Foto: Marcha

Luego del golpe que destituyó a Pedro Castillo, el gobierno de facto desplegó un plan represivo que les costó la vida a decenas de personas. Dos delegaciones internacionales constataron la violación sistemática de los derechos humanos en el país sudamericano.

En los dos últimos meses, se trasladaron a Perú dos misiones de derechos humanos encargadas de recolectar información, pruebas y testimonios que confirman el plan represivo desplegado por el gobierno de facto de Dina Boluarte, tras el golpe parlamentario que destituyó al mandatario electo, Pedro Castillo.

Desde que Castillo fue derrocado el 7 de diciembre de 2022, en todo el país, la ola de persecución y represión no se detuvo. Hasta el momento, se calcula que más de 70 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo que la capital del país, Lima, y varias regiones del sur peruano se encuentran prácticamente militarizadas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos (MISDH), que estuvo del 7 hasta el 13 de febrero, y la Delegación Feminista Plurinacional (DFP), que recorrió el territorio del 6 al 13 de marzo, pudieron constatar la planificación estatal de la represión y la violación sistemática de los derechos humanos.

La semana pasada, la MISDH presentó un informe sobre su estadía en el país sudamericano, mientras que la DFP difundió un informe preliminar en la sede del Sindicato de Trabajadores del Banco de Nación, ubicado en Lima.

En La tinta, hablamos con Natalia Di Marco, de Feministas de Abya Yala y quien integró la DFP, y con Gonzalo Armúa, militante del Frente Patria Grande y coordinador de la MISDH que viajó a Perú. Sus testimonios revelan la impunidad del gobierno de facto, pero también las formas de resistencia y solidaridad del pueblo peruano más humilde, que no sólo demanda la salida de Boluarte, sino que lucha por una Asamblea Constituyente que redefina la institucionalidad del país, secuestrada hace décadas por los sectores de poder más concentrados.

La vigencia del terrorismo de Estado

La integrante de la DFP explicó que uno de los objetivos fue “romper el cerco mediático, seguir difundiendo y dando a conocer las atrocidades que está llevando adelante la dictadura de Dina Boluarte, la violencia que se despliega cotidianamente sobre el pueblo, con todas las formas posibles de represión”.

Di Marco relató que la violencia estatal en Perú apunta específicamente a las mujeres, lesbianas, trans, por lo cual tomaron testimonios que sirven de denuncia. Para eso, la DFP se dividió en varios equipos que se desplegaron en Lima y Ayacucho, a su vez que pudieron establecer contacto con mujeres de las regiones de Puno y de Apurímac. La idea fue “dar cuenta de lo que estaba pasando en esa diversidad de territorio”, que sufre “las estructuras del terrorismo de Estado” que, según Di Marco, “están absolutamente activas”. Desde el gobierno y las estructuras de poder peruanas, como la Justicia, se criminalizan todos los espacios de luchas sociales y, a su vez, se “las identifica con el terrorismo”, para así justificar la represión.

Según la experiencia de Armúa, en el Perú actual, se palpa en lo cotidiano “el nivel de persecución y criminalización de la protesta social, y de todo tipo de activismo social y político, en particular, de izquierda o cualquier discurso crítico al orden neoliberal, en especial, a este gobierno de facto que tiene a la cabeza a Dina Boluarte”.

“Eso se evidencia en los discursos furibundos de los medios de comunicación que, directamente, acusan a todo manifestante de ser terrorista –remarcó el militante-. También se evidencia en las denuncias que tienen cientos de manifestantes, ciudadanos y ciudadanas peruanas, que, por el solo hecho de estar en una manifestación, son citados en causas por terroristas. El gobierno denuncia que todos los manifestantes de todas las movilizaciones del sur del país son terroristas. Eso se combina con un racismo muy fuerte, que se ve expresado en una relación entre Lima y las provincias. La mayoría de los discursos plantean que, en las provincias del sur, son vándalos que están al servicio de fuerzas extranjeras o que son separatistas que quieren anexarse a Bolivia. De esa manera, justifican la represión”.

La resistencia y el miedo

Para Di Marco, es importante resaltar la resistencia del pueblo peruano que, pese a las prohibiciones y la represión, continúa en las calles. “La resistencia tiene una característica profundamente campesina e indígena, es muy fuerte en las regiones, sobre todo, en la zona del sur de Perú”, estimó. En Lima, “se han prohibido las manifestaciones, sin embargo, el pueblo todos los días sale a la calle a seguir manteniendo activa la resistencia contra el golpe, a expresar el repudio –agregó-. Cada una de esas salidas es sistemáticamente reprimida con gases lacrimógenos y balas de goma”.

En el caso de la MISDH, Armúa indicó que su presencia en Perú generó “la sensación de mucho cariño y agradecimiento del pueblo”. “Eso se podía constatar cuando estábamos en las movilizaciones observando  y cuando viajamos a los territorios, donde muchas de las víctimas, familiares y heridos nos recibían con abrazos, con agradecimientos, con lágrimas en los ojos. Nos planteaban que se sentían solos, abandonados, y que la llegada de la misión les permitía sentirse acompañados y hermanadas con otros pueblos. La gratitud y la solidaridad fueron absolutas”, explicó el coordinador de la Misión.

Como reflexión de lo que vive Perú, Armúa remarcó que “las imágenes de la represión, los archivos que nos brindaron los testigos y familiares, son atroces: personas con impactos de bala, heridas graves, mutilaciones, imágenes que son difíciles de borrar. Y la sensación de plena indefensión. Nos pasaba incluso con congresistas o diputados que sentían ese mismo miedo, y ni qué hablar una persona que no tiene ningún tipo de fuero ni visibilidad pública”.

Di Marco remarcó que, en el país sudamericano, “no solamente se está desarrollando un golpe de Estado, sino que también hay un pueblo que está resistiendo y exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria de una Asamblea Constituyente”.

Para finalizar, Armúa también sintetizó lo que puede suceder en un futuro cercano en Perú: “Nuestras experiencias nos dicen que la justicia, cuando el pueblo la está pidiendo, llega. En algunos casos, más tarde o más temprano, pero estamos seguros de que Dina Boluarte, como los responsables por cada una de las vidas y por cada una de las heridas que ocasionaron en este tiempo, van a terminar en la cárcel, como corresponde, respetando sus derechos y sus debidos procesos, procesos y derechos que ellos no están respetando a la población peruana”.

Este material se comparte con autorización de La Tinta