Ciudad de México | Desinformémonos. Ante el asesinato del reportero Luciano Rivera, periodistas mexicanos y organizaciones exigieron que el crimen sea investigado sin que se descarte su trabajo periodístico “como posible móvil”, pues la subprocuradora de Baja California, donde sucedió el hecho, aseguró que la muerte de Rivera no está vinculada con su labor y fue por defender a una mujer dentro de un bar, a pesar de que los agresores “llegaron hasta allí buscándolo y presuntamente tenían tiempo siguiéndolo”.

Rivera, asesinado el pasado 31 de julio en Playas de Rosarito, era el director de la revista Dictamen BC, en cuyas últimas ediciones se publicaron investigaciones sobre el narcotráfico y grupos de poder, lo que pudo “incomodar a grupos delincuenciales”, señalaron los denunciantes.

Los periodistas acusaron que las autoridades y las instituciones de procuración de justicia buscan cerrar el caso “e incluso persiguen a otros colegas” por develar “detalles importantes”, como el caso del reportero Alberto Elenes, quien demostró que la versión de la Procuraduría General de Justicia de Baja California (PGJ-BC) “es insostenible y por ello ha sufrido acoso”.

El trabajo de Elenes se basó en el registro de testimonios que aseguraron que se trató de un asesinato premeditado y no fortuito, como declaró la PGJ-BC. En la primera audiencia de vinculación a proceso se confirmó la versión publicada por Elenes, lo que provocó que funcionarios como el director de Comunicación Social de la PGJ-BC, José Manuel Yepiz, lo llamara “irresponsable” por cuestionar la primera versión oficial y lo acusara de “tratar de desacreditar la versión de la autoridad”.

Por ello, los denunciantes exigieron que se garantice la integridad física de Alberto Elenes y que cese el descrédito a su trabajo, así como manifestaron su solidaridad con los periodistas de Baja California y demandaron su protección.