La persistencia de normas y leyes discriminatorias contra las mujeres, niñas y adolescentes es uno de los principales factores que obstaculizan la erradicación de la violencia contra las mujeres en América Latina.
Así lo dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe más reciente sobre “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina”.
De acuerdo con la CIDH, actualmente existen países en la región, como Barbados, que no establecen la igualdad entre mujeres y hombres, ni el derecho a la no discriminación en sus Constituciones ni en ninguna de sus legislaciones. Ello pese a que, como en el caso de las Bahamas, estas consideraciones se sometieron a discusión legislativa, pero fueron rechazadas.
En algunos países incluso persisten normas discriminatorias contra las mujeres, particularmente en materia de bienes, servicios y herencias. Por ejemplo, en Nicaragua y Honduras prevalecen normas de regulación patrimonial del matrimonio que reconocen a los hombres como “representantes del hogar”. Otro caso es el de Santa Lucía, cuyo Código Civil estipula que, si bien el esposo debe protección a su esposa, ella debe obediencia a su marido.
Pero esta discriminación también ocurre en leyes contra la violencia. De acuerdo con la Comisión, en algunos países (como Saint Kitts, Nevis y Haití) no se castiga la violación sexual en el matrimonio, o solo se incluye como una agravante en la legislación a la violencia sexual, como es el caso del Perú.
En países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa Lucía, solo se procesa al agresor cuando la pareja está separada, en el proceso de un divorcio o cuando hay una orden de restricción; y en Jamaica solo cuando la violación sexual ocurre luego de la separación legal o durante los procedimientos judiciales para disolver el matrimonio.
Estas discriminaciones están en casi todos los temas. Por ejemplo, en cuanto a la protección de la maternidad, Bolivia, Paraguay y la mayoría de los países del Caribe no garantizan durante la licencia por embarazo 100 por ciento del salario habitual.
Riesgo de retrocesos
La CIDH declaró que existen “tendencias contrarias” a los derechos de las mujeres que han ejercido presión sobre los Estados de la región para frenar e incluso revertir los adelantos alcanzados por las mujeres. Estas tendencias contrarias a integrar la perspectiva de género, dijo la CIDH, se han observado en leyes, programas y políticas públicas en varios países de la región.
La Comisión dijo que ha obtenido información sobre proyectos o iniciativas en los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo contrarios a los derechos de las mujeres en Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, se presentó una iniciativa de ley para la “Protección de la Vida y de la Familia” que hace referencia al “orden natural” del matrimonio y la familia.
Por todo esto, la CIDH llamó a los Estados a cumplir con su obligación de adoptar medidas específicas para contrarrestar los prejuicios, costumbres y cualquier otra práctica que esté basada en la supuesta inferioridad de las mujeres, y que prevenga la influencia de las tendencias que buscan limitar los derechos de la población femenina.
Publicado originalmente en CIMAC Noticias
