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Periodista y mujer: el doble blanco de la violencia en México y Centroamérica

Otras Miradas

Sin ellas, la democracia se vuelve frágil. Por eso es tan importante ofrecer mecanismos de protección, no dejar de denunciar, crear alertas e investigar con perspectivas de género. Estos pueden ser algunas de las soluciones a corto, medio y largo plazo ante un problema gravísimo que va muy unido al deterioro democrático y al autoritarismo de toda la región.

La violencia contra las mujeres es un problema grave que debe ser atendido por y en todos los sectores de la sociedad. Eliminar por completo esa violencia es una condición fundamental para el desarrollo de cualquier país. Sin embargo, lejos de ser un problema aislado, las agresiones machistas en todo el mundo y, en particular, en países de Centroamérica y en México, siguen siendo parte de la realidad cotidiana de millones de mujeres de todos los estratos sociales.

Para que esto se reconozca como un problema real que merece soluciones urgentes, el trabajo de los medios de comunicación es clave. Los medios han avanzado mucho en la cobertura de casos de violencia machista, basta con hacer un recorrido por los contenidos periodísticos que se publicaron en el marco del pasado 25 de noviembre, día de la no violencia contra las mujeres, por los medios aliados de Otras Miradas. Es evidente que el periodismo ha caminado sin retorno hacia una perspectiva de género que le agrega valor y calidad a su trabajo.

Sin embargo, hay una realidad de la que se habla menos y que es igual de importante y afecta el ejercicio periodístico: se trata de la violencia hacia las mujeres periodistas. Actos que van desde el acoso en línea que incluye amenazas a su integridad física y sexual, hasta la persecución y el asesinato, son parte del lamentable listado que evidencia la discriminación a la que se ven expuestas las periodistas por su condición de mujeres.

La violencia machista como arma de censura es una de las estrategias utilizadas por los poderes políticos, económicos, o del crimen organizado para amedrentar a las periodistas que, en el ejercicio de su labor, buscan denunciar y cuestionar al poder a través de investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, maras, violaciones de derechos humanos, etc.

En Centroamérica y México, no se cuenta con un recuento específico de cuántos casos de agresiones y violencia a mujeres periodistas se reportan al año, pero algunos esfuerzos que sistematizan estos casos muestran que cada vez son más y que el objetivo común es el de acallar la voz crítica de quienes hacen un trabajo elemental para la democracia y la libertad.

El caso más grave, posiblemente, lo constituye México. Según Lucía Laguna Huertas, coordinadora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), los casos de agresión a mujeres periodistas en México se han quintuplicado en la última década. Comparando el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto con el primer trienio del actual gobierno, se ha pasado de 248 agresiones a 767 agresiones a mujeres periodistas. “La violencia a mujeres periodistas, lejos de disminuir, se ha incrementado” aseguró Laguna durante una conferencia organizada por la Fundación Heinrich-Böll-Stiftung en el Parlamento Europeo.

El asesinato de la colega Lourdes Maldonado, de Tijuana, en enero de 2022, constituye un ejemplo de esa violencia extrema que enfrentan las periodistas por hacer su trabajo, pero también representa un ejemplo de la impunidad que impera en México frente a quienes quieren apagar las voces críticas.

“Informar a la sociedad, hacer su trabajo, investigar temas de derechos humanos, acompañar a las víctimas y colocar en el centro de la información datos que deben ser conocidos por la sociedad” son las razones por las que las mujeres periodistas sufren distintas formas de agresión, según Laguna. Contrario a la idea de que es el crimen organizado la principal fuente de donde proviene esta violencia, la directora de CIMAC explica que, en alrededor de un 50% de los casos, la violencia hacia las periodistas es ejercida por funcionarios, agentes del Estado, etc.

El asesinato de la colega Lourdes Maldonado, de Tijuana, en enero de 2022, constituye un ejemplo de esa violencia extrema que enfrentan las periodistas por hacer su trabajo, pero también representa un ejemplo de la impunidad que impera en México frente a quienes quieren apagar las voces críticas. El rostro de esta periodista dio la vuelta al mundo, tras conocerse su muerte, pues en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó frente al presidente que temía por su vida y que pedía al gobierno protección frente a los riesgos que sabía que corría.

Esta petición no solo fue insuficiente para evitar el asesinato de Maldonado. Más bien, como periodistas mexicanas contaron en distintos medios, existe una campaña orquestada desde la presidencia del país para desprestigiar al periodismo crítico. Y en esa campaña, muchas mujeres son blanco de la descalificación de parte del presidente del país, lo que, sin duda, puede incentivar las agresiones hacia ellas y sus familias.

También en Centroamérica, sumida en un creciente autoritarismo, los gobiernos han aumentado la persecución al periodismo y las mujeres. Bajo el sesgo de género se llevan la peor parte de esta violencia. En Nicaragua, por ejemplo, organizaciones como Voces del Sur registraron, en enero, un incremento de la agresión a mujeres periodistas, quienes tuvieron que exiliarse a la fuerza o trabajar en la clandestinidad, debido al riesgo de ser apresadas por ejercer su oficio y documentar las violaciones a derechos humanos en el país centroamericano.

La tendencia es similar en El Salvador, donde la llegada del presidente Nayib Bukele al poder ha conllevado una mayor agresión al periodismo. Muchas colegas reciben amenazas en línea y ven su trabajo de investigación muy limitado, por lo que se vulnera el derecho a ejercer el periodismo de forma libre e independiente. La joven periodista Neyda Padilla compartió en este artículo para Otras Miradas su visión acerca del panorama de medios en El Salvador. En él, destaca los ataques perpetrados por grupos afines al gobierno como una de las formas más comunes para desalentar el trabajo de las nuevas generaciones de profesionales de prensa y, en particular, de las mujeres.

Esta dinámica se produce en el resto de la región. Persecución y ataques personales que incluyen campañas de desprestigio y estigmatización, escarnio público de su vida privada que pone en duda su capacidad profesional, divulgación de información sobre su sexualidad, críticas destructivas sobre su forma de vestir, su color de piel, etc., forman parte de las expresiones de violencia que se repiten con distintos matices según el país.

El gremio periodístico no debe cejar en la denuncia constante y específica de la violencia contra sus colegas mujeres.  Es necesario, igualmente, que en las investigaciones sobre estos crímenes, exista una perspectiva de género clara para que el foco no se ponga en la vida privada de las asesinadas, sino en las razones que se relacionan con el ejercicio de su profesión.

¿Qué efecto genera la violencia y los asesinatos contra las mujeres periodistas?

En opinión de la periodista Lucía Laguna Huertas, esto genera un efecto cascada. “Manda un mensaje a otras colegas porque las mujeres periodistas asesinadas o perseguidas son figuras representativas, así las demás piensan: Si a ellas les hacen eso, qué nos pueden hacer a nosotras” reflexiona.

A pesar de que, en múltiples ocasiones, las periodistas que son víctimas de agresión presentan denuncias o reciben medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o están bajo distintos mecanismos de protección y denuncia, esto no se traduce en un menor riesgo a su integridad. Se trata de sociedades donde reina la impunidad y donde los poderes de facto hacen de esta persecución un escarmiento para que otras no sigan el camino de la denuncia. “La impunidad es la puerta abierta a la repetición” señala Laguna.

¿Qué se puede hacer?

Muchas mujeres periodistas están organizadas en redes, colectivos, organizaciones que respaldan su trabajo y ayudan a activar protocolos de protección frente a situaciones de riesgo, tales como la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Artículo 19, CIMAC, entre otras.
Algunas periodistas han optado por el exilio para preservar su libertad o su vida. Sin embargo, la tarea no es solo de ellas.

El gremio periodístico no debe cejar en la denuncia constante y específica de la violencia contra sus colegas mujeres.  Es necesario, igualmente, que en las investigaciones sobre estos crímenes, exista una perspectiva de género clara para que el foco no se ponga en la vida privada de las asesinadas, sino en las razones que se relacionan con el ejercicio de su profesión y cómo ello les llevó a ser víctimas de asesinatos atroces. Asimismo, en aquellos países donde aún existe algún resquicio de institucionalidad se debe promover la aprobación de mecanismos legales de protección y de denuncia.

Y no menos importante es que el trabajo de las mujeres periodistas sea reconocido y cada vez más valorado por su profesionalismo y no por su condición de mujer, su vida personal, forma de vestir, color de piel, condición de madres, etc. Que el rol que desempeñan en los medios sea cada vez más relevante, para que cuando una de ellas sea atacada, todas las alarmas se enciendan. Una sociedad que calla ante la violencia contra las periodistas se encamina hacia el fin de su democracia.  

Este material se comparte con autorización de Otras Miradas

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