«Tenemos que construir una potente política pública de generación, promoción, sostenimiento y propaganda de mercados populares y otros dispositivos que sirvan de nexo entre productores y consumidores. Y que sean canales de articulación directa que permitan una mejor calidad alimentaria y, por lo tanto, de vida de las grandes masas populares y un mejor reconocimiento salarial del trabajo de cada productor/a».
“Ideas para recuperar el derecho a comer”. Así se titula una nota de la Agencia Paco Urondo en la que Enrique Martínez nos invita a reflexionar sobre la necesaria desconcentración y desmonopolización de la distribución y la comercialización de alimentos. Mientras tanto, Eduardo Cerdá, quién suena como posible director Nacional de Agroecología del Ministerio de Agricultura de la Nación, nos convoca a pensar, desde un artículo en el portal El cohete a la luna, en otra agricultura que no se base en el uso de agrotóxicos sino en los principios de la Agroecología.
En un contexto nacional y global de crisis social y ecológica, queremos realizar un pequeño aporte a estas necesarias reflexiones desde nuestras prácticas cotidianas de trabajo en la economía popular. Entendemos que ambas cuestiones que traen Cerdá y Martínez están estrechamente relacionadas y consideramos que sería una tarea incompleta avanzar en un sentido sin avanzar en el otro.
La consigna, más o menos general, sería: construir nuevos escenarios y dinámicas de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos que escapen a las lógicas del capitalismo que hacen de la comida una mercancía como cualquier otra.
Es un desafío muy grande, que puede tener distintos momentos y distintas profundidades en su alcance. Será compartido por algunos sectores, por otros no tanto y habrá quienes directamente se opongan. Hoy es un debate que va entrando progresivamente en la agenda pública. Las organizaciones que nuclean a las familias pequeño-productoras, campesinas, indígenas vienen empujándolo cada vez con mayor potencia y construir los nuevos escenarios es un paso que ya vienen dando.
Se han construido redes de comercialización sin intermediarios, la mayoría de las veces de manera autogestiva, que permiten una remuneración justa para quien produce y un precio accesible para quien consume. A la vez, se avanza en la producción desde una perspectiva agroecológica, reemplazando agrotóxicos por abonos y fertilizantes biológicos de fácil preparación, diversificando la producción, aprovechando los ciclos de la naturaleza para manejar plagas y enfermedades, recuperando saberes locales, conservando y multiplicando las semillas criollas y promoviendo el cooperativismo entre productores.
Es que, si la distribución y comercialización de alimentos está hiperconcentrada, la provisión de semillas y agrotóxicos lo está tanto o más. No abordar en conjunto estos bloqueos a la democratización de los sistemas alimentarios es un camino de éxito improbable.
Sin embargo, sería un error esconder las limitaciones y simular extraordinarias potencialidades. Por el momento, estos intentos han mostrado el camino pero parecen acercarse más a las posibilidades de los sectores medios urbanos que a las necesidades de los sectores populares. Para que eso cambie, se requiere “otra espalda”, que podemos llamarla Estado. Pero tampoco es tarea sencilla construir políticas de largo alcance.
Las ferias que se vienen realizando en el marco de las entregas de las Tarjetas Alimentarias son, por ahora, más un discurso político que una fortaleza efectiva. En algunos lugares han funcionado mejor que en otros, pero siguen teniendo la limitación de estar enmarcadas en un plano de competencia con monstruos gigantes: las grandes cadenas de supermercados.
Donde mejor han funcionado es donde existían esas experiencias populares y autogestivas a las que hacíamos referencia. Allí se ha podido articular la oferta de alimentos provenientes de organizaciones de la economía popular con un precio accesible para los destinatarios de la tarjeta (como es el caso de la Canasta Alimentar en Concordia; aunque la inmensa mayoría de las compras se sigue realizando en el mercado convencional).
En el plano de la comercialización y el consumo hoy, tal y como están organizadas las cosas, las familias más empobrecidas de nuestro país van a poder comer más y probablemente mejor. Pero la enorme mayoría de esos recursos que el Estado destina a un fin muy loable termina fortaleciendo una estructura ampliamente desigual y que parece inamovible.
Tenemos que construir una potente política pública de generación, promoción, sostenimiento y propaganda de mercados populares y otros dispositivos que sirvan de nexo entre productores y consumidores. Y que sean canales de articulación directa que permitan una mejor calidad alimentaria y, por lo tanto, de vida de las grandes masas populares y un mejor reconocimiento salarial del trabajo de cada productor/a.
El andamiaje es más amplio porque también tendremos que pensar en la promoción de la agroecología en todo el territorio nacional. Es necesario avanzar en la construcción de un Plan Nacional de Agroecología que contemple aspectos técnicos y productivos, culturales, socioeconómicos y políticos. Este Plan debe fortalecer los procesos territoriales con participación activa de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, así como la investigación y extensión agroecológica en universidades y organismos públicos.
Será clave, al mismo tiempo, proteger los cinturones hortícolas y otros territorios productivos del avance del negocio inmobiliario y el agronegocio, como de otras actividades extractivas; garantizar el acceso a la tierra y al hábitat rural (y también urbano); construir infraestructura rural y acceso a los servicios básicos y un sinfín de etcéteras.
Como dijeron muchas veces varies voceres del gobierno: hay que poner en marcha la economía y tiene que ser con la Economía Popular, las cooperativas y las PyMES como pilar fundamental. Pero ese es solo el principio; hay que animarse a poner un horizonte para seguir andando. Es necesario.
Fuente: Notas, periodismo popular
