Foto: Un grupo de palestinos alrededor de los restos de una casa, destruida por el Ejército israelí. REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
En su carrera contrareloj para destruir cualquier atisbo de esperanza o de justicia en el conflicto israelo-palestino, la Administración Trump ha decidido, en una de las decisiones más irracionales que cabía esperar, normalizar la existencia de los asentamientos israelíes en Cisjordania. A partir de ahora, las colonias no están violando a ojos de Washington la legalidad internacional, pese a la resolución del Consejo de Seguridad 2334 que en 2016 consideraba una “flagrante violación” de la ley internacional los asentamientos donde residen 600.000 colonos en tierras palestinas. También supone un revés para la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a las potencias ocupantes el movimiento de su población hacia tierras ocupadas.
Para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la lectura es muy distinta: Washington ha enderezado un «error histórico» y aceptado la «realidad sobre el terreno» de su ocupación. No se recuerda una decisión tan drástica ni tan unilateral desde la declaración de la ciudad ocupada/dividida de Jerusalén como capital del Estado hebreo, el mismo que se formó sobre las entrañas de Palestina, o el reconocimiento por parte norteamericana de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, situados en Siria y declarados “territorio ocupado” por la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Día a día, paso a paso, la Administración Trump revierte setenta años de sanciones y resoluciones internacionales para legalizar una ocupación de libro, un apartheid consumado ante la impotencia o la indiferencia de un Occidente que nunca quiso imponer soluciones al pueblo judío, símbolo de las víctimas del Holocausto, pese a la profunda injusticia hacia los palestinos. La consternación de medio mundo contrasta con la euforia desatada entre los halcones israelíes, decididos a aprovechar el momento para acabar con cualquier aspiración territorial del Estado palestino.
“El pueblo judío tiene el derecho moral y legal de vivir en su antigua patria”, ha afirmado la exministra de Justicia (2015-2019) Ayelet Shaked, mediante el tweet con el que agradecía a Donald Trump y Mike Pompeo un revés histórico a la justicia. “Ahora es el momento de declarar una soberanía total sobre esas comunidades”, pedía Shaked. Lo mismo ha urgido el Consejo Yesha, la entidad que agrupa a los asentamientos en la Cisjordania ocupada, y no sería de extrañar que la decisión estuviera muy próxima, dado que Benjamin Netanyahu ya había prometido en campaña que se anexionaría los asentamientos judíos, arrebatando aún más tierra árabe.
En realidad, la decisión equivale a una vistosa victoria de la política de hechos consumados que lleva aplicando Israel desde 1967. La multiplicación de asentamientos judíos y de población colona en Cisjordania se ha disparado en los últimos años como parte de la política gubernamental para lastrar cualquier decisión internacional de poner fin a semejante forma de ocupación. Si, según la Oficina Central de Estadísticas israelí, en 1999 había 177.000 colonos habitando Cisjordania, la cifra roza hoy en día los 400.000. Para la UNRWA, el número de colonos es bastante mayor, dado que suma no solo las 143 colonias en Cisjordania y las existentes en Jerusalén Este sino también 106 asentamientos oficiosos que ni siquiera gozan de la legalización del Ejecutivo de Tel Aviv. La normalización de esas edificaciones sin permisos es otra medida que se generaliza más, en un intento de apoderarse de más tierra, aunque eso implique la expulsión de población palestina.
Según un informe de la UNRWA, la oficina de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en la “segunda mitad de 2018 el avance de las unidades de vivienda continuó a un nivel sin precedentes. La construcción de más de 7.000 viviendas (4.350 en Cisjordania ocupada y 2.900 en Jerusalén Este) avanzaron en diferentes etapas del proceso de planificación e implementación (mediante licitaciones y planes)”. Eso se explica porque, según la organización israelí Paz Ahora, Netanyahu aprovechó la llegada al poder de Trump para impulsar los asentamientos, que en 2018 habrían aumentado un 9% de media, según la ONG. “[Trump] puede declarar que la noche es día, pero eso no cambia el hecho de que los asentamientos no son solo ilegales según las normas internacionales, también son un enorme obstáculo para la paz y la estabilidad regional”, ha valorado Hagot Ofran, del grupo Peace Now.
Para la población palestina, la noticia no puede ser más devastadora. El negociador Saeb Erekat lo denomina intentar reemplazar la ley internacional por la ley de la jungla. “Los asentamientos en los territorios palestinos, incluida Jerusalén Este, no son solo ilegales según la ley internacional: son crímenes de guerra. Una vez que la Administración de Trump decide socavar la ley internacional, se convierte en una amenaza mayor para la paz y la seguridad mundial”. Nabil Abu Rodeina, portavoz de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, denuncia que “Estados Unidos no está cualificado ni autorizado para negar legitimidad a las resoluciones internacionales”, pero su observación no tiene validez en la era actual, donde las leyes no son más que papel mojado a merced de gobernantes sin escrúpulos especializados en retorcer la realidad hasta convencernos de sus propias mentiras.
Como han mencionado algunos palestinos, esto equivale al funeral de los Acuerdos de Oslo. La orquesta la pone Washington. El momento elegido para el anuncio no parece casual. Coincide que el rival de Netanyahu trata de formar una coalición de Gobierno y que el Tribunal de Justicia europeo acaba de ordenar a sus Estados que “los alimentos originados en los territorios ocupados por el Estado de Israel deben indicar su lugar de origen” para que los consumidores puedan tomar “decisiones informadas” a la hora de hacer la compra. También coincide con un momento turbio para el propio presidente norteamericano, en plena investigación para un potencial proceso deimpeachment, y como destacaba el analista israelí del International Crisis Group, Ofer Zalzberg, en un tweet, “parece un movimiento preventivo ante una inminente sentencia de la Corte Penal Internacional, que se adoptará antes del 2 de diciembre, con respecto a si los asentamientos israelíes equivalen a crímenes de guerra de acuerdo con el derecho internacional”.
El problema ahora no solo es Palestina, sino que, con decisiones arbitrarias en contra de la legalidad internacional, se envía el mensaje de que las normas que con tanto sudor y sangre pactaron las naciones para regir el mundo de la forma más justa posible son maleables, interpretables y susceptibles de ser transgredidas porque, o bien es improbable que se pague por ello, o bien porque siempre puede haber un Gobierno que convierta la transgresión en la nueva norma. La credibilidad de las instituciones internacionales es papel mojado. La ley de la jungla irrumpió en el mundo en 2017, cuando Trump tomó posesión de la presidencia norteamericana. Que luego no le pidan a los pistones libres que gobiernan países sin el mandato de sus ciudadanos que acaten las leyes, porque líderes en teoría legítimos las desdeñan a voluntad.
*Mónica G. Prieto es periodista ‘freelance’. Excorresponsal en Italia, Rusia, Jerusalén, Líbano, Tailandia y China. Autora de ’Siria, el país de las almas rotas’ e ‘Irak, la semilla del odio”.
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Publicado originalmente en La Marea
