Ciudad de México | Desinformémonos. De los 38 indígenas que fueron acusados de robo, privación de la libertad y ataques a las vías generales de comunicación el pasado 4 de abril, 37 fueron puestos en libertad condicional por el juez de Control en Arantepacua, Michoacán, donde la policía asesinó a cuatro comuneros durante un operativo policial de la Secretaría de Seguridad Pública el miércoles.

El juez de Control dictaminó medidas cautelares para los 37 indígenas que continuarán su proceso, entre las que se encuentran no salir de su lugar de origen, evitar asistir a manifestaciones o actos que afecten a terceros y acudir periódicamente a firmar ante la autoridad respectiva, aunque no les fijó ninguna multa.

A quien no fue liberado se le trasladó al penal “David Franco Rodríguez”, conocido como “Mil Cumbres”, ubicado en el municipio de Charo. De acuerdo con el juez, hay elementos suficientes elementos para evidenciar que los indígenas son “probables responsables” de los hechos, particularmente del ataque a las vías generales y la privación de la libertad.

Los 38 comunitarios fueron detenidos en la ciudad de Morelia por el “supuesto robo de un autobús” que fue aprehendido por un operativo policial a la altura de la zona comercial de La Huerta.

En cuanto a los balazos, el gobierno de Silvano Aureoles aseguró que “la gente atacó a balazos a los policías, dejando un saldo de dos muertos”, a lo que el magisterio, estudiantes normalistas, pobladores y diversas organizaciones sociales afirman que fue lo contrario. “Se metieron a las casas y los mataron”, y utilizaron gases lacrimógenos y armas de fuego, señalaron los pobladores.

El jueves, el pueblo de Michoacán se manifestó con un bloqueo en la carretera Arantepacua-Nahuatzin, en donde retuvieron algunos vehículos, con el fin de presionar para la liberación de los comuneros. Otro contingente de pobladores viajó a la ciudad de Morelia para conocer la situación jurídica de los detenidos, de los cuales sólo uno está detenido en un penal.