Foto: Los derechos humanos deben ser vistos desde la perspectiva de la integralidad (Tomada de revista IBERO)

Paulina es tseltal. Nació en la Ciudad de México. Su padre migró en los noventa, hace casi 33 años, cuando tenía cuatro años. Su abuelo fue cargador en el mercado de la Merced. Su padre estudió la primaria y fue la primera generación de su familia en tener un certificado. Se casó con la mamá de Paulina (Manuela) en Chiapas, en una comunidad del municipio de Chilón. Manuela aprendió a hablar castilla en la capital del país, por necesidad; no sabe ni leer ni escribir, porque no había dónde aprender.

La secundaria fue un enorme reto para Paulina, porque además debía vender artesanías en la Alameda Central. Después de concluirla, empezó a trabajar en una casa por el rumbo de la Lagunilla, donde laboraba más de once horas diarias por un salario de 130 pesos y una comida al día. Cerca del 25% se le iba en transporte.

Luego encontró trabajo en una fábrica de uniformes médicos como costurera. Trabaja nueve horas y media, con media hora para comer; no tiene contrato. Sin embargo, está afiliada a un sindicato de la CTM. Lo sabe porque en la boleta de pago cada quincena ve cómo le reducen un porcentaje cercano al 10% por cuota sindical. Su primera pregunta cuando la conocí fue: “¿Qué es sindicato?”.

Paulina percibe 156 pesos al día por coser nueve horas y media la pretina con resortes de los pantalones. No tiene seguridad social. Le dijeron que por las características de su contrato no puede tener seguridad social. No tendrá, entonces, vacaciones, aguinaldo, utilidades, ni pensión en el futuro.

En marzo, cuando empezó el confinamiento nacional por la pandemia de COVID-19, le dijeron que, por su seguridad y salud, la debían “descansar”, obviamente sin salario.

Paulina, junto con otros miembros de su familia, contribuye al pago de la renta por una vivienda de tres habitaciones (donde viven catorce personas) y los alimentos de la canasta básica (porque con el pago de transporte queda poco para comer) y los servicios como agua y luz. Cocinan con leña, porque el gas es un lujo que no se pueden dar.

La situación en México antes de la pandemia

México vive una grave crisis en materia de derechos humanos, que no empezó ayer. Tiene décadas construyéndose con ahínco, gobierno tras gobierno. Durante la dictadura perfecta, el férreo control de los medios de comunicación ocultó no sólo las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la detención arbitraria de miles de jóvenes entre 1968 y 1972, sino las graves violaciones que continuaron contra líderes sociales, con masacres comunitarias, con miles de desapariciones forzadas. Pero esos días eran “soleados”, según la inolvidable y cínica frase de Jacobo Zabludovsky al día siguiente de la matanza estudiantil de 1968.

Con la alternancia política en el 2000, la crisis se agudizó. Entró un actor no previsto a ocupar los reflectores, y la delincuencia organizada agravó la crisis existente, con violencia exacerbada: delitos de alto impacto, como secuestro, trata de personas con diversos fines, cobros de piso, piratería, infiltrándose e instalándose todo ello en las cúpulas del poder público.

El discurso perverso del Estado, repetido al infinito por los medios, ya no controlados sino ahora cómplices, generó en la opinión pública la creencia de que quienes sufrían violaciones graves a los derechos humanos era porque estaban de alguna manera relacionados con la delincuencia organizada. Lo anterior volvió permisivo, en la actuación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las violaciones graves a los derechos humanos.

Las personas que se dedican al periodismo independiente corren más peligro en México que en Irak o Siria, lo cual ilustra un hecho terrible, pues las cifras en México son las de un país en guerra, como dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, durante su visita a México en 2019.

Y eso que vivimos en democracia. O, más exactamente, en la simulación de una democracia.

En junio de 2011 tuvimos la reforma estructural en materia de derechos humanos. El artículo 1° constitucional se volvió poderoso, en el papel. Se redactó de manera perfecta estableciendo las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo a los principios de los mismos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, incorporando el principio pro persona y la interpretación conforme a los tratados internacionales en la materia que se colocaron al nivel jerárquico de la Constitución.

Pero la pandemia desnudó la simulación del Estado mexicano

A la grave crisis de los derechos civiles y políticos, debemos sumar la grave crisis de los derechos económicos, sociales y culturales.

Paulina es una más entre los millones de personas que viven en pobreza, sin acceso a un nivel adecuado de vida, que apenas alcanza el mínimo vital. ¿Pero cómo lo alcanza? ¿Con qué estándares?

Lo hace con un trabajo precarizado, que no es trabajo decente porque no le proporciona el acceso al desarrollo de sus capacidades, ni mucho menos al bienestar. Su empleo no contribuye al progreso social y económico. El trabajo de Paulina, al contrario, tiene condiciones análogas a la esclavitud y esa es hoy la oferta laboral para millones de personas en México. Considerada mano de obra barata, Paulina, como cientos de miles, espera formada una oportunidad de emplearse, aunque sea de esta manera.

La vivienda, si podemos llamarle vivienda, ¿con que estándares?, ¿los del Estado?: 49 metros cuadrados, al que tienen acceso sólo quienes cuentan con seguridad social. La educación, está sostenida con alfileres. Miles de niños y niñas enfrentan la vida desde aulas multigrado en condiciones de alta marginación y discriminación. Hoy no podrán ser parte de la educación televisada, porque en sus comunidades no hay ni luz ni tele, mucho menos computadoras e internet.

Los derechos humanos deben ser vistos desde la perspectiva de la integralidad, repite una y otra vez la Corte Interamericana, que no ha logrado que México tenga políticas públicas con enfoque de derechos con perspectiva de género.

Las políticas públicas en México no tienen acceso universal, no entienden la interdependencia de los derechos humanos, mucho menos de progresividad.

Los políticos y la política en México no entienden que no entienden de políticas públicas. El asistencialismo no tiene enfoque de derechos porque no forma en autonomía, sino que (de)forma en dependencia.

El Estado mexicano no entiende lo que significa promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No cumple ninguna de estas obligaciones. Simula que entiende y simula que hace.

La pandemia no provocó las múltiples violaciones a los derechos humanos, pero sí desnudó la grave crisis en materia de derechos humanos que existe en este país, desde hace décadas. Las cifras de marginación y pobreza, en aumento exponencial, hablan por sí solas.

La discriminación y el racismo que vive Paulina todos los días nos hablan de ese México desigual y discriminador: diez mujeres asesinadas por ser mujeres todos los días, violencia sexual en la calle, en la casa, violencia económica, patrimonial, laboral, política e institucional, que nos recuerda día a día que ser mujer en México es vivir en peligro.

Paulina levanta la mano y señala que además de ser mujer, ser joven, ser indígena, ser migrante, ser pobre, la colocan en mayor riesgo.

Esta terrible realidad no la trajo la pandemia, pero estaba ahí, sin duda, esperando ser nombrada.

*Desde 2015 colabora con la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, en el diseño metodológico y de contenido, y en la coordinación e impartición de diplomados en derechos humanos en la Dirección de Educación Continua

Este material se comparte con autorización de la IBERO