La comunidad de Cabo Pulmo interpuso nuevamente ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una solicitud de extinción de la autorización en materia de impacto ambiental que otorgó al proyecto turístico Cabo Cortés, planeado a un lado del parque arrecifal, luego de que la primera solicitud que presentaron les fue negada.

La dependencia, lejos de hacer valer la ley y las condicionantes, se ha dedicado a allanar el camino a la desarrolladora para construir este megacomplejo turístico depredador, advirtió Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace México.

Ejemplificó que la Semarnat otorgó a los gestores del proyecto hotelero Cabo Cortés el doble de tiempo permitido por la ley para que cumplieran las condicionantes, lo cual es una violación a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Agregó que la dependencia incumplió condicionantes sobre impactos ambientales que puede provocar a la reserva marina de Cabo Pulmo, como no informar en tiempo la ubicación y características de los almacenes temporales de residuos peligrosos que generarán sus actividades, ni tampoco presentó en tiempo una propuesta de acciones de reforestación de la vegetación que retire durante la construcción.

Sostuvo que el titular de la dependencia, Juan Elvira Quesada, y el subsecretario Mauricio Limón siguen defendiendo Cabo Cortés. Recordó que el secretario en su comparecencia en el Senado de la República dijo que iba a ser respetuoso de la ley, pero esto lo contradice. Ya existen suficientes elementos e ilegalidades para cancelar el proyecto turístico, ¿qué más necesitan?

Los habitantes, científicos y organizaciones llevan alrededor de 17 años protegiendo Cabo Pulmo. Ahora la comunidad apela a la justicia para frenar el proyecto de Cabo Cortés, dijo en conferencia de prensa, que tuvo lugar en La Paz, Judith Castro, integrante de la comunidad.