El pasado 17 de mayo, la organización Rights International Spain (RIS) hacía públicos los resultados de una encuesta que muestra cómo la actividad policial sigue modulada por criterios étnicos y raciales. Las respuestas de 40 organizaciones dibujaban un marco en el que las paradas por perfil racial son una práctica cotidiana de los cuerpos policiales.

La encuesta, realizada durante dos meses (entre el 18 de noviembre de 2022 y el 18 de enero de 2023) recogía el testimonio de organizaciones y colectivos involucrados en la lucha antirracista  y situados en todo el territorio. La inmensa mayoría de estas organizaciones daban fe de la pervivencia en la discriminación basada en la raza en las actuaciones de las fuerzas de seguridad públicas. En concreto, el 97% refrendaban la persistencia de las paradas por perfil racial: casi la mitad habían recibido quejas por parte de personas afectadas por este tipo de prácticas, algo más de un tercio (35%) afirmaba que personas integrantes del colectivo habían sido testigos directos de tales prácticas, y un 8% tenía constancia de que alguien cercano las había vivido. 

Desde RIS señalan que un análisis compartido por las organizaciones participantes, es la dificultad de hacer un seguimiento de estas prácticas racistas, dada la ausencia de datos que registren la raza o etnia de las personas interpeladas por los cuerpos policiales, impidiendo una valoración clara de la magnitud de este problema,y la formulación de políticas en torno es estos datos. En todo caso la abundancia de testimonios, recuerdan, demuestran que se trata de una problemática extendida.

RIS estipula que el “perfil” con más riesgo de sufrir paradas e identificaciones por parte de la policía corresponde a hombres percibidos como “magrebíes, negros, latinos y gitanos” de 16 a 40 años

Desde la información aportada por las organizaciones, RIS estipula que el “perfil” con más riesgo de sufrir paradas e identificaciones por parte de la policía corresponde a hombres percibidos como “magrebíes, negros, latinos y gitanos” de 16 a 40 años. La organización destaca el sesgo de género en lo referente a esta práctica discriminatoria, mucho menos frecuente para las mujeres. La encuesta también marca los principales espacios donde se dan estas paradas: cualquier espacio público puede ser un lugar de riesgo para las personas que cumplen con ese “perfil” más común, en especial el entorno de los medios de transporte. Los datos también señalan a los barrios con mayor presencia migrante como espacios donde se dan con recurrencia estas paradas. La policía nacional es la fuerza más señalada por estas acciones.

La encuesta presentada plantea una serie de medidas para dar respuesta a esta problemática que afecta al derecho a la ciudad de las personas y vulnera el principio de igualdad. Son tres las propuestas concretas que apoyan las organizaciones: un reconocimiento explícito por parte de las instituciones de que existen controles policiales basados en criterios raciales; que se creen mecanismos independientes de control que fiscalicen la acción de los cuerpos policiales; y la implementación de formularios que permitan recoger datos desglosados por raza y etnia en las paradas y detenciones.

“Un problema endémico”

En el documento que acompaña los resultados de la encuesta, la RIS recorre los antecedentes que ubican a España como un estado cuyas fuerzas policiales incurren en prácticas discriminatorias en sus actuaciones hacia la población. De hecho el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes para las Naciones Unidas (ONU), recuerdan en el informe, calificó las prácticas de perfilamiento racial como un “problema endémico” en el Estado español, tras su visita en 2018. Desde Europa, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, son otras de las entidades que han mostrado su alarma por la generalización de esta práctica. 

En lo referente a la demanda de recogida de datos desglosados que incluyan raza o etnia de las personas paradas e identificadas, las organizaciones respaldan esta propuesta en la posición de numerosos organismos internacionales que consideran este tipo de estadísticas como fundamentales para enfrentar prácticas de discriminación institucional.  “Es el caso del Relator Especial de la ONU sobre el Racismo, de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, enumeran en el informe. 

A falta de este tipo de información oficial, son varias las organizaciones de la sociedad civil y la universidad las que ha querido mostrar, a través de diversas investigaciones, el alcance de este fenómeno. La propia RIS publicaba en 2019 un informe en el que daba cuenta de las consecuencias de estas prácticas discriminatorias entre las personas que las sufren. La apertura de un procedimiento de expulsión, consecuencias psicosociales como el sentimiento de vergüenza, humillación, impotencia o miedo, perjuicios económicos por la pérdida de tiempo y las dificultades para trabajar están entre los efectos que generan estas prácticas. Además, desde RIS denuncian que en 7 de cada 10 casos denunciados por perfilamiento racial, la parada o identificación fue la antesala de una ulterior vulneración de derechos.

Desde RIS señalan las consecuencias sociales de las paradas por perfil racial: por un lado se refuerzan los estereotipos criminalizadores de algunos colectivos específicos, por otro lado se crea en estos colectivos desconfianza en las instituciones

Más allá de las consecuencias concretas en las personas que viven estas identificaciones, en el informe se recuerdan las consecuencias sociales de estas discriminaciones: por un lado se refuerzan los estereotipos criminalizadores de algunos colectivos específicos, por otro lado se crea en estos colectivos desconfianza en las instituciones. Las paradas por perfil racial también tienen efectos expulsivos desplazando a la gente afectada hacia las periferias. A parte del espacio público, los controles de carretera, los locales regentados por estas personas, o los centros de servicios sociales también son señalados como espacios donde se repiten estas prácticas.

Otra de las problemáticas destacadas en la encuesta es la infradenuncia de las paradas por parte de las personas afectadas, en gran medida fruto de la desconfianza hacia las instituciones, la circunstancia de estar en situación irregular, o el desconocimiento de que las paradas implican una vulneración de derechos. La inversión de la carga de la prueba, que obliga a las personas a mostrar que han sido víctimas de discriminación dificulta aún más que se denuncie, pues no es fácil demostrar este tipo de vulneraciones.

En cuanto a la propuesta de introducir formularios que incluyan información desglosada, el documento recuerda el antecedente del Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE), fichas policiales que incluyen información sobre las identificaciones y las personas afectadas. El mecanismo se introdujo en 2007 en la policía municipal de Fuenlabrada, replicándose después en otras ciudades, sin embargo, con los años, ha caído en desuso. Esta herramienta permite relevar datos importantes sobre la discriminación en las paradas, al tiempo que obliga a los agentes a justificar sus acciones, lo que tiene como resultado disminuir estas prácticas.

Este material se comparte con autorización de El Salto