Ciudad de México | Desinformémonos. El Juzgado Primero de Distrito en Mérida, Yucatán, otorgó una nueva suspensión provisional de cualquier actividad relacionada con la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad para el tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo.

La suspensión fue otorgada a la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con sede en Cancún, por la falta de permisos ambientales.

“Se concede a DMAS AC la suspensión provisional para el efecto de que Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación –en la ejecución material– de la construcción del Tramo 5 del proyecto Tren Maya”, se lee en la notificación de la admisión del amparo.

DMAS interpuso el amparo por la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución, que versan sobre el cumplimiento del debido proceso, y al artículo 4, que establece el derecho a un medio ambiente sano.

Al mismo tiempo, el mismo Juzgado Primero otorgó a un grupo de ciudadanos la suspensión provisional del tramo 5 Sur del megaproyecto por realizar el desmonte y tala de la selva media sin estudios ni autorizaciones ambientales.

Este lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre la construcción del Tren Maya aún se encuentra en proceso, tal como han denunciado las comunidades mayas y ambientalistas, activistas y expertos. De acuerdo con el general Gustavo Vallejo Suárez, la Sedena apenas está trabajando en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), así como con autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno, para “dar cumplmiento a la normatividad en materia ambiental”.

Por su parte, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, precisó que sólo los tramos 2 y 3 del Tren Maya cuentan con la MIA definitiva, mientras que los otros tramos se tienen permisos provisionales “sustentados” en el decreto presidencial del 22 de noviembre de 2021, con el que se blindaron los megaproyectos del gobierno federal.