Los padres y madres de Ayotzinapa pusieron el dedo en la necesidad de que haya una limpieza de los funcionarios que urdieron la verdad histórica, ya desmentida. Este fue el punto central de la reunión mensual que mantienen con la Procuraduría General de la República (PGR), en la que reciben informes sobre el caso.
La Procuradora Arely Gómez les informó que la PGR ya comenzó el proceso de separación del cargo de los funcionarios bajo sospecha de haber adulterado pruebas del caso, que es lo que los padres han estado solicitando y que fue una de las recomendaciones del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) el que una vez más develó la artera maniobra.
Según explicó Vidulfo Rosales, abogado de los padres y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de la montaña de Guerrero, la única persona que ha sido destituida es la directora general de coordinación de servicios periciales de la PGR, que fue separada del cargo esta semana.
Rosales informó que los abogados de los padres se reunirán en los próximos días con la Visitaduría General de la PGR, que es la Unidad Administrativa que lleva a cabo la investigación a los funcionarios. Entre ellos está siendo investigado Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, quien es el funcionario principal al que los padres señalan, dada su implicación directa en la fabricación de los hallazgos hechos en el Río San Juan, de la localidad de Cocula.
El otro punto que comunicó la Procuradora a los padres en su informe mensual, fue la remoción del Jefe de la Oficina para el Caso Ayotzinapa – Iguala, que ocupaba José Aarón Pérez Carro y fue sustituido por Gilberto Higuera Bernal. El argumento dado por la Procuraduría es que el funcionario fue retirado por problemas de salud.
El otro punto discutido en la reunión fue el de las líneas de investigación que debe seguir la investigación del caso, guiándolas hacia las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos. Una de ellas es el uso de los teléfonos celulares de los muchachos horas después de que la versión oficial sostuviera que habían sido incinerados. La otra es la línea que señala hacia la localidad de Huitzuco, a dónde un testigo señaló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sostiene haber visto el autobús con estudiantes sobre el Puente del Chipotle, que está camino a la localidad mencionada.
“Reclamamos que esas sean las líneas de investigación que se sigan en el caso. Se nos dijo que se está caminando en ese proceso, pero los padres exigimos resultados tangibles. Lo importante de la reunión es el compromiso de la PGR a que se continúen realizando búsquedas de los estudiantes, a las que se incorporará, según se comprometieron, nueva tecnología científica. Pero sobre todo, el compromiso de que se permitirá formar parte de esas búsquedas tanto a los padres de familia como a quienes integramos la coadyuvancia”, señaló Rosales.
“No vemos una investigación avanzando, si ésta no pasa por la sanción y separación del cargo de los servidores públicos señalados” Ese es el punto clave de la investigación que ya lleva 20 meses sin dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, secuestrados el 26 de Septiembre, en un operativo coordinado de las 3 fuerzas policiales así como del 27 Batallón de Iguala, del Ejército Nacional.
foto: Argelia Guerrero Rentería.
