricio Aylwin hasta el Plan Araucanía de Sebastián Piñera. 

Sobre esto identifican una serie de problemas, los cuales son expuestos de forma textual a continuación:

1. La falta de inclusión en la convocatoria ha sido determinante en el escaso avance de los procesos de diálogo. 

2. En segundo lugar, la carencia de poder efectivo dentro de esos procesos, en cuanto el Estado no cede ninguna forma de control y se asegura siempre una conversación vertical, donde el diálogo no afecta realmente las decisiones y políticas estatales. 

3. En tercer lugar, la convocatoria ha surgido casi siempre del Estado y, sobre todo, del gobierno, de una manera en que este fija las reglas, precisamente en el sentido de no afectar su núcleo de poder. 

4. Carecen de seguimiento: no han constituido procesos donde se puedan ir aproximando voluntades. 

5. Finalmente, todas estas características se reflejan en el carácter inocuo de los diálogos, en que sus conclusiones o recomendaciones no afectan ni los contenidos ni la estructura del Estado y permanecen como ejercicios irrelevantes para los problemas que quieren afectar.

Así, los encargados de redactar este plan señalan un objetivo, el cual abre las dudas sobre si es que existe la intención activa de establecer un diálogo con los grupos más radicales, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o la Comunidad Autónoma de Temucuicui.

“Impedir expansión de escalada de violencia, generando espacios de diálogo político, movilizando a la sociedad mapuche en torno al diálogo y encapsulando crecientemente a actores que no están disponibles para dialogar”, se plantea en plantea el objetivo del llamado “sistema de diálogos”.

En base a esto último, se puede suponer que organizaciones como la CAM serían “encapsuladas”, puesto que ya cerraron la posibilidad de dialogar. Cercano a esto se encuentra la Comunidad Autónoma de Temucuicui, dado que hace una semana el werken Rodrigo Huenchullan dijo a Interferencia que el gobierno se estaba alejando de la posibilidad de conversar.

Quizás otros podrían correr la misma suerte. De hecho, el documento señala un “mapa de insurgencias” en el cual identifica a cinco grupos, los cuales a continuación son citados textualmente:

● CAM. Coordinadora Arauco Malleco. Organización en la cual el liderazgo se atribuye a Héctor Llaitul; sin embargo, por su estructura de funcionamiento no permite tener control de las mismas. Los ORT son grupos autónomos que funcionan desde los territorios, pero para operaciones se desplazan e intercambian apoyos (trafkintu) entre ellos.

● WAM. Weichan Auka Mapu. Grupo reducido, pero con muchas acciones ya que sus integrantes son de distintos territorios pero que comparten un objetivo común. La conformación y formación obedece a un sentido propio mapuche basado y sostenido en lo espiritual religioso. La dispersión en su accionar obedece a la oportunidad para la ejecución y al reclutamiento de nuevos miembros. 

● CAT. Comunidad Autónoma Temucuicui. Su nombre no solo indica la cobertura de su acción, sino también el propósito; que es la recuperación y conformación del territorio ancestral. Los conflictos son con las propiedades forestales y con particulares colindantes. 

● RML. Resistencia Mapuche Lafkenche. Organización cuya cobertura espacial es en la costa entre las regiones Bio Bio y Araucanía. Tienen conflictos con las forestales y particulares quienes han usurpado parte de los territorios. Las acciones son muy ordenadas territorialmente y van avanzando hacia el sur por la ruta costera. En su composición y forma operativa es de tejido complejo, ya que hay distintas variables que van determinando sus decisiones. Y esto porque detrás de ello no solamente está el tema de la reivindicación territorial, sino también el negocio de la madera, y otros. 

● RMM. Resistencia Mapuche Malleco. Al igual que las anteriores, tiene una base y cobertura territorial y que opera al norte de Ercilla. El tema está relacionado con las plantaciones forestales y la ocupación del territorio.

El documento también establece una metodología para implementar el sistema de diálogos:

– Ser múltiples, pero coordinados desde un sistema (tejido de diálogos y cascada de acuerdos). 

– Llegar a acuerdos que vinculen a quienes se comprometieron en ellos. 

– Iniciarse y convocarse desde los diferentes territorios – como los parlamentos – y no desde el gobierno central. Los diálogos deben ser convocados por las autoridades territoriales de los pueblos indígenas, antes que por las autoridades estatales. 

– De carácter multisectorial, que involucren la discusión de la multiplicidad de brechas de inclusión y demandas indígenas y no sólo respecto de la recuperación de tierras. Esto requiere tanto la coordinación de los diversos sectores del Estado central como entre los diferentes niveles del Estado. 

– No deben excluir a nadie a priori (diálogos serán públicos y se realizarán con quienes decidan participar en ellos). 

– Los métodos de diálogo deben ser flexibles. – Sistema de seguimiento a los acuerdos – Contar con una garantía mediante la observación de organismos internacionales de DD.HH. (Alto Comisionado DDHH-Chile) y la asesoría de actores expertos 

Incitación al odio

En el capítulo ‘Derechos Humanos y Sistema Judicial’ los profesionales plantean una serie de puntos, entre los cuales, se señala la incitación a la violencia por parte de algunos miembros de la multigremial. En el texto se propone  la “denuncia y persecución en contra de quienes propugnan el odio en Wallmapu” lo cual, se sostiene, “también es una señal para la Fiscalía quienes abandonan la persecución cuando las víctimas son mapuche”.

Según el texto, durante la primera visita a Wallmapu se debían presentar querellas por los hechos ocurridos en Curacautín y Victoria en agosto de 2020, cuando representantes mapuche se tomaron dependencias de los municipios de ambas comunas y fueron desalojados violentamente por Carabineros y civiles.

Estas acciones legales no se concretaron, pero en la planificación se señalaba que en estos hechos “la característica principal es la violencia que nace desde el racismo; la señal en torno a acompañar a las victimas que sufrieron tortura e incendio (en el caso de Curacautín) por parte de personas incitadas por reconocidos miembros de la multigremial (incluida la actual diputada electa Gloria Naveillán), genera un gesto político de apoyo a las victimas mapuche que han sufrido abandono de parte del Estado de manera consecutiva”, reza el texto.

Nuestro medio contactó a Salvador Millaleo, quien no quiso conversar en profundidad y escuetamente señaló que “el documento no es un documento de gobierno. De hecho ahí dice que estaba en construcción y fue elaborado antes del inicio de esta administración”.

Publicado originalmente en Interferencia