En Perú, el proyecto minero de la empresa china MMG Limited, extrae 32 mil toneladas de cobre al mes en medio del conflicto social que ha generado entre la población que pretende expulsar de su territorio. Los comuneros de Taquiruta reclaman un precio justo a sus más de mil hectáreas, pobladores de Apurímac bloquean la carretera y 16 familias se resisten a dejar su territorio.

El ruido y la polvareda perturban a Celia Huamaní, mujer que nació en este territorio a 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar: “Yo he abierto los ojos acá. Vivo desde mi nacimiento, mis abuelos, tíos han vivido acá (…) desde hace varias generaciones”  comenta en quechua Celia Huamaní Vargas al periódico La República,  agarrándose las manos, cabizbaja y con un niño en el vientre. Luce intranquila en la puerta de su casa de adobe en el caserío Taquiruta, en la región Apurímac, donde retumban cada mediodía las voladuras de un tajo minero que crece y crece en medio del campo como la criatura que pronto traerá al mundo Celia.

Sus vecinos denuncian que sus viviendas se han cuarteado por las explosiones. Viven sin luz y agua potable. “Y el poco ganado que tenemos es golpeado con palos por los empleados de la mina,  como si fueran perros”, se queja Celia mientras su marido Lenin traduce al español lo que viven cada día al equipo de Convoca.pe y La República.pe que los entrevista.

Son 16 las familias del caserío Taquiruta de la comunidad de Fuerabamba en el distrito de Chalhuahuacho que viven a sobresaltos a pocos metros de las operaciones del proyecto de cobre más grande del Perú y que se resisten a abandonar sus casas y su tierra, El proyecto Las Bambas, está concesionado al gigante asiático MMG Limited, que tiene como principal accionista a la estatal China Minmetals Corporation y que realizan su primera incursión en Sudamérica.

Las familias de Taquiruta son los sobrevivientes del éxodo. Las más de 400 mil toneladas de cobre que MMG Limited proyecta extraer cada año están debajo de las casas ya desaparecidas de la comunidad de Fuerabamba. Es la tierra, la chacra, el hogar de familias campesinas versus la principal fuente de cobre de un país. Por eso hace más de dos años, por encima de 400 familias de la comunidad fueron reubicadas por la anterior operadora Glencore Xstrata a una especie de ciudad satélite que queda a media hora del proyecto minero y a la que llaman Nueva Fuerabamba.

Taquiruta fue el único caserío de la comunidad que prefirió quedarse en el campo hasta que la empresa les pague lo que ellos consideran “justo” por sus más de mil hectáreas de terreno aunque sus corrales y cercos sigan desapareciendo al mismo tiempo que avanza la maquinaria pesada y se incrementa la producción de cobre de 32 mil 800 toneladas finas cada mes, lo que equivale a 82 camiones con una carga promedio de 400 toneladas.

Durante varios años los representantes de los distintos operadores del complejo minero y la población lograron establecer una relación armoniosa. “Pero el cortejo acabó cuando la empresa accedió al territorio”, narra Paulina Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (IISCAL).

“La empresa era el papá. Si querías fiesta patronal, la mina traía las mejores orquestas del año, mataban diez o quince cabezas de ganado, preparaban la mejor chicha (…). Hasta a las personas que no tenían mujer se las llevaban al servicio sexual”, narra Porfirio Gutiérrez Paniura, quien encabeza la lucha del caserío Taquiruta y asegura que “todos los regalos acabaron cuando terminaron de sacar a la comunidad de sus tierras”.

Tiempo después la convivencia se quebró en septiembre de 2015 con la provincia de Cotabambas cuando estalló el conflicto por las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto sin consultar a la población. Para entonces MMG Limited ya había comprado la mina a Glencore y lo que quedó como registro oficial fueron 3 muertos y 29 heridos en la lista de más de cien conflictos sociales vinculados a las industrias extractivas. En respuesta, el régimen de Humala instaló una mesa de trabajo con cuatro temas: derechos humanos, medio ambiente, responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible a cargo del Ejecutivo.

El Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas reclama hasta hoy por qué no se consultó a los pobladores los cambios que se hicieron al Estudio de Impacto Ambiental aprobado en marzo de 2011. Desde entonces hubo cinco modificaciones, de los cuales el más polémico es el que se aprobó en agosto de 2013 mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) porque permitió el traslado de la planta de filtración que procesa 2 mil 995 toneladas por día de concentrado y que es la que permite la separación del molibdeno y el cobre.

Este centro de operaciones está constituido por la planta de espesamiento, la planta de molibdeno y de filtraciones de cobre, así como un almacén de concentrados, que antes estaba ubicado en el área de Tintaya, en Espinar (Cusco), pero que ahora se levanta en la provincia de Cotabambas (Apurímac).

El ITS forma parte de los procesos de simplificación que aprobó el gobierno de Humala para acelerar las inversiones en el territorio peruano sin que se exija la participación ciudadana para admitir cambios en los estudios ambientales porque se supone que debe usarse para modificar componentes auxiliares del proyecto o ampliaciones para mejoras tecnológicas. Esto es lo que ha alborotado el clima social ante la incertidumbre de los impactos que puedan generarse.

En el caso de Las Bambas, con el ITS también se abrió camino para que los minerales ya no se transporten por un mineroducto, una especie de enorme tubo que protegía el traslado de los metales, sino por camiones que desde enero de 2016 en que empezó a explotarse el cobre, levantan una gran polvareda que agita el reclamo de la población, entre ellos los comuneros del caserío Antuyo en el distrito de Tambobamba que recientemente ocuparon un tramo de la carretera. Según la minera Las Bambas, esto no afectó sus operaciones. Pero estos pobladores exigen que la empresa asfalte la vía.

Con la desaparición del mineroducto también se sepultaron las expectativas de los pobladores de 20 comunidades y cuatro centros urbanos de alquilar o vender sus tierras en el área de influencia directa de este sistema de transporte de cobre que figuraba en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial, de acuerdo con la revisión del expediente del proyecto que realizó Convoca.pe con la ayuda de ingenieros ambientales.

“Todos soñábamos con ser parte, trabajar. Pero nos aplastan como hormigas”, dice Daniel Olivera de Cayao, comunidad ubicada en el área de influencia directa del mineroducto. Él y otros comuneros piden que se respete el plan inicial al igual que Porfirio Gutiérrez, quien exige que la compañía cumpla con los compromisos que asumieron las anteriores operadoras. “Solo se culpan unas a otras”, agrega.

Para Paulina Garzón, directora de IISCAL, “si una compañía globalmente responsable como MMG no puede cumplir estas exigencias, no hay esperanza de que otra empresa lo haga” porque la compañía ha suscrito diversos acuerdos internacionales, entre los que aparecen los Estándares de Desempeño del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) que exige respetar el derecho a la consulta previa de las comunidades.

Texto que forma parte de la primera parte del reportaje realizado por Convoca.pe y La Republica.pe, publicado en esta:

http://larepublica.pe/impresa/politica/796135-las-bambascomuneros-de-taquiruta-reclaman-un-precio-justo-por-sus-mas-de-mil-hectareas