Sin una política de Estado en materia de educación que garantice su acceso como un derecho humano y no como un servicio, el gobierno federal condenará año con año a que miles de jóvenes se queden fuera de las aulas, afirmaron integrantes de los movimientos de aspirantes no aceptados de la educación media superior y superior. Señalaron que al concluir el pasado martes la negociación con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de universidades federales para incrementar los espacios educativos, fue evidente que enfrentamos un problema que no se limita al incremento de la cobertura, se trata de reflexionar qué sistema educativo tenemos y cuál es la sociedad que realmente queremos formar. Atzelbi Hernández, integrante del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), afirmó que nos preocupa que el secretario José Ángel Córdova Villalobos afirme que para quienes no ingresaron a la educación media o superior habrá una oportunidad el próximo año, porque eso refleja que no hay una comprensión clara de que no es un problema sólo de falta de espacios. Indicó que en la mesa de negociación con autoridades de la SEP se hizo un reconocimiento a las esfuerzos que realizan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional para incrementar los espacios, pero subrayamos que en tanto no se ataquen los problemas de fondo que genera la falta de espacios educativos, poco o nada podemos avanzar en una solución real. Por ello, insistió en que es preocupante que se diga que el año que entra habrá una nueva oportunidad, cuando el gobierno saliente no dejo un cimiento, un camino para iniciar el proceso que nos permita alcanzar una respuesta definitiva. No queremos que nos condenen a salir cada año a las calles a exigir que nos respeten nuestro derecho a la educación.

En el acuerdo, suscrito el pasado 14 de agosto, por los movimientos de aspirantes, así como representantes de las universidades públicas y la Subsecretaría de Educación Superior, se expone la necesidad de ampliar la reflexión sobre temas prioritarios de la educación de acuerdo con el marco constitucional vigente. Además, se señala que las instituciones se comprometen, en apego a su legislación, a buscar mecanismos amplios e incluyentes para su análisis.

Hernández destacó que si bien se acordó que los aspirantes que no lograron ingresar a la UNAM puedan cursar su primer año en instituciones incorporadas a la máxima casa de estudios, y luego solicitar su cambio en el tercer semestre, resulta preocupante que sea en universidades privadas adonde se remita a los jóvenes, y no a universidades públicas, porque esa no es una solución de fondo.

Explicó que en el caso del IPN los aspirantes que opten por cursar su primer año en una casa de estudios privada, pero incorporada al Politécnico, sí deberán volver a presentar el examen de acceso, pero no compiten con los más de 90 mil aspirantes de primero ingreso. Agregó que otro avance fue el que este año participó en el acuerdo la UPN, que abrió sus puertas a decenas de aspirantes para que ingresen a sus aulas, y puedan hacer cambio de carrera dentro de un año.

Sin embargo, puntualizó que no habra una solución definitiva a las demandas de miles de jóvenes que quieren estudiar y no tienen un lugar si no revisamos con una visión crítica el modelo educativo actual.