Ya son nueve las quejas que han interpuesto habitantes del municipio de Tamazula, Durango, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por las acciones que han cometido estos días elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en un macro operativo que están desplegando entre Durango y Sinaloa para capturar al narcotraficante fugado, Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.
Los habitantes de este municipio y de varias comunidades más, fueron desplazados esta semana por fuerzas especiales de la Marina bajo el pretexto que “buscaban a un señor”. Además de Tamazula, donde sus habitantes se refugiaron en la localidad vecina de Cosalá, Sinaloa, se vieron afectadas las comunidades de El Verano, La Lagunita, Santa Ana, Río de las Barras y Aguilitas. En total unas mil personas según informó El Siglo de Durango.
En un comunicado conjunto de la Secretaria de Gobernación, Marina, Secretaria de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República, confirmaron que estos operativos en el noroeste de México, motivaron la huida precipitada de El Chapo, acción que le causó lesiones en la cara y la pierna.
Robos y tiros indiscriminados
Las siete nuevas quejas se presentaron durante el pasado jueves, y son tres las quejas principales; la primera de ellas es que los uniformados no les permiten el libre tránsito por la zona alta de Tamazula, según informó el ombudsman local, Felipe de Jesús Martínez Rodarte.
Otro de los temas que más refieren los quejosos es que los elementos de la Marina les han robado sus víveres, «los alimentos que tenían en sus domicilios fueron sustraídos», comentó Martínez Rodarte.
La tercera es el miedo que se infligió en los habitantes de varias comunidades de la parte alta de Tamazula, cuando los elementos de la Semar dispararon contra las viviendas.
Al igual que las dos quejas presentadas desde el viernes 9 de octubre, fueron turnadas ya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Reconoce Martínez Rodarte que entre lo que pudieron observar los visitadores es que se han violado los derechos humanos de los desplazados porque a los niños, por este traslado, no pueden acudir a la escuela, «esto sí es una violación de sus derechos», puntualizó.
Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general de Durango, defendió la actuación que realizan los marinos en la parte alta de la Sierra de Tamazula.
Foto: Noroeste
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