En los tribunales de Zapala, en el corazón de la provincia cordillerana de Neuquén, Argentina, comienza hoy un juicio histórico. Tres indígenas mapuches de la Comunidad Winkul Newen están acusados de “tentativa de homicidio y daño agravado” por resistir un desalojo en favor de una de las empresas petroleras que explotan pozos en sus territorios ancestrales. La cara visible de este proceso es Relmu Ñamku, una indígena de 37 años referente de la resistencia mapuche contra el avance de la explotación petrolera, particularmente de Apache Corporation, desde hace al menos cinco años. Es la primera vez que una mujer indígena en Argentina corre peligro de ser condenada a prisión por defender su territorio.
“Intentan amedrentar al pueblo mapuche y liberar la zona para mineras, petroleras y grandes estancieros. Soy inocente, lo vamos a demostrar y exigimos que el Poder Judicial racista no tenga doble vara y haga cumplir nuestros derechos”, dijo Relmu al periodista Darío Aranda.
Ayben Kimvn, una de las hijas de Relmu, escribió una carta pública en la que relata la serie de abusos y violencias que ha sufrido su familia y su comunidad: su bisabuelo fue asesinado por un policía en un caso que continúa impune; su abuelo, su tía y su prima recién nacida murieron por afectaciones a la salud que vinculan con la contaminación del lugar; también sobrevivieron a desalojos, golpizas, balazos. “Esto también es VIOLENCIA y me pregunto ¿dónde estuvo la JUSTICIA?”, dice la joven en su carta.
El episodio por el que se acusa a Relmu, a Martín Velázquez Maliqueo y a Mauricio Rain sucedió en los últimos días del año 2012. A comienzos de ese año, la comunidad apostada en el paraje Portezuelo Chico, a 30 km de Zapala, había cerrado el paso a la empresa. El 28 de diciembre, la jueza local, Ivonne San Martín ordenó el desalojo. El operativo incluyó a la auxiliar judicial Verónica Pelayes, policías, guardias privados, enviados de la empresa y una retroexcavadora. Según relatan los mapuches, la retroexcavadora avanzó sobre una de las jóvenes de la comunidad, por lo que respondieron con piedras. Una, le rompió el tabique a la enviada de la justicia. La fiscal Sandra González Taboada responsabilizó a Relmu del piedrazo y pidió una condena de 15 años de prisión por “tentativa de homicidio”.
La justicia de la provincia establece que al tratarse de penas tan graves, el juicio debe tener un jurado y realizarse de manera oral y pública. En este caso, el jurado que comienza a actuar hoy está conformado por seis mapuches en un total de doce personas convocadas para la tarea. Es la primera vez que se forma un jurado intercultural en el continente. Será traducido en simultáneo a mapuzungun, el idioma mapuche.
Amnistía Internacional Argentina será observadora del juicio. Esta semana emitió un comunicado calificando de “desproporcionada” la acusación, considerando los daños. “Buscan un caso testigo para apresar a quienes luchan por la tierra y quieren liberar la zona para petroleras y grandes estancieros”, comentó Darío Kosovsky, abogado de los indígenas.